La Xunta habilitará ayudas mensuales para que las mujeres maltratadas accedan a una nueva vivienda

También se habilitará un turno de guardia de atención especializada, se elaborará un plan de atención a menores y huérfanos, y se promoverán incentivos a empresas y concellos para la contratación de víctimas


santiago / la voz

La Administración gallega acaba de recibir 8 millones de euros por su participación en el pacto de Estado contra la violencia machista y buena parte de esos recursos se destinarán a un plan dirigido a facilitar que las víctimas del maltrato puedan acceder a una nueva vivienda. Así lo explicó ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el transcurso de una comparecencia parlamentaria concebida para dar cuenta de las nuevas medidas que se implantarán en Galicia con arreglo al citado pacto.

El número dos de la Xunta aprovechó su intervención para dimensionar una lacra que, en lo que va de año, se ha cobrado tres víctimas mortales en Galicia, frente a las 43 en el conjunto de España. Desde los servicios autonómicos, municipales y judiciales gallegos se recogieron 3.000 denuncias en el primer semestre del 2018, se canalizaron 4.751 consultas en los centros de información, se facilitaron 600 asistencias psicológicas, 90 mujeres y 74 menores fueron acogidos en los centros especializados y 293 víctimas recibieron ayudas para iniciar una nueva vida.

Rueda insistió en que Galicia seguirá trabajando en esa línea, implantando catorce nuevas medidas para desarrollar el pacto de Estado en la comunidad. Entre ellas figuran el plan para agilizar el acceso a una nueva vivienda a las víctimas de maltrato mediante la concesión de ayudas mensuales para financiar su coste.

A mayores, se impulsará un acuerdo de colaboración con el Colegio de Psicología de Galicia para habilitar un turno de guardia de atención especializada a las víctimas de la violencia machista, se elaborará un plan estratégico de atención integral a menores y huérfanos, con ayudas económicas directas, entre ellas el pago de los entierros, al tiempo que se promoverán incentivos a empresas y concellos para la contratación de víctimas.

El vicepresidente autonómico pidió consenso a las fuerzas políticas para impulsar estas medidas, pero desde la oposición criticaron que las políticas de igualdad y contra la violencia machista sufrieron también los recortes presupuestarios, algo que se tradujo en menos personal especializado para la atención y menos recursos materiales, lo que obligó a algunos centros de información municipal a echar el cierre.

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d. ch.

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