La Dirección General de la Policía niega que los furgones de las UIP circulen con exceso de peso
GALICIA
Con la dotación habitual de agentes, con todo el material antidisturbios y con el depósito de combustible lleno, el peso de los furgones de las UIP es de 3.500 kilos, «con lo que no se supera el límite de peso permitido para estos vehículos». Es la conclusión principal del informe técnico encargado por la Dirección General de la Policía tras las quejas planteadas por los sindicatos USO y UFP y por los propios agentes de las unidades de intervención policial (UIP), que son los que se desplazan en ese tipo de furgones.
El departamento de Automoción de la Policía Nacional fue el encargado de realizar el estudio técnico, que incluyó un pesaje realizado con toda la dotación habitual de estos vehículos y en el que no se superaron los 3.500 kilos, que es el peso máximo reglamentariamente permitido para estos vehículos en situación de servicio. El control se hizo con los furgones Mercedes Sprinter y Volkswagen Crafter, que son los que suelen utilizar las unidades antidisturbios, según indicaron fuentes del Ministerio del Interior.
En el informe de la Dirección General de la Policía se indica que el Mercedes y el Volkswagen tienen un peso de serie de entre 2.200 y 2.400 kilos, que en ambos casos se eleva hasta 2.800 kilos debido a las transformaciones realizadas en los furgones para soportar las elevadas exigencias del servicio policial. Según las mismas fuentes, con el material antidisturbios y la dotación habitual de agentes el peso llega hasta los 3.500 kilos. El informe policial indica que estos furgones cumplen la normativa y sus conductores solo necesitan el carné B.
Los sindicatos aseguran en sus denuncias que los furgones, con la dotación de agentes, supera en entre 400 y 800 kilos el peso máximo permitido.
La exmujer del capo, la excuñada y la hija mayor se reparten decenas de terrenos
La organización societaria que supuestamente lavaba el dinero de la coca de Sito Miñanco en bienes inmuebles valorados en diez millones de euros sentará también hoy en el banquillo de los acusados a tres mujeres muy próximas a la presunta cabeza pensante del entramado.
El inicio
Josefa Pouso Navazas. La excuñada de Miñanco formó parte de la sociedad que constituyó, el 1 de junio de 1985, la inmobiliaria San Saturnino, centro del blanqueo que se juzga. En 1987 le cedió todos los poderes a su hermana.
En el día a día
María Rosa Pouso Navazas. La exmujer ejerce de encargada de la inmobiliaria desde 1987 y su nombre figura en decenas de operaciones de compra de terrenos. Su defensa niega que sea testaferro de su exmarido, como sostiene la Fiscalía.
Etapa final
Rosa María Prado Pouso. A la hija mayor se la acusa de prestarse a adquirir bienes con dinero de origen ilícito que no se justifican con sus ingresos por la gestión de una batea de su abuela paterna.