La Universidad quiere sacudirse los últimos vestigios del franquismo

Tamara Montero
tamara montero SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

SANDRA ALONSO

Las universidades gallegas saludan que se trabaje en un régimen disciplinario que sustituya al vigente, de 1954

10 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La sociedad avanza más rápido que la legislación. Lo manido de la frase no le quita ni una pizca de verdad. A veces no es que la sociedad avance muy rápido, es que la legislación no da ni un paso hacia adelante. Ocurre con el régimen disciplinario de las universidades, regido todavía hoy por una norma que Franco firmó en septiembre de 1954 en el Pazo de Meirás. Ni la aprobación hace 40 años de la Constitución, ni las sucesivas peticiones del Defensor del Pueblo, ni siquiera la aprobación del Estatuto del Estudiante en el 2010, que daba un plazo para poner en marcha un nuevo régimen disciplinario, han conseguido desalojar a Franco de la enseñanza superior española. Aunque quizá sí se consiga ahora.

«O que se trata é de actualizar o réxime disciplinario, pero non só o de estudantes, en xeral o de toda a Universidade». En eso que explica el rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, trabaja la Conferencia de Rectores. Las últimas reuniones han dado impulso a un grupo de trabajo que está ya redactando un documento para actualizar una norma que, por ejemplo, mantiene como falta grave las manifestaciones contra la religión y la moral católica y como menos graves la falta de asistencia cuando tenga carácter colectivo. Es decir, la huelga.

En el capítulo tercero, la norma se amplía a «cualesquiera otros hechos no comprendidos en los apartados anteriores que puedan causar perturbación»
En el capítulo tercero, la norma se amplía a «cualesquiera otros hechos no comprendidos en los apartados anteriores que puedan causar perturbación»

«Hai que tratar de actualizalo para que poidamos ter mecanismos de funcionamento interno dentro das universidades». Tener en vigor un régimen disciplinario preconstitucional lastra decisiones y capacidad de maniobra de las instituciones. El procedimiento ante la apertura de un expediente lo dicta la norma de 1954, que sin embargo el Supremo ha ido enmendando.

El Supremo y las propias universidades. La de A Coruña, por ejemplo, establece en su normativa académica cómo actuar en el caso de copia o de plagio, una de las cuestiones de mayor actualidad en lo que a política universitaria se refiere. El problema es que «é circunscrito só a resultados ou a efectos académicos», explica Abalde. Después hay que ver qué régimen disciplinario debe tener esa falta. Y eso no existe. Mientras, las universidades gallegas ya se han dotado de sistemas de control del plagio y, de manera consorciada, han adquirido licencias del programa antipliagio Turnitin. La UDC, además, empezará también a pasar por el software artículos académicos.

La USC valora que la Conferencia de Rectores retome de nuevo la tarea de actualizar el régimen disciplinario, algo a revisar «en todo o seu conxunto». Desde la Universidade de Vigo también aplauden una iniciativa que permita una norma común a toda la enseñanza superior.

«É actualizar o réxime disciplinario non só dos estudantes, senón de toda a Universidade»

«Temos un certo atraso, porque o Estatuto do PDI tamén está pendente». Han cambiado los colectivos presentes en la Universidad, la manera de relacionarse, los procedimientos y hasta las herramientas tecnológicas. Todo eso está fuera del decreto todavía vigente. Un decreto que pesó sobre conflictos mediáticos que se han dado en Galicia, como las protestas y posteriores aperturas de expediente después de que un profesor de la USC dijese a una alumna que su escote lo ponía nervioso. Varios alumnos fueron expedientados por protestar en una clase del profesor sacándose las camisetas. Se les imputaba una falta leve, que según el decreto son «cualesquiera otros hechos no comprendidos en los apartados anteriores que puedan causar perturbación en el orden o disciplina académicos».

En el reglamento de 1954 no se contemplaban faltas como el acoso sexual -las tres universidades se han dotado ya de una normativa a este respecto- ni otras como la xenofobia o la homofobia, como el caso del profesor de la USC que vinculaba homosexualidad y vicio.

Lo que quieren las universidades son normativas actuales, adecuadas a las necesidades actuales. La comisión, en la que colaboran los responsables de las secretarías generales y la que se encarga de los estudiantes, trabaja ya sobre un borrador y la previsión es que en este curso puedan tener un documento encima de la mesa. Un documento que luego presentarán al Gobierno.