Las elecciones de En Marea, en el aire al anularlas un comité y validarlas otro
01 dic 2018 . Actualizado a las 13:48 h.La convulsa campaña para las primarias de En Marea se cerró ayer con una guerra interna que deja en el aire el proceso electoral del que debería salir la dirección del partido y en el que se enfrentaban Luís Villares y David Bruzos.
El comité de garantías, que vela por la transparencia, anunció por sorpresa ayer, a última hora de la tarde, su paralización al detectarse presuntas irregularidades en el censo, por lo que encargaron dos auditorías. Tras su decisión, comunicaron a los inscritos que hasta que se tuviese el resultado de esos informes no se podían celebrar las elecciones.
Pero una hora después, el comité electoral, responsable de todos los trámites de las elecciones, emitió un comunicado en el que desautorizaba al de garantías diciendo que no tenía competencias para tomar esa decisión y anunció que el proceso seguía adelante, por lo que requería a la coordinadora (actual dirección de En Marea) para que comunicara «ás persoas inscritas en En Marea» que el proceso electoral «continúa co calendario previsto e aprobado no plenario de En Marea o 27 de outubro do 2018».
El responsable del censo denunció que se le había bloqueado el acceso a los datos
Los acontecimientos siguieron de la siguiente forma: ayer, Villares y Bruzos se disponían a cerrar la campaña electoral para que, entre hoy y el lunes, los inscritos pudiesen votar. Por la mañana, en un debate entre los dos candidatos en la Radio Galega, Villares ya había anunciado su malestar porque en las papeletas electrónicas no figuraban los nombres de los 35 miembros de cada lista, lo que obligaba a los inscritos a votar guiándose solo por el nombre de las candidaturas: Coidando a Casa, la de Villares, y Entre Todas, la de Bruzos. El candidato de los críticos se comprometió a comunicarlo al comité electoral para que se corrigiese, y Villares manifestó su intención de denunciarlo ante el comité de garantías.
Auditoría del censo
Así las cosas, a las ocho de la tarde el comité de garantías convocó una rueda de prensa para anunciar la paralización de las elecciones a fin de «completar unha auditoría do censo». Sus miembros, Adrián Acción, Chema García y Manuel Nogueira, explicaron que ya el martes 27 se había aprobado una suspensión cautelar porque la persona responsable del censo ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es Gonzalo Rodríguez, miembro de la coordinadora, no había podido acceder a la plataforma -a la que solo él debería tener acceso- entre la noche del domingo y el lunes, en torno a 24 horas. Se acordó entonces encargar dos auditorías, una interna y otra externa. Como los resultados de esos informes todavía se desconocen, decidieron ayer aplazar el proceso electoral.
A esa supuesta irregularidad se sumaron otras cuestiones que no garantizaban la transparencia del proceso, como la imposibilidad de incluir los nombres de los miembros de las listas en la papeleta digital o el hecho de que una parte de los inscritos no supiesen cuáles eran los locales de votación mientras que a otros sí se les habían comunicado.
El comité de garantías fue cauto en su exposición de los hechos y no quiso acusar a nadie: «Eu non dubido de ningún compañeiro», dijo Manuel Noriega, quien sí aludió a ciertas improvisaciones y errores derivados de que el comité electoral «constituíuse tarde, dúas semanas despois do plenario», aunque desconocía los motivos. Añadieron, eso sí, que querían convocar de nuevo las elecciones «canto antes», en cuanto se tengan los resultados de las auditorías.
Vuelta de tuerca
Informado de esa decisión, el comité electoral, que fue nombrado en el polémico plenario celebrado el mes pasado, emitió un comunicado en el que, como órgano que regula el proceso de elecciones internas en En Marea, decía que la competencia exclusiva del proceso electoral era suya, «non correspondéndolle á comisión de garantías competencia ningunha que implique a súa suspensión». Y por lo tanto dictaminó «a continuidade do proceso de eleccións internas».
Así las cosas, las elecciones están en el aire, y al margen de si los críticos votan o no, el proceso está ya de por sí desvirtuado.
Los afines a Villares sospechan que se manipuló el censo y los de Bruzos creen que hubo pucherazo
A la espera de que se aclaren las dudas sobre qué comité tiene competencias a la hora de suspender o no unas elecciones internas, no cabe duda de que tras lo ocurrido se esconden sospechas mutuas de los dos bandos de En Marea sobre los métodos empleados en el proceso. Y si bien ninguno se pronunció ayer abiertamente sobre lo ocurrido a última hora, lo cierto es que los afines a Villares temen que se haya manipulado el censo en esas horas en las que el responsable oficial no tuvo acceso a los datos, mientras que el sector crítico habla de pucherazo y cree que todo es una maniobra de la actual dirección para ganar tiempo.
Las disputas empezaron incluso antes del plenario, cuando el sector crítico pidió que se ampliase el período de inscripción del censo, que debería finalizar el mismo día de la asamblea del pasado 27 de octubre. Tras un debate crispado en el que los críticos, que eran mayoría, lograron que entraran y votaran personas que no estaban inscritas, se amplió el período de inscripción en el censo hasta el día de la presentación de candidaturas, lo que se tradujo en unas 1.500 personas más con derecho a voto.
Pero la guerra interna se fue enlodando: la coordinadora desveló que había diputados -los de Podemos y dos más- que no donaban la parte correspondiente al partido, y Villares denunció ayer la no inclusión de los miembros de las candidaturas en las papeletas y el desconocimiento por parte de algunos inscritos de los lugares de votación, mientras que a otros sí se les había hecho llegar esa información.
Los villaristas sospechan de la parcialidad del comité electoral y los de Bruzos no comparten la decisión tomada por el comité de garantías. Y saber si hoy se podrá votar o no es una incógnita más en medio de tanta marejada.