El primer oficial del Prestige, que burló a la Interpol, capitán y maestro de marinos

Pese a la orden de búsqueda y captura internacional, no fue juzgado. Ahora lleva una vida apacible muy cerca de Manila


redacción / la voz

El filipino Ireneo Maloto es uno de los personajes oscuros del Prestige, una historia repleta de personajes oscuros. Era el segundo de a bordo, tras el capitán Mangouras. El primer oficial. Y al mismo tiempo el tercer hombre, el marino que acompañó al capitán y al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, cuando el resto de la tripulación, la inmensa mayoría también filipinos -un tercio de las tripulaciones del mundo son de esa nacionalidad-, había abandonado un petrolero con una escora que hacía pensar en el hundimiento. Debería ser por tanto juzgado como corresponsable de la tardanza en aceptar el remolque y de desobedecer las órdenes de las autoridades españolas, cuestión que el Tribunal Supremo encadenó al delito contra el medio ambiente. Pero también es verdad que habría sido absuelto, como ocurrió con el jefe de máquinas, a pesar de que Francia intentó en su recurso de casación que se endurecieran las penas contra los colaboradores más estrechos de Mangouras.

Poco antes del juicio, se cursó una comisión rogatoria a Filipinas para darle traslado de su procesamiento. No hubo éxito. Poco después, en el 2012, apareció con un perfil en Facebook, cuando ya había comenzado la vista. Pero Ireneo Maloto fue capaz de burlar la orden de busca y captura internacional cursada a través de la Interpol en junio del 2012. Ahora vive una vida apacible, despreocupado de sus eventuales responsabilidades penales, en Las Piñas, una ciudad dormitorio al sur de Manila, la capital de Filipinas. Desde hace algún tiempo ya es capitán en ejercicio, aunque parece que ya podía serlo cuando se embarcó en San Petersburgo a las órdenes de Mangouras. Y no solo eso: ha dejado la sacrificada vida en los barcos para dedicarse a instruir a marineros, en un país volcado al mar donde las vocaciones marítimas son muy habituales. Contrajo matrimonio en el 2012, poco antes de que se iniciara el macrojuicio en A Coruña. Y estuvo trabajando para la empresa Interorient Maritime, encargada de surtir de tripulantes a los armadores de todo el mundo. Tenía 38 años cuando compartía puente de mando con Mangouras, así que ahora anda por los 54.

Parte de esta información ya estaba disponible en su perfil de Facebook cuando se suponía que la Interpol estaba intentando localizarlo. Esta política de brazos caídos (o quizás de dar prioridad a la búsqueda de verdaderos delincuentes, mucho más peligrosos) motivó una referencia irónica en la sentencia de la Audiencia de A Coruña. «Debe excluirse de esta sentencia al acusado Ireneo Maloto, sencillamente porque no ha sido enjuiciado y sigue en situación de rebeldía, pese a facilitarse a la policía [Interpol] datos relativamente fiables sobre su paradero, obtenidos con un acceso elemental a Internet».

Orden renovada

En enero del 2014, a solicitud de la acusación de la asociación ecologista Arco Iris, la Audiencia Provincial de A Coruña renovó, de forma inédita, la orden de búsqueda del prófugo del caso Prestige, en un auto para aclarar algunos aspectos confusos de la sentencia. Curiosamente, la orden se cursó al juzgado de Corcubión, donde se instruyó la causa.

El primer oficial, prófugo, pese a no haber declarado nunca, pasará a la historia de la mayor marea negra por dos cosas: fue la primera voz que escucharon en la torre de control proveniente del Prestige y su dibujo de la avería inicial del petrolero demostró la enfermedad estructural del viejo petrolero.

Abogados de afectados por el vertido piden que el Estado asuma sus indemnizaciones

Abogados de afectados que aún no cobraron las indemnizaciones o no están conformes con la valoración del Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) creen que el Gobierno debería abrir un segundo turno de adelanto de indemnizaciones ante el pleito que tiene pensado iniciar en Londres para optar a los 1.000 millones de dólares de la póliza del seguro suscrita por el armador con el London P&I Club. Este segundo turno de acuerdos transaccionales, similar al que tuvo lugar en el 2003 y que benefició a cerca de 20.000 afectados, serviría para satisfacer las reclamaciones pendientes de particulares y empresas, que nunca excederían los 15 millones de euros. Pero deberá afrontarse después de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación contra el auto de la Audiencia en el que se cuantifican los daños.

Esta problemática ya fue adelantada por la Fiscalía en su recurso ante el Supremo, en el que pedía que se articulara un sistema de tutela efectiva de las víctimas que aún no han visto satisfechas sus reclamaciones y que no tienen recursos para acudir a la jurisdicción británica para optar a parte del dinero de la póliza.

«El Gobierno debería firmar estos acuerdos, de forma que los afectados se subroguen en su reclamación, y acudir al pleito de Londres con su propia reclamación y la del resto de los afectados», explica el abogado Jaime Fernández-Posse, que representa a distintos particulares y empresas que están en esta situación.

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