Del Poder Judicial a Fernando Blanco, la semana «horribilis» de la jueza De Lara

Tras el expediente judicial, la Audiencia archiva su causa contra el exconselleiro


Redacción

Esta fue la semana horribilis para la jueza lucense Pilar de Lara, dedicada en los últimos años a la apertura de operaciones supuestamente vinculadas con tramas de corrupción. El Consejo General del Poder Judicial le abrió un expediente por los amplios retrasos en la instrucción de algunos casos, y la Audiencia Provincial optó por quitarle de las manos las actuaciones que tenía en relación al conselleiro de Industria entre el 2005 y 2009, durante el gobierno del bipartito, Fernando Blanco (BNG), como consecuencia de unas acusaciones efectuadas por el controvertido empresario lucense Jorge Dorribo en la operación Campeón. El tribunal optó por el sobreseimiento provisional porque no da credibilidad alguna a las manifestaciones del que fuera creador del imperio Nupel, que fabricó desde cremas para cazadoras hasta algunos medicamentos genéricos.

A la jueza De Lara le cayó de rebote el caso de Fernando Blanco. Este fue metido en la operación Campeón, que dirigió desde el minuto cero la magistrada Estela San José, ahora al frente de un juzgado penal en Huelva. Esta consideró que lo que decía Dorribo sobre Blanco era necesario investigarlo más a fondo y, para no hacer ingobernable la operación principal, optó por hacer una pieza separada, que mandó al juzgado decano para reparto. Le tocó a De Lara y en su juzgado quedó varada, según entendió Xoán Antón Pérez Lema, el letrado del exconselleiro. Un dato es irrefutable: Fernando Blanco llevaba siete años involucrado en un proceso judicial que no tenía trazas de resolverse con agilidad y que le costó su acta de diputado en el 2011.

La jueza negó el pasado verano que la instrucción quedase en el limbo A principios del pasado verano, el letrado optó por dirigir un torpedo a la línea de flotación de la jueza De Lara, presentando una queja al Consejo del Poder Judicial, a través del Colegio de Abogados de Lugo, por lo que estimaba «demoras injustificadas» en la tramitación de los recursos presentados al solicitar el sobreseimiento de la causa contra el exconselleiro de Industria. Al trascender la queja, la jueza dio a conocer que no era cierto que esas diligencias -por presuntos delitos de fraude en subvenciones, cohecho y blanqueo de capitales- estuvieran plantadas o hubieran quedado en el limbo. Decía también que los recursos que el abogado presentaba eran contestados en tiempo y forma.

Fuentes de la abogacía señalan que la queja por el caso Blanco pudo ser decisiva para la inspección realizada por el CGPJ en el juzgado de De Lara y que acabó con el expediente que se conoció esta misma semana.

Coche y 200.000 euros

Fernando Blanco, que comenzó siendo concejal y diputado provincial en Lugo y después llegó al Gobierno de la Xunta, entró de lleno en la Campeón porque Jorge Dorribo dijo que le había pagado 200.000 euros y entregado un coche, así como otorgado participaciones en varias de sus empresas, tras haber obtenido una subvención de 1,6 millones de la Consellería de Industria, que dirigía el político lucense. Blanco siempre lo negó.

El empresario también habló en algún momento de la entrega de un diamante a Fernando Blanco cuando era edil en Lugo, para la obtención de un contrato de un servicio de limpieza. Esta presunta entrega sería efectuada por otra persona.

En el 2012, la Agencia Tributaria no encontró prueba alguna que respaldase las graves acusaciones de Dorribo. Personal de la unidad de blanqueo de capitales analizó todas sus propiedades, pero no halló nada irregular. El abogado de Blanco dijo que este apenas tenía patrimonio o era muy modesto, teniendo en cuenta el nivel medio alto de los sueldos que percibió.

Ahora, la Audiencia echó abajo todas las acusaciones de Dorribo. El alto tribunal lucense dice que sus declaraciones no tienen credibilidad. No hay pruebas de la entrega de ningún diamante y la investigación patrimonial resultó negativa, según dice el informe que decreta el sobreseimiento de las actuaciones. La acusación de una subvención de Industria en la época de Blanco ni tiene «soporte documental ni testifical fiable», en opinión de quienes valoraron el contenido de la instrucción en la Audiencia Provincial de Lugo.

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