La huelga de jueces y fiscales suspende 265 juicios y declaraciones en Galicia
GALICIA
Solo 185 de los 496 funcionarios convocados por las asociaciones secundaron el paro
20 nov 2018 . Actualizado a las 00:23 h.
El seguimiento de la huelga de jueces y fiscales fue menor de lo esperado en Galicia. Fueron 144 los jueces que comunicaron su adhesión al paro del total de 350 que están en activo en la comunidad, lo que supone un respaldo del 40 % a la huelga. En lo que respecta a los fiscales, solo 42 (un 29 %) de los 146 que ejercen su profesión en los órganos judiciales gallegos secundaron la protesta. Igual que había pasado durante la huelga de funcionarios de Justicia a principios de año, el paro de jueces y fiscales de ayer causó un enorme perjuicio a los ciudadanos. El dato más claro es que la huelga obligó a suspender 265 juicios y declaraciones en Galicia, según informó el Tribunal Superior de Xustiza. Esos aplazamientos vienen a sumarse al colapso que arrastra la Justicia en Galicia.
Pese a la suspensión de la actividad judicial, el resultado de la huelga no parece haber sido el esperado, porque hay que tener en cuenta que la medida de presión contra el Gobierno contaba con el respaldo de las siete asociaciones de jueces y fiscales existentes en España. Solo se apreció un evidente desmarque por parte de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que, aunque apoya la totalidad de las reivindicaciones salariales y profesionales, no estaba de acuerdo con algunas de las críticas más duras lanzadas desde la plataforma huelguista contra la actual ministra de Justicia. Dolores Delgado pertenece a la UPF y en la anterior huelga de jueces y fiscales, celebrada el pasado mayo, participó activamente en la protesta contra el en aquel entonces equipo del popular Rafael Catalá.
Por tanto, la Unión Progresista de Fiscales se ha mostrado más comprensiva con la ministra ante este conflicto, y tiene más en cuenta que Justicia se haya comprometido en las reuniones con el comité de huelga a derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece el plazo de seis meses para las instrucciones judiciales; a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recupera derechos sociales para jueces y fiscales, y a la creación de 80 nuevas plazas de fiscal y de 75 nuevas unidades judiciales. El ministerio también les transmitió a las asociaciones que la mejora de los salarios está dentro del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para todos los funcionarios del Estado.
Otro hecho que hacía presagiar un mayor respaldo a la huelga era el comunicado emitido ayer por la mañana por los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de España. Su cargo institucional les impedía participar en la huelga, pero la respaldaban rotundamente. Los presidentes de los tribunales superiores denunciaban las «graves carencias» de la Justicia, que Gobierno y Parlamento «continúan sin corregir». Los máximos representantes del poder judicial en las comunidades constataron en un comunicado «la situación insostenible, que genera el lógico malestar de toda la carrera judicial y fiscal», por lo que apoyan «las justas y legítimas reivindicaciones, así como la mejora de las condiciones profesionales».
Con la huelga, las asociaciones de jueces y fiscales instan al Ministerio de Justicia a negociar las peticiones de más independencia, más medios y mejoras retributivas. El Consejo General del Poder Judicial informó de que en el conjunto de España el paro fue seguido por 2.559 jueces (el 46,88 %). Por su parte, la Fiscalía General del Estado indicó que fueron 1.004 (el 40,59 %) los fiscales que comunicaron su participación en la protesta.