El porcentaje de votos para obtener representación en las autonómicas y locales mete en un lío a la centroderecha
17 nov 2018 . Actualizado a las 10:42 h.Vox ha asomado la patita en la encuesta del CIS para Andalucía. El partido de Abascal conseguiría, según los sondeos de Tezanos, un 3,17 % de los sufragios, con especial impacto en Almería, donde arrancaría un diputado con un apoyo por encima del 7 %. Si ese respaldo se trasladase a las urnas y fuese más homogéneo por provincias, su irrupción hasta podría ser decisiva.
En Galicia, que vota en el 2020, lo tiene objetivamente más complicado. Primero, por falta de estructura, pero sobre todo porque en la comunidad gallega es mucho más caro que en el resto de España pisar la moqueta del Parlamento: en Andalucía -y también en las generales- solo hace falta un porcentaje del 3 % para conseguir representación, y en Galicia se necesita un 5 %. Ese dique de contención, que rige también para todo el Estado en las elecciones locales, lo levantó Manuel Fraga con su mayoría absoluta en 1992. De forma recurrente se ha interpretado ese listón como una forma muy práctica de evitar la fragmentación del Parlamento, y, si la hay, que sea por la izquierda, debió pensar el de Vilalba.
Atendiendo a la historia democrática, el muro del 5 % ha funcionado como un magnífico parapeto para los intereses del PPdeG, aunque sería ingenuo tratar de explicar sus mayorías por esta circunstancia cuando nunca bajó de un respaldo del 45 % del total de sufragios, mientras la izquierda tenía notables vías de agua con múltiples opciones y siglas electorales, a veces complemente desconocidas.
Ahora ha cambiado el cuento. En Marea ha sido el partido aglutinador de formaciones minoritarias que tendrían dificultades para lograr escaño (Ecosocialistas, Anova, Equo, Esquerda Unida...), mientras que por el flanco derecho han aparecido dos nuevos actores, Vox y Ciudadanos. Los de Albert Rivera merodearon el 3 % en las últimas autonómicas, y en ciudades como Santiago o A Coruña se quedaron a unas décimas del 5 % necesario en las locales. Y todo con malos candidatos y sin la ola de apoyos de los últimos tres años.
En el PPdeG son conscientes de que ahora tendrán más fácil alcanzar el 5 %, y por eso plantean un dilema: «¿Qué pasa si a un votante no le convence la postura de nuestro partido respecto al gallego y acaba optando por Vox, que finalmente no obtiene representación? Que si el PP saca 37 diputados, la política lingüística acaba gestionándola el BNG», se contestan a sí mismos en las filas populares. Este ejemplo, que tiene miles de variables por los caprichos del sistema D’Hont en la asignación de escaños, será uno de tantos con los que va a dar la matraca el partido hegemónico de Galicia en los próximos meses y que se resume con dos palabras: voto útil.
En las municipales, los cálculos serán tan endiablados que no sería nada extraño que en muchos concellos los populares acaben deseando que Ciudadanos sea capaz de traducir sus votos en concejales, e intentar así alguna coalición en los cerca de cien ayuntamientos en los que se quieren presentar. Pero, en la práctica, en algunos serán un sumidero de votos para el centroderecha.
Podemos o Marea, en qué quedamos
El rifirrafe en el Congreso de los Diputados entre Gabriel Rufián (ERC) y Antón Gómez-Reino a cuenta de la presencia de la eurodiputada Ana Miranda (BNG) en la comisión de investigación del Alvia dejó una curiosa frase del gallego: «Somos de En Marea», le aclaró con firmeza al catalán, que lo catalogaba como diputado de Podemos. Al menos el flamante secretario general de la formación morada en Galicia no ha sido tan tajante como Manuela Carmena: «No tengo nada que ver con Podemos».
En los hospitales todo se sabe
La oposición se levantó en bloque de la comisión de investigación sanitaria porque el grupo parlamentario del PPdeG no aceptaba la mayoría de sus peticiones de comparecencia. Muchas propuestas eran nombres propios de profesionales sin aparente vinculación a ningún colectivo, pero rascando un poco lo que trascendía era una exagerada sobrerrepresentación de afines a la CIG, el sindicato más crítico con la gestión de Feijoo.