Portugal: ocho años de peajes que no cubren el gasto de las autovías
GALICIA
La patronal del norte mantiene que el cobro en las vías antes gratuitas ha acelerado el abandono del rural
15 nov 2018 . Actualizado a las 15:05 h.Tres son los modelos utilizados en Europa para cobrar por el uso de las carreteras de gran capacidad. El peaje clásico, el que cuenta con cabinas con personal de cobro o telepeaje, grava el uso de la distancia recorrida y deja en manos de empresas concesionarias el mantenimiento del vial, la recaudación y los beneficios que se puedan generar. Otro modelo de progresiva extensión es el de la viñeta, una pegatina magnética fijada en el cristal del vehículo que funciona a modo de tarifa plana, sin limitación de kilometraje durante el tiempo contratado. Una semana, un mes o un año suelen ser los períodos disponibles. Suiza es el país de referencia, donde cuesta ahora 35 euros al cambio y permite el uso de todas sus autopistas.
Y está el modelo portugués. Desde el 2010, las autovías del país cuentan con peaje, pero un peaje muy particular, pues además de carecer de cabinas de cobro, basarse en la grabación de matrículas y en la imputación del canon a los propietarios de los vehículos, solo tarifica el paso bajo los pórticos automáticos, no los kilómetros recorridos.
Según indica a La Voz la empresa pública Infraestruturas de Portugal, en los nueve primeros meses de este año se han recaudado 185,1 millones de euros en los peajes de las llamadas scut (sin coste para el usuario, significaba antes del 2010 dicha denominación). El año pasado sus peajes sumaron 229,6 millones, y el anterior 222,2 millones. Dicha recaudación supone entre el 25 y 30 % de lo que se gasta el Estado luso en pagar a las concesionarias que gestionan y mantienen la red de alta capacidad, una factura que, indican, supera los 1.000 millones de euros al año.
Empujan a la despoblación
«Los conductores entran y salen de las autovías varias veces en sus trayectos buscando tramos alternativos a cada pórtico, aumentando la intensidad de tráfico de las carreteras secundarias y el peligro», asegura Luís Ceia, presidente de la Asociación Empresarial de Viana do Castelo, que ha promovido la petición de que se elimine el primer peaje entre Tui y Oporto con más de 6.000 firmas recogidas. «La implantación del peaje ha sido un golpe muy duro para los pueblos y las pequeñas ciudades de Portugal y un contrasentido, porque mientras por un lado se dan subvenciones para captar empresas, por otro se penaliza su implantación», dice el dirigente empresarial.
Ceia advierte también que los peajes en las autovías han contribuido a acelerar la despoblación del campo. «Es un gasto importante el que se les ha puesto a las familias que se desplazaban a la ciudad a trabajar», dice. «No se pueden construir hospitales o teatros en todos los sitios, pero hay que establecer las condiciones para que quien no los tiene en su localidad pueda disfrutarlo en otras próximas, y los peajes lo impiden», mantiene. «Y si ponen peajes a las autovías en España, será una nueva frontera -augura-, y eso no tiene sentido en la Europa del mercado único».
El impacto económico y social al que hace referencia ha obligado a este y al anterior Gobierno luso a bajar los peajes de las autovías en dos ocasiones en las zonas interiores y de menor desarrollo de Portugal, así como en el acceso al Algarve para no espantar al turismo. Los demás territorios critican esa desigualdad.
El alcalde de Maia, António Silva, no duda en calificar de «mala inversión» la instalación de los peajes decidida hace ocho años por el Gobierno del socialista José Sócrates. Pide la eliminación del sistema, o que el Estado contribuya al mantenimiento de la red de carreteras locales, las que están soportando todo el tráfico que trata de escapar a los peajes automáticos de las autovías. Silva Tiago añade un perjuicio más al bolsillo de los contribuyentes: solo su consistorio paga cada mes de las arcas públicas 40.000 euros en peajes por los movimientos de los camiones de recogida de basuras.
Las dificultades para cobrar los peajes a los extranjeros siguen siendo reconocidas además por la Administración como un problema «muy difícil de resolver».