España, a la espera de cobrar los 890 millones del seguro del Prestige

El Supremo cerrará en breve, tras 16 años, la travesía penal de la catástrofe del petrolero en España


redacción / la voz

El largo y tortuoso camino por la vía penal para dirimir las responsabilidades del accidente del Prestige aún no ha terminado, tras cumplirse 16 años. Hay una sentencia firme del Tribunal Supremo, emitida en enero del 2016, que condenó a dos años de cárcel al capitán Mangouras (que ahora busca una reparación en los tribunales europeos aunque no ingresará en prisión)- y abrió la puerta a optar a los 1.000 millones de dólares (890 millones de euros) del seguro suscrito por el armador con el London P&I Club. La Audiencia Provincial de A Coruña se encargó de ejecutar esta sentencia y de cuantificar los daños de cara al cobro de las indemnizaciones. Valoró el perjuicio de la marea negra en 1.652 millones, y el Estado español es el principal beneficiario con 1.573,6 millones, pues hay que recordar que adelantó, entre otros gastos, las indemnizaciones a cerca de 20.000 afectados.

El auto de ejecución reconocía daños morales y medioambientales, en contra de las tesis que inspiran los convenios internacionales, de ahí que el entorno del armador y la aseguradora se lanzaran a recurrir la cuantificación de los daños en el Supremo. El alto tribunal estudia desde hace semanas los 13 recursos de casación interpuestos por estas partes y distintos perjudicados. Según el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por hidrocarburos (Fidac), la decisión se espera para antes de que termine el año. Otras fuentes lo ven más complicado, especialmente por la turbulenta situación en la que se encuentra el Tribunal Supremo. En cualquier caso, creen que la decisión que pondrá fin al larguísimo periplo penal del Prestige está a la vuelta de la esquina.

El cierre de la vía penal no supone el fin del caso Prestige. El Gobierno iniciará un pleito en la jurisdicción británica para hacerse con los 1.000 millones de dólares del seguro. El brexit pesa como una losa sobre estas intenciones, pues podría desbaratar todos los instrumentos de cooperación judicial comunitarios. Ante esta eventualidad, la Abogacía del Estado pidió recientemente a la Audiencia coruñesa que se puede ejecutar provisionalmente el auto de noviembre del 2017 en el que se fijaron las cuantías indemnizatorias, sin esperar al Supremo. Pero esta pretensión fue rechazada, alegando que, al haber sido recurrido el auto, las cantidades podrían ser modificadas por el Supremo. 

Aunque los abogados del Estado exploran distintas alternativas jurídicas, lo cierto es que no se ha iniciado el pleito, que obligará a un importante desembolso de dinero público para contratar a un bufete de abogados británico. Además, la aseguradora se blindó en los tribunales londinenses y hay una sentencia que obliga a que cualquier reclamación se vea a la luz de la legislación del Reino Unido. Esto implica que la aseguradora solo estaría obligada a pagar si antes lo hace el armador, algo totalmente improbable, pues la naviera se deshizo de todo su patrimonio después del accidente.

Este pleito en otra jurisdicción preocupa a la Fiscalía, que no quiere que algunos afectados se vean obligados a pagar a letrados ingleses para lograr o completar su indemnización. «Por eso hemos pedido al Supremo en nuestro recurso que se habiliten instrumentos de tutela a las víctimas», explica el fiscal Álvaro García Ortiz. Tampoco está claro si los perjudicados que se han reservado las acciones civiles podrán ejercerlas en España.

Oposición internacional

Muchos interrogantes acompañan a este pleito que seguirá alargando la vida judicial del Prestige fuera de la jurisdicción española. En la comunidad internacional se cuestiona esta acción, pues los convenios internacionales limitan la responsabilidad de las aseguradoras, en este caso a tan solo 22,8 millones de euros que fueron depositados al inicio de la causa en el juzgado de Corcubión.

Así, en la última asamblea del Fidac en Londres, la delegación española protestó por las referencias críticas al pleito contra la aseguradora que el fondo había incluido en sus informes. «Las vicisitudes y complejidades legales que se deriven de las reclamaciones que se formulen frente al London P&I Club o frente al propietario del buque nada tienen que ver con el proceso de reclamación de las indemnizaciones ante el Fidac», explicó el representante español. Y añadió: «Deberíamos reflexionar también sobre si estos debates facilitan a las víctimas y reclamantes una resolución satisfactoria de las indemnizaciones pendientes».

Benito Núñez: «Quizás algunas decisiones tomadas en el Prestige no fueron las más acertadas»

pablo gonzález

El director de la Marina Mercante asegura que, en una emergencia similar, primaría el criterio técnico frente al político

Benito Núñez Quintanilla (Albacete, 1976) representa el relevo generacional en la Administración marítima española. Ingeniero naval, empezó su carrera como inspector en la Capitanía de Burela. Desde el 2010 trabajó como asesor cualificado en Marina Mercante, departamento que ha pasado a dirigir tras el cambio de Gobierno. Un día antes de la entrevista tuvo que gestionar un accidente en Las Palmas de Gran Canaria en el que hubo riesgo para las personas.

-Como director de la Marina Mercante supongo que lo que más le preocupa es salvaguardar las vidas humanas en el mar...

Seguir leyendo

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
3 votos
Comentarios

España, a la espera de cobrar los 890 millones del seguro del Prestige