La Audiencia Nacional cree incompleto el sumario de los Boyacos y podría anularlo

Las diligencias policiales no incluyen el traslado de un alijo de Colombia a EE.UU.


VIGO / LA VOZ

La operación Terrón dejó para el recuerdo una espectacular investigación a tres bandas entre España, Colombia y EE. UU. que implicó el desmantelamiento, ya en Galicia, del cartel de los Boyacos. «Uno de los que mayor producción de cocaína realiza en estos momentos contando con el amparo de varios grupos paramilitares, que garantizan la protección de la cocaína en sus laboratorios», relataba a mediados del 2016 la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. -en inglés, Drug Enforcement Administration (DEA)- a sus colegas en España. La estrategia se llevó con todo el sigilo del mundo y salió según lo pactado: caer sobre los narcos en su país, Colombia, detenerlos y transportar en avión las dos toneladas de droga a Florida, concretamente a Tampa. Luego, ya desde Miami, la remesa voló a Madrid para, tras viajar en furgones policiales a las Rías Baixas, entregársela en Vigo y Padrón a la rama desplazada de los Boyacos sin que sospechasen nada.

El 4 de marzo del 2017, en A Coruña, fue la puesta de largo del alijo. Mandos policiales presentaron los fardos en el interior de una furgoneta pero no detallaron lo sustancial del caso. La investigación, que supuso un éxito policial anclado en la colaboración internacional, fue ejecutada por el Juzgado de Instrucción número 4 en Vigo, la Fiscalía Antidroga de Pontevedra y el Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco) en Galicia. El procedimiento voló hace medio año a la Audiencia Nacional, aunque desde entonces poco o nada se avanzó en la instrucción recibida. La última y reciente novedad pasa por la declaración de causa compleja, lo que alargará aún más los plazos de instrucción.

El origen de este escenario judicial se motiva por las dudas que el operativo genera a los magistrados en Madrid. Y es que el sumario no incluye de forma documentada de qué manera se requisó la droga en Colombia y cómo fue su posterior traslado, primero a Tampa y luego a Miami. Dicha documentación está en manos de la policía y la judicatura de Colombia y EE.UU. Las diligencias españolas arrancan, ya en Florida, con la entrega del alijo a la Policía Nacional y el inicio del tramo final de la cadena de custodia en vuelo comercial de Iberia al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para acabar en las Rías Baixas.

La Audiencia Nacional, para aclarar las dudas que podrían derivar en la nulidad del proceso, solicitó información a sus compañeros de carrera en el país cafetero para conocer los detalles de la aprehensión allí y su posterior traslado en avión a EE. UU. La realidad es que la petición de la Audiencia Nacional no ha sentado bien entre los remitentes, ni entre la propia DEA, que entiende la solicitud de información como una pérdida de confianza hacia ellos en la exitosa estrategia actual y global contra el narcotráfico a gran escala, que ejecutan en colaboración con otros países. Incluso los propios investigadores en Galicia y Madrid, o la misma Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, con Javier Redondo llevando el asunto desde que el proceso salió de Pontevedra, no acaban de entender el escenario actual. Mientras, en la ciudad del Lérez exponen: «Tendrá que ser la Audiencia Nacional la que acredite las vicisitudes de las diligencias».

Partes consultadas reconocen que el debate trasciende al procedimiento concreto. Alguno incluso cita una sentencia del 2017 del Tribunal Supremo que defiende la no intromisión en otros países para evidenciar un respeto absoluto al trabajo de Colombia y Estados Unidos en la operación Terrón. Otro argumento revela el conocimiento que la Fiscalía de Tampa tenía del traslado en avión. El fiscal, añaden las mismas fuentes, incluso estaba informado en tiempo real por un grupo de WhatsApp creado para coordinar la entrega en EE. UU.

Los 2.000 kilos de coca requisados no se incineraron por si se piden de prueba

El proceso habitual de destrucción de alijos de droga tras un operativo policial está sin ejecutar en el caso de la operación Terrón. Este cargamento, que facilitó la detención de un importante cartel colombiano, sigue a la espera de ser incinerado. 2.000 kilos de cocaína que podrían ser reclamados por los instructores en el transcurso de este procedimiento judicial, dadas sus particularidades y complejidades. La clave de la acusación contra los Boyacos, asentados en Galicia hasta su detención y listos para trabajar de forma independiente, estará en si la Audiencia Nacional valida los métodos de transporte utilizados en el trayecto entre Colombia y EE. UU. Para eso, antes, tendrá que dar el visto bueno a la documentación que faciliten la Fiscalía colombiana y las autoridades norteamericanas.

El sumario remitido a Madrid por la parte instructora en Galicia incluye, al menos, explicaciones bastante clarividentes y concretas. Una, en seis líneas, recuerda que la lucha contra el narcotráfico es una causa común e internacional a la vez que dimensiona hasta qué punto Galicia, en esta cruzada de geopolítica internacional, sigue teniendo un peso mayúsculo: «Gracias a las labores de inteligencia propias de la DEA en Colombia y de la Policía de ese país, se habría conseguido tener acceso a la droga que la organización ha enviado hacia España, y una vez la mercancía estuvo en poder de las autoridades americanas se autorizó por este juzgado la entrega y circulación controlada de dicha mercancía desde Miami hasta España, garantizando en todo momento su cadena de custodia».

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
1 votos
Comentarios

La Audiencia Nacional cree incompleto el sumario de los Boyacos y podría anularlo