La Agencia Tributaria desmonta la coartada económica de Sito Miñanco

La tesis de Hacienda tampoco justifica las propiedades de sus tres familiares acusados


PONTEVEDRA / LA VOZ

El subinspector de la Agencia Tributaria Ángel María Gallástegui puso voz ayer a su informe del 2012 que cimienta la causa contra Sito Miñanco, familiares suyos y un presunto testaferro. La Fiscalía los acusa de blanquear, de 1987 al 2007, 10 millones de euros procedentes del narcotráfico usando, a modo de lavandería, la inmobiliaria San Saturnino S. L. «El patrimonio no tiene origen y el rendimiento de las sociedades tampoco es coherente. No encontramos justificación suficiente», expuso Gallástegui a preguntas del fiscal antes de contextualizar que el proceso nació en el marco de la operación Suntuarias para indagar en el origen patrimonial de ciertos contribuyentes: «La llamamos así en referencia a las viviendas suntuarias que investigamos. Concretamente, 400 inmuebles en Cambados y 500 en Vilagarcía: en total fueron más de 300 informes».

El documento protagonizado por San Saturnino plantea un escenario preciso: «El único ingreso de la inmobiliaria son rentas de alquileres y no encontramos créditos a largo plazo antes de 1998. Tampoco detectamos reparto de dividendos. Es cierto que la inmobiliaria asumía los gastos de los suministros de las propiedades [que se investigan], que es otra forma de repartir dividendos. Pero las ganancias iban a la reserva y no justifican la compra de estos inmuebles». Gallástegui añadió ayer, en la tercera jornada del juicio (sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra), que «hay miles de maneras de que [un capital oculto] no figure», y mostró su perplejidad al exponer la casuística fiscal de Astilleros Facho, empresa de Cambados vinculada a Miñanco desde su creación.

La Agencia Tributaria concluye que este taller de barcos -en febrero se intervinieron dos grandes planeadoras que Miñanco usaría para descargar droga- destina el total de sus ganancias anuales a pagar el alquiler de las naves en las que se ubica, propiedad de la inmobiliaria San Saturnino. Ahí juega un papel fundamental, a ojos de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria, la exmujer de Miñanco María Rosa Pouso, gerente de la empresa desde hace varias décadas. Lo explicó en sala Gallástegui: «La fuente de renta declarada de ella está justificada, lo que no se justificaba era la de la sociedad».

Hipoteca

Las preguntas de la Fiscalía permitieron al subinspector de la Agencia Tributaria desmenuzar el capital de la hija de Miñanco acusada, Rosa María Prado, que trabajó durante años en Astilleros Facho: «La casa de 150.000 euros (unifamiliar con 855 metros cuadrados construidos y 2.710 de finca) que compró en Sanxenxo no se justificaba habiendo apartamentos que cuestan 400.000, los coches que usaba o el modus vivendi con 21 años». La compra de una batea por parte de Rosa María Prado a su abuela paterna tampoco se entiende, aunque aquí Gallástegui matizó que este acuerdo de venta es más difícil de concretar al ser una «cuestión familiar».

Lo mismo ocurre, según el subinspector (declaró en calidad de testigo y de perito), con el patrimonio de la otra acusada, Josefa Pouso. A la excuñada de Sito Miñanco, socia fundadora de la inmobiliaria San Saturnino, se la investiga por su parcela de cultivo de almeja en Carril, un local de hostelería en Sanxenxo o una plaza en el aparcamiento del puerto deportivo de la misma localidad. El informe de la Agencia Tributaria también pone en duda el patrimonio y una «venta de acciones bastante rara que no tiene sentido» de Jolva, sociedad también investigada y constituida al 50 % por San Saturnino.

El tribunal a un abogado: «Aplique a vehemencia na crítica, non no discurso»

Las defensas de los cinco acusados esperaban con ganas y desde hacía tiempo verse cara a cara, y en sala, con el subinspector de la Agencia Tributaria Ángel María Gallástegui. Las ansias llegaron a tal punto que el presidente del tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, el magistrado José Juan Barreiro Prado, frenó en varias ocasiones el ímpetu del abogado que defiende a la hija de Sito Miñanco. «Aplique a vehemencia na crítica, non no discurso» o «non se descomponga», por el tono utilizado al plantear preguntas o cuestionar respuestas, fueron algunos de los avisos dados. Las tesis común de los letrados, desechada ya judicialmente, pasa por archivar el procedimiento. Alegan que los hechos que se juzgan, instruidos en el juzgado de Cambados, ya fueron archivados previamente en el juzgado de Vilagarcía.

«En ambas causas se usó el mismo informe de la Agencia Tributaria firmado por el señor Gallástegui», denunció una y otra vez el letrado de Miñanco, Gonzalo Boye. El también abogado de Carles Puigdemont incluso puso en duda la inspección de la Agencia Tributaria (a la inmobiliaria San Saturnino), alegando que los datos oficiales de Hacienda utilizados no aportan suficiente información para conocer toda la verdad sobre el patrimonio de la firma investigada, sus responsables pasados y actuales y sus otras inversiones con más sociedades.

Alejandro Vega Vázquez, representante legal de la exmujer de Miñanco María Rosa Pouso Navazas, aseguró que «todo el patrimonio» de su clienta está «plenamente justificado» y que los informes periciales de la Agencia Tributaria «se basan, como poco, en graves inexactitudes».

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