La AP-1 queda libre de peaje y pone aún más en evidencia el agravio de la AP-9

Autopistas de la misma generación, una pasa a ser gratuita y otra sigue subiendo

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AP-1, la autopista libre Algunos conductores inmortalizaron el momento: tras cuatro décadas , la autopista levantaba sus barreras

redacción / la voz

Los usuarios de la AP-1 (entre Burgos y Armiñón, Álava), una autopista de la misma generación que la AP-9, pueden estar contentos. Desde la medianoche de hoy pasarán por las barreras de peaje sin pagar, gracias a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no prorrogar la concesión de este vial y la de otros dos -la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y la AP-7 entre Tarragona y Alicante- cuyo régimen concesional caduca este año.

La alegría de los automovilistas y transportistas que viajan por esta autopista contrasta con la carga que soportan los usuarios de la autopista del Atlántico, que vieron cómo en octubre aumentó otro 2 % el precio de sus peajes para sufragar las obras en Rande, Santiago y Sigüeiro, así como los viajes gratuitos de vuelta entre Vigo y Pontevedra. En enero volverán a sufrir una nueva subida después de que durante el 2018 se encarecieran los precios un 8 %. La liberación del peaje en la primera de las tres autopistas de la misma generación que la gallega pone aún más en evidencia el agravio de la AP-9, una vía crucial para la movilidad de los gallegos en la dorsal atlántica, la zona más dinámica económicamente de la comunidad.

La AP-1 se convierte en una autopista libre tras 44 años en manos de Itínere y es la primera de las que son titularidad del Estado que experimenta esta evolución. «Es una fecha importante porque por primera vez en la historia un Gobierno de España da el paso y decide levantar los peajes al final del plazo de concesión», celebró ayer en una nota de prensa el Ministerio de Fomento, que, paradójicamente, ha lanzado un debate sobre la posibilidad de pagar por el uso de las autovías gratuitas que se sustanciará en una subcomisión del Congreso. La autopista gallega, en cambio, será la única de las de primera generación con 75 años de concesión, por lo que será de pago hasta agosto del 2048 si no hay una decisión política para rescatarla, como reclaman algunas formaciones políticas.

Del mantenimiento de la AP-1 se seguirá encargando el grupo Itínere, después de que le fuera adjudicado este contrato por parte de Fomento mediante un procedimiento de urgencia. Y lo hará hasta que se tramite otra adjudicación por la vía de contratación habitual, un período que el ministerio calcula que durará unos seis meses. Su construcción fue adjudicada en 1974 -un año después que la AP-9- y se abrió al tráfico en 1978. El recorrido completo de los 84 kilómetros costaba 12,25 euros a los vehículos ligeros y entre 13,20 y 25,30 a los pesados.

El anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció en su momento que no se prorrogaría la concesión de las tres autopistas en las que caducaba -la AP-4 y la AP-7 ocurrirá el próximo 31 de diciembre-, pero no aclaró si se iban a relicitar o pasaban a ser gratuitas. El actual ministro, el socialista José Luis Ábalos, se comprometió a levantar los peajes de todas las autopistas cuya concesión venciera en esta legislatura.

Esta situación deriva en una España a dos velocidades, con autopistas que vieron aumentada su concesión por distintos motivos -principalmente, obras de ampliación- y que tardarán más en convertirse en gratuitas.

El Gobierno cede al País Vasco los seis kilómetros del vial en su territorio

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que se traspasa al País Vasco la titularidad de los últimos seis kilómetros de la AP-1, los que discurren íntegramente por esa comunidad autónoma. En pleno debate sobre la transferencia de la AP-9 a la Xunta, que al menos ahora será discutida en el Congreso, el Gobierno central y el vasco llegaron a un acuerdo para la cesión en el marco de la comisión mixta de transferencias, una vez que la vía de alta capacidad queda libre de peaje. Pero en realidad es el Estatuto de Guernica el que marca las decisiones políticas en este ámbito, pues establece en su artículo 10.34 que la competencia en materia de carreteras corresponde a las diputaciones forales. Es decir, ni siquiera el Gobierno vasco decide sobre la política de infraestructuras viarias del país, sino los denominados territorios históricos.

Tramo descatalogado

Así, el tramo de seis kilómetros que acaba de ser liberado de tasas y transferido será gestionado a partir de ahora por la Diputación Foral de Álava. El real decreto aprobado ayer descataloga este tramo de la red de interés general, precisamente lo que reclaman para la AP-9 la Xunta y todos los partidos políticos gallegos con representación parlamentaria.

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