Los camiones podrán ser desviados a vías de pago por seguridad vial

El Gobierno prevé convenios con las concesionarias para bonificar parte de los peajes a los transportistas

El Gobierno podrá prohibir a los camiones circular por carreteras convencionales
El Gobierno podrá prohibir a los camiones circular por carreteras convencionales

vigo / la voz

La reforma de la normativa de carreteras aprobada ayer por el Gobierno central introduce un notable cambio en materia de regulación del tráfico pesado en las carreteras de la red estatal. El Ministerio de Fomento podrá a partir de ahora prohibir la circulación de camiones en las carreteras convencionales que estime, atendiendo a razones medioambientales o de seguridad viaria.

La decisión lleva aparejada en su formulación legal la intención de desarrollar convenios con los Gobiernos autonómicos y las empresas concesionarias para bonificar parte de los peajes a los camiones que sean obligados a circular por autopistas y abandonar las carreteras nacionales excluidas de sus itinerarios.

El Ministerio de Fomento defiende que dichos desvíos obligatorios han contribuido a rebajar la siniestralidad de las carreteras que se han visto liberadas del tráfico pesado.

Cataluña y La Rioja, pioneras

Para el sector, el desvío esconde «unha ecotaxa» que se le impone al transporte Hasta ahora la prohibición de circular por carreteras convencionales para los camiones solo se ha implantado en cuatro carreteras tras sendos acuerdos entre la Administración central y los Ejecutivos autonómicos de Cataluña y La Rioja. El primero está en vigor desde el año 2013 y prohíbe la circulación de camiones por la nacional II entre la localidad gerundense de Maçanet de la Selva y la frontera con Francia en La Junquera. Son 82 los kilómetros que tienen que hacer los transportistas por la autopista AP-7, en la que la bonificación de los peajes se sitúa en entre un 35 y un 50 %, según la distancia recorrida.

La misma norma se implantó a finales del año pasado en N-232 de La Rioja para obligar a los camiones a transitar por la AP-68. Y este año, ya con el Gobierno socialista, la prohibición se implantó en la N-240 y en la N-340 en Cataluña, en favor de la AP-2 y la AP-7, pero, mientras en los casos anteriores la bonificación es sufragada entre Fomento y los Gobiernos autonómicos, en estos últimos es la Administración central la que paga a las concesionarias lo que dejan de abonar los transportistas.

La decisión del Gobierno fue recibida ayer con críticas por el sector del transporte, que reclama que el desvío sea voluntario y gratuito, o al menos con peajes bajos. «As bonificacións son necesarísimas e se son suficientes xa non faría falta prohibir nada, porque os camioneiros xa irían na inmensa maioría pola estrada máis rápida e rendible», asegura Alberto Vila, coordinador xeral de la Federación Galega de Transportes. «[El desvío] esconde en realidade unha ecotaxa que nos poñen agora ao transporte», estima Vila.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías instó ya al Gobierno a retirar la nueva medida, y adelanta que solo la aceptará si el desvío es voluntario y totalmente gratuito.

El Gobierno endurece las sanciones a las autopistas que no garanticen el servicio a sus usuarios

En el verano del 2014 la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, amenazó a Audasa con «suspender la concesión» de la AP-9 ante los colapsos que habían sufrido los usuarios del vial en las entradas y salidas de las zonas de playa y las cercanías de Santiago. «No me temblará el pulso en ordenar la suspensión», recalcaba la dirigente popular mientras recordaba que las concesionarias están obligadas a prestar un servicio de calidad. Aquella amenaza se zanjó sin la imposición de multa alguna.

Un nuevo capítulo de graves incidencias en autopistas en España se vivió el día de Reyes de este año, cuando más de 3.000 vehículos se quedaron bloqueados en la AP-6 y en la AP-51 a causa de la nieve y el hielo, no afrontados con efectividad y prevención por sus concesionarias. Las empresas fueron sancionadas por negligencia e incumplimiento de la obligación de mantener las autopistas en perfecto estado con una multa de 1.200 euros y dos de 15.000.

La gran repercusión que tuvieron los colapsos en la sierra madrileña frente a la escasa sanción impuesta llevó a Fomento a revisar las multas exigibles a las empresas que explotan autopistas, y ayer el Gobierno aprobó finalmente considerar como infracción muy grave que las gestoras de autopistas no eviten situaciones de bloqueo en dichas infraestructuras. Esa nueva tipificación conlleva además multiplicar por 20 los importes de las sanciones máximas existentes, elevándolas de 15.000 a 300.000 euros, cantidad esta última similar a la que recauda al día Audasa en la AP-9.

El Ministerio de Fomento advierte que la razón del endurecimiento de las sanciones es una vía para instar a las concesionarias de autopistas a «garantizar la continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios», y que dichas multas se aplicarán cuando «por negligencia en el mantenimiento de las vías se causen perjuicios significativos» a los conductores.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, expresó recientemente en una entrevista en La Voz su intención de «revisar los altísimos beneficios» que han tenido las concesionarias de autopistas en España. Ábalos confirmó ayer también que la AP-1 (Burgos-Armiñón) se verá libre de peaje el próximo 1 de diciembre tras 45 años de concesión. El vial, explotado por otra empresa del mismo grupo que Audasa, será el primero en ser liberado del pago de peajes en España. Lo mismo pasará a finales del 2019 con la AP-4 (Sevilla-Cádiz), que tuvo 51 años de explotación en manos privadas, y con la AP-7, en distintos tramos entre Barcelona y Valencia, en su caso con 48 años de peajes.

A la AP-9, en cambio, y pese a ser de la misma generación que las tres que se liberarán del peaje, le restan todavía 30 años de barreras, hasta que se agoten los 75 de concesión.

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