Volver a casa no es una opción en Tui

Familias afectadas por la explosión de la pirotecnia pasarán la Navidad de alquiler


tui / la voz

Volver a casa por Navidad no es una opción para muchos vecinos en Tui. Un almacén bomba voló por los aires el hogar de 31 familias de Paramos el 23 de mayo. Seis meses después, sobre la zona cero, hay 14.000 toneladas de escombros esparcidos por un área de 25.000 metros cuadrados. Es lo que queda del barrio de A Torre, donde vivían 24 familias. Para 14 de ellas era su primera vivienda y su único hogar, en el que residían antes incluso de que una conocida marca de turrón instituyese la banda sonora por excelencia de estas fechas. «No pueden volver por Navidad, porque no tienen adónde volver y todos sabemos que son fechas especialmente duras para afrontar los duelos», recuerda Salvador García, presidente de la plataforma de afectados por la explosión de la pirotecnia. No ha lugar para el espíritu navideño ni para el intercambio de deseos bien intencionados, porque tampoco habrá «año nuevo, vida nueva» para los que lo perdieron todo.

No podrán reconstruir nada hasta que se limpie la zona, y los afectados denuncian una concatenación de informaciones contradictorias entre las Administraciones y que pagan las 15 familias exiliadas en casas de alquiler. «Nosotros también conmemoramos el Black Friday. Es el viernes más negro porque se cumple medio año de la explosión, y además de ver un futuro muy negro, las Administraciones descuentan tiempos para ayudarnos y ayudas», destaca Salvador García.

A seis meses de la explosión y a uno de que acabe el año, no hay fecha todavía para quitar los escombros. «Sabemos que el presupuesto es de 3,2 millones y que Madrid aportará una parte por la retirada del amianto, pero no hay fecha ni para la firma del protocolo entre Política Territorial y el Concello», recalca.

Los vecinos destacan también la confusión que afrontan por las diferencias entre Administraciones. «Madrid dice que es el Concello el que ha de asumir el desescombro y luego solicitar las ayudas a partir del decreto que desarrolla el acuerdo del Consejo de Ministros de septiembre, por el que se declara área afectada gravemente por una emergencia de protección civil, mientras que el gobierno local insiste en que es posible que lo ejecute el Gobierno central a través de una encomienda de gestión a Tragsa, cuando los asesores cuestionan esta posibilidad». Salvador García intenta resumir así la desesperación de los vecinos, que lideran movilizaciones sin conseguir que se determine públicamente y sobre calendario cómo hay que hacer las cosas: «Cada Administración dice una cosa y nosotros no pedimos nada más que la limpieza de una zona afectada por una emergencia de protección civil, algo que ha de estar perfectamente reglado».

La semana pasada lo recibió en Madrid el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor: «Nos dijo que solo pagarán la mitad de los primeros 400.000 euros que se invirtieron en la retirada del amianto que ya hizo el Concello, y que las ayudas para los 3,2 millones que cuesta el desescombro de la zona solo serán para la parte de eliminación del amianto». Tras ese encuentro, García manifestó también su malestar con la Delegación del Gobierno en Galicia: «Porque el propio Javier Losada nos dijo cuando visitó la zona que sí iban a asumir el coste del desescombro». El alcalde, Carlos Vázquez Padín, llevará una propuesta al pleno para instar al Gobierno central a que encargue directamente la obra a una empresa pública. Es posible que los vecinos o la oposición presenten también una propuesta para liberar del remanente los fondos necesarios para licitar la obra en cuanto se firme el protocolo con Política Territorial, pero aun así no hay plazos.

«Se os asume Madrid serían tres meses, como recolle o proxecto que nós xa fixemos e lle demos», afirma el alcalde. Si le toca al Concello, «falariamos dun ano dende que se firme ese protocolo, xa que a licitación pode levar seis ou sete meses». Con este panorama, los vecinos intentan asumir que la limpieza de 25.000 metros cuadrados y que paraliza sus vidas puede demorarse hasta enero del 2020. A ese plazo han de restar los dos años de ayudas para el alquiler que les facilita la Xunta como máximo, ya que aunque estas subvenciones son prorrogables ningún afectado puede asumir el tener que seguir viviendo en casa de nadie.

«Hay un propietario que ya ha optado por construir la casa en otra parroquia, pero los demás no pueden hacer nada. Es imposible construir si no limpian la zona», insisten. Mañana, a las 16.23 horas volverán al lugar donde hasta ese momento del 23 de mayo vivieron con el matrimonio Hailas, que murió en la tragedia. Lo harán de negro riguroso en señal de luto, en el Black Friday más luctuoso de cuantos se puedan celebrar.

610.000 euros en instalaciones públicas para la zona cero

El Ministerio de Política Territorial está estudiando las ayudas solicitadas por el Concello para la reposición de servicios públicos en la zona cero. En la memoria justificativa del proyecto, el importe asciende a 605.000 euros. «Están en estudio porque el Concello terminó de presentar los papeles el 12 de noviembre, porque tuvimos que pedirles que completaran la documentación», indican desde la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Este presupuesto incluye la urbanización y el saneamiento, el abastecimiento y las instalaciones urbanas eléctricas en la zona. La Subdelegación del Gobierno informó de que en octubre recibió la petición de 350.000 euros por la retirada de amianto. Según los vecinos, el Concello aún tiene un millón del fondo especial para la tragedia.

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