La venta de Itínere deja al capital foráneo el 70 % de la red de autopistas españolas

El accionariado gallego se reduce a participaciones del 30 % en el vial de Santiago a Dozón y del 20 % en Málaga


vigo / la voz

La estabilidad económica de la mayoría de las concesiones de autopistas en España, la regulación garantista en favor de las gestoras de los viales y los altos beneficios que están obteniendo han convertido al sector de las infraestructuras de peaje españolas en objeto prioritario de los principales capitales inversores de todo el mundo. La compra del 40,11 % del grupo Itínere por parte de Globalvia, empresa española pero cuyos accionistas son tres fondos de inversión de Canadá, Holanda y Reino Unido, es el último ejemplo del interés que suscitan las autopistas hispanas en el extranjero. Sus adversarios en la pelea por el control del grupo que gestiona entre otras la AP-9 son Corsair y APG, dos fondos de capital riesgo de Estados Unidos y Holanda que representan además a otros siete fondos de medio mundo.

A la espera de que se sustancien nuevos movimientos accionariales en Itínere y se resuelvan los pleitos cruzados interpuestos, a día de hoy el capital extranjero controla ya el 70,5 % de los kilómetros de autopistas de peaje de la red estatal, autonómicas y provinciales de España, 2.330 kilómetros de los 3.304 en servicio.

De las 29 concesiones de autopistas de peaje 17 cuentan con mayoría foránea, salto que se ha agrandado este año con la operación de Itínere, donde el capital español se ha quedado en minoría, y especialmente con la toma de control que la italiana Atlantia ha hecho sobre las nueve concesiones de Abertis. El grupo de Itínere y Globalvia suman ahora 656,2 kilómetros (el 19,8 % del total de la red) y la alianza de Atlantia y la alemana Hochtief (filial de ACS) asume nada menos que 1.611 kilómetros, el 48,7 % de los existentes en toda España. La marca italiana cuyo principal accionista es la familia Benetton se convierte así en el referente del sector de las concesiones en España, al asegurarse la mitad más un título de la cartera que aún posee oficialmente Abertis.

Y si Itínere es el tercer grupo del sector de las autopistas del país, el segundo es también desde este año la propia Administración del Estado a través de la sociedad pública Seittsa, al hacerse cargo de los ocho viales quebrados en Madrid, Castilla-La Mancha y Levante. El Estado gestiona a través de dicha herramienta 710,4 kilómetros, el 21,5 % del total de la red, operación de rescate que el anterior Ejecutivo valoró en 2.000 millones de euros, pero que los fondos que participaron dichas concesiones aumentan hasta los 4.500 millones.

Además de la toma de control de Abertis por capital de Italia y Alemania, el cambio societario en Itínere agranda su huella internacional a Canadá, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Singapur y Australia. Otras alianzas, como la de los nuevos dueños de Abertis con Ferrovial en la concesión de la C-36 en San Cugat, o la presencia de esta constructora en Málaga, dan representación también a fondos de Francia, Suiza y Noruega.

En dicho mapamundi de las inversiones en concesiones viarias españolas, Galicia ocupa ahora un papel mínimo, después de la venta de las acciones que Abanca poseía en Itínere. La misma entidad financiera es la que mantiene dos simbólicas presencias en el sector de las autopistas, con un 20,3 % en la AP-53 (Santiago-Dozón), y un 30 % en la AP-46 (Málaga-Las Pedrizas), ambas heredadas de Caixanova.

Fomento y Xunta retoman el lunes la comisión sobre la AP-9 con todas las peticiones gallegas

Tres meses después de que la Consellería de Infraestruturas reclamase una reunión urgente de la comisión bilateral creada con el Ministerio de Fomento para coordinar la actuaciones en la AP-9, la cita ya tiene fecha. Será el lunes cuando la conselleira Ethel Vázquez plantee al secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, la larga lista de reclamaciones que Galicia demanda sobre la principal vía de comunicación de la comunidad.

El encuentro que el ministro José Luis Ábalos mantuvo en Galicia con el presidente de la Xunta el día 3 desbloqueó la cita que se llevará a cabo en el ministerio. Abordar de nuevo qué posibilidades otorga Fomento al traspaso a Galicia de la titularidad de la AP-9 conforma el primer punto de las exigencias del Gobierno autonómico. De momento el ministerio y el PSOE no han desvelado si apoyarán esa transferencia, aunque la petición haya salido del Parlamento gallego con el apoyo reiterado del PSdeG. El Ejecutivo se limita a resaltar su decisión de levantar el veto al debate que sobre el tema había dejado el PP en el Congreso.

La liberalización del peaje de Redondela será otra de las demandas que planteará la Xunta, y sobre la que el ministerio ya ha adelantado que espera información de Audasa para valorar su impacto.

La bonificación para los camioneros que utilicen la autopista en lugar de los tramos de las carreteras convencionales más conflictivos y saturados será también reclamada por la conselleira, quien además reivindicará un calendario sobre obras pendientes en el entorno del vial, como la ampliación de la coruñesa Alfonso Molina, el enlace del Gaiás o la conversión en urbano del tramo de acceso a Vigo.

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