La Xunta se ofrece a asumir la mitad del coste y a delimitar más sus funciones
05 nov 2018 . Actualizado a las 13:55 h.El sistema de emergencias diseñado por la Xunta y avalado por las diputaciones y los concellos hace cinco años deberá pasar su reválida antes del 31 de diciembre, cuando se extinguen los convenios de los grupos de emergencias supramunicipales (GES). El Gobierno gallego está tan convencido de la validez de la fórmula que está dispuesto a financiar una ampliación de los equipos en concellos estratégicos, de forma que se cubra prácticamente al completo todo el mapa de las emergencias de Galicia, que tiene como objetivo principal una primera respuesta en un tiempo inferior a los veinte minutos.
En total, serían ocho los nuevos GES que está dispuesta a cofinanciar la Consellería de Presidencia, que también se compromete a ampliar las plantillas para que todos alcancen los doce miembros estables. Sus emplazamientos todavía no están cerrados. El departamento que dirige Alfonso Rueda tiene que convencer para ello a las cuatro diputaciones y a los alcaldes implicados, que ofrecen ciertas resistencias puntuales, incluso en algunos de los servicios consolidados.
El primer problema es de índole económica, porque las entidades locales deben hacerse cargo del otro 50 % del presupuesto, a través ya sea de las arcas provinciales, ya de las locales. Y también hay diferencias sobre las funciones que deben prestar los grupos, pues algunos alcaldes aprovechan para encomendarles tareas que tienen poco que ver con las emergencias. La Xunta está de acuerdo en delimitar con mayor precisión los trabajos de roza y desbroce que venían realizando en el monte, para que se centren en labores de protección de los núcleos y las edificaciones y, en todo caso, apoya que la actividad ordinaria no comprometa la respuesta ante una circunstancia imprevista.
«Non somos os de vías e obras»
Los trescientos trabajadores en nómina repartidos en 33 GES por toda Galicia viven con preocupación el debate entre las Administraciones, que en las próximas semanas tendrá un carácter eminentemente económico y sobre la asunción de responsabilidades. Pero también reclaman que los nuevos convenios traten de equilibrar sus salarios, muy desiguales dependiendo de las comarcas, y que se establezcan con claridad sus prioridades: «Non podemos facer traballos de vías e obras ou estar no medio do monte e pensar que podemos chegar a unha emerxencia en menos de vinte minutos», comenta su representante autonómico, Primitivo Gándara. Sobre la aportación que puedan hacer estos profesionales en la lucha contra el fuego, se muestra proactivo: «Se temos medios e coches apropiados, podemos facer algo, doutro xeito quédanos traballar desde as estradas».
Por esa vía, dice la Xunta, no habrá problemas más allá de las limitaciones presupuestarias. Presidencia ofrece mantener la línea de inversiones, que en los últimos tres años cifra en 2,7 millones de euros destinados a medios y material, además de ofrecer formación a través de la Academia Galega de Seguridade Pública.
Sin embargo, el modelo también genera dudas entre algunos regidores, que se están pensando renovar sus grupos de emergencias por las estrecheces económicas. «E porque queren que fagamos máis cousas cás de competencia municipal», explica Gándara, que ve con preocupación el futuro de los GES en concellos como Mugardos o Guitiriz.
Los concellos reclaman medios para trabajos forestales
«Queda hablar de dinero», admite Alfredo García, presidente de la Fegamp. Las sucesivas reuniones interadministrativas en torno a la organización de las emergencias han dejado para el final la parte económica, «cuánto pone cada uno», resume el también alcalde de Valdeorras. En la actualidad, el coste de un grupo de emergencias supramunicipal es de 250.000 euros, de los que la Xunta abona un 60 % y el resto se lo reparten a partes iguales las diputaciones y los concellos, menos en las provincias de Lugo y Ourense, donde las facturas corren a cargo de los respectivos entes provinciales. Además, la Xunta aporta otros 20.000 euros para gastos que en la mayoría de los casos, sin ser el mayor problema, «no llegan».
García cree que el modelo combinado de parques comarcales de bomberos y de los grupos de emergencias «es positivo, funciona y debe continuar» con los ajustes necesarios para completar el mapa gallego y cubriendo algunas vacantes, pero admite la necesidad de incluir en los nuevos convenios una definición más exhaustiva de sus funciones operativas, «porque a veces hacen cosas sin sentido y queremos que quede todo muy claro para evitar anomalías».
En cuanto al trabajo que puedan desarrollar en el monte, aclara que sus labores deben limitarse a la prevención, y muy centradas especialmente en la protección de los intereses más pegados a los ciudadanos. «En estos momentos están trabajando en las franjas, pero no queremos añadir nuevas funciones», indica. Para el presidente de la Fegamp, la planificación «en cadena» de las emergencias está dando resultado e incluso en algunas ocasiones evitan el desplazamiento o la actuación de los bomberos porque son capaces de resolver la situación, y si se trata de un fuego forestal, su misión es proteger las casas.
Sin embargo, en todo lo que se refiere al monte, García tiene sus reservas sobre las posibilidades de trabajar sin medios adecuados. «Aquellos GES que dispongan de material podrán arrimar el hombro», asegura. En el caso de Valdeorras, pone como ejemplo, el grupo dispuso durante un tiempo de un vehículo adaptado para abordar trabajos forestales, «pero ya está de baja, y con el actual no pueden».
Sobre los flecos que tienen que resolver antes del 31 de diciembre, cree que se alcanzará un acuerdo, pero advierte que cuando existe «una situación discrepante» ambas partes deben moverse hacia el consenso, comenta en referencia a los porcentajes que deberán asumir la Xunta y las Administraciones locales.
Un servicio que peligra a partir del 31 de diciembre
Las brigadas de los GES se crearon en el 2013 para solventar la desaparición de los grumir, los grupos de intervención que estuvieron enchufados casi tres lustros a la financiación europea. Al cerrarse el grifo, quedó en suspenso la atención a unos 170 ayuntamientos gallegos que, al no alcanzar los 20.000 habitantes, no tienen la obligación, ni muchas veces la capacidad, de tener un servicio de bomberos. Los convenios concluyen el 31 de diciembre, y antes de esa fecha las Administraciones deberán reajustar su apuesta por esta fórmula.