La alcaldesa de O Porriño, en el banquillo por una acusación de falsedad documental

María Hermida
maría hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

GALICIA

Ramón Leiro

Eva García de la Torre, para la que piden dos años y medio de cárcel e inhabilitación, lloró durante el juicio

23 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La vista que se celebró este jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra contra Eva García de la Torre, alcaldesa de O Porriño (del PSOE, aunque está suspendida de militancia), por un delito de falsedad documental derivado de su actividad como abogada, hizo que la política pasase por todos los estados de ánimo. Se sentó en el banquillo aparentemente tranquila y se permitió algún comentario distendido, como cuando la fiscala le preguntó si se reconocía en una foto de WhatsApp y dijo que era ella, «pero más joven, claro». Luego, conforme la acusadora pública presentaba las supuestas pruebas, se la notó exasperada, afirmando que todo eso la estaba estresando. Y en su última intervención, después de que la fiscala dijese que no solo la acusa de un delito de falsedad documental, sino que añadía otro de deslealtad profesional, De la Torre defendió su inocencia llorando.

El caso, aunque en parte se desarrolló ya con García de la Torre en la alcaldía, comienza antes, cuando ejercía como abogada. Defendía a unos vecinos contra una constructora. Ganaron una sentencia y los clientes le dijeron que pidiese la ejecución del fallo. Ella, tal y como reconoció, les mintió. Les dijo que había pedido esa ejecución, pero no lo hizo. «Después, como entendí que les había mentido y que había defraudado su confianza, les devolví el dinero que me habían pagado», indicó la mandataria.

Hasta ahí, su relato no difiere mucho del de la fiscala, que también considera que García de la Torre mintió a los clientes y que eso tuvo consecuencias negativas para ellos, de ahí que este jueves la acusase de deslealtad profesional, un delito por el que pide una multa. Pero el quid de la cuestión está en si, además de mentirles, envió a uno de ellos un documento falso para refrendar su engaño, que es por lo que la fiscala pide los dos años y medio de prisión y la inhabilitación para ejercer un cargo público durante idéntico período de tiempo.

Niega falsedad documental

García de la Torre niega que enviase ese documento, un decreto falso de la letrada de la Administración de Justicia sobre la ejecución de la sentencia. La fiscala dice que sí se lo mandó por correo electrónico a un vecino en el 2017, ya siendo alcaldesa. Y que este particular lo colgó en el chat que tenían los afectados, que desconfiaron del documento porque ponía que se había hecho en Porriño cuando el juzgado está en Tui. Acudieron al juzgado y descubrieron que era falso. La fiscala se apoya también en los wasaps que la alcaldesa mandó a ese vecino diciéndole que «ya le enviaba los correos con los documentos».

Declararon ese vecino y otros tres. Sus testimonios fueron confusos. La defensa dice que ese correo no llevaba documento adjunto. Había un perito de parte para explicarlo, pero el juez no le dejó declarar porque en vez de esperar fuera asistió al juicio. No fue la única anécdota. El juez le prestó sus gafas a una testigo que no veía un papel. Y riñó a De la Torre por decir «sin venir a cuento» que era alcaldesa. «Aquí todos somos iguales», le espetó.

Suspendida como militante del PSdeG para no dañar al partido, pero mantiene el bastón de mando

El nombre de Eva García de la Torre, alcaldesa de O Porriño, se unió a la lista de dirigentes del PSdeG suspendidos de militancia por su relación con procedimientos judiciales más o menos vinculados con delitos de corrupción, aunque en su caso no renuncia a dejar la alcaldía, al frente de la cual continuará como independiente.

El código ético del PSdeG estipula que en el momento en que a un militante se le impongan medidas cautelares o encare la convocatoria de un juicio oral deberá ser apartado del partido. Es lo que le ocurrió, por ejemplo, al alcalde de Pedrafita José Luis Raposo, procesado dentro de la trama de las multas, que al final quedó en nada.

Esta aplicación del código ético ya le costó en su día el escaño al ex secretario general Pachi Vázquez o el mando orgánico del partido Gómez Besteiro.