Globalvia compra el 40 % de Itínere y liderará todas las autopistas gallegas

Carlos Punzón
carlos punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA

M.MORALEJO

Audasa deja de tener capital de Galicia al vender Abanca, junto a Kutxa, sus acciones

18 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Día histórico para la AP-9, aunque nada vaya a cambiar para sus usuarios. Itínere, empresa matriz de la concesionaria de la autopista gallega, registró ayer el sexto cambio de accionista mayoritario desde que en 1973 fue adjudicada la construcción y gestión del vial a un grupo de entidades financieras españolas.

Globalvia, empresa gestora de infraestructuras presente en ocho países, ejecutó ayer el acuerdo de compra suscrito en julio para convertirse en accionista de referencia en Itínere con el 55,6 % del capital. Pero el pacto se cumplió ayer solo en parte, lo suficiente para hacer a Globalvia accionista mayoritaria con el 40,11 %, pero sin llegar a conseguir el mando en el grupo empresarial, como pretendía.

En la cita ante notario llevada a cabo en la mañana de ayer en Madrid, los representantes de Abanca (poseía el 23,81 % de las acciones) y de Kutxabank (tenía el 16,30 %) formalizaron la venta de sus participaciones, pero no lo hizo la constructora Sacyr, que había firmado también el 27 de julio el triple acuerdo de venta. La firma española se declaró ayer imposibilitada legalmente para enajenar su 15,51 %.

Fuentes de Sacyr indicaron que sus representantes legales recordaron que el Tribunal de Arbitraje de Madrid dictó el mes pasado una orden cautelar que le impide vender sus participaciones a Globalvia a instancias de Corsair Capital, el fondo de inversiones norteamericano hasta ahora accionista mayoritario (38 %) y que junto con el fondo de pensiones holandés APG pretendía hacerse con la práctica totalidad del capital de Itínere, empezando por las acciones de Sacyr. En sentido contrario, la misma constructora es objeto de otra orden judicial cautelar instada por Globalvia para que no pueda vender a Corsair, al entender que el grupo de capital riesgo americano no ejecutó el derecho de tanteo sobre su oferta, sino que solo planteó comprar a uno de los tres socios españoles que dieron en verano su visto bueno a vender. Globalvia advierte a Sacyr que llevará su incumplimiento del compromiso de venta a los tribunales, además de exigirle 100 millones de euros de penalización, estipulada en el preacuerdo de julio para cualquiera de los tres socios que no ejecutase finalmente dicho pacto.

Sacyr mantiene que ha «cumplido sus obligaciones legales y contractuales y que no tiene que afrontar ninguna indemnización por supuesto incumplimiento del contrato». Añade la constructora que, una vez que se levanten las medidas cautelares, sus órganos colegiados decidirán sobre la venta de sus acciones en Itínere, operación que persigue desde hace años.

309,5 millones para Abanca

La participación heredada por Abanca en Itínere llevaba en venta también casi desde la creación de la entidad financiera. Su participación había sido adquirida en el 2009 de manera concertada entre Caixa Galicia y Caixanova, que en plena fusión de ambas cajas acordaron comprar el mismo porcentaje del grupo matriz de la gestora de la AP-9. La venta de ayer le reportará a Abanca 309,53 millones de euros, y a Kutxa otros 211,9 millones.

Será esta la segunda vez que la autopista gallega se quede sin accionariado de la comunidad. La primera fue entre 1984 y el 2009, cuando Audasa fue cedida al Estado y luego adquirida por Sacyr en el 2003.

La compra realizada convierte a Globalvia en el accionista líder de las gestoras de las cuatro autopistas gallegas: la AP-9, a través de Audasa; las autonómicas AG-55 y AG-57, con Autoestradas de Galicia, y la AP-53, con Acega, donde ya era accionista mayoritario con el 61,39 %, concesionaria en la que Itínere tiene también el 18,36 % del capital.

La venta queda pendiente de un pleito que durará 2 o 3 años

La venta formalizada ayer lleva aparejado un nuevo proceso judicial que se une a los siete en los que están inmersos Itínere y la AP-9. Fuentes de la operación advierten que el pleito anunciado por Globalvia contra Sacyr para dirimir la venta de sus acciones no se resolverá hasta dentro de dos o tres años, dada la complejidad de las ofertas cruzadas, las denuncias, contenciosos y arbitrajes ya iniciados y la cantidad de empresas y alianzas en juego.

Además, aunque Globalvia sea el accionista mayoritario, Corsair sigue dominando el consejo de administración de Itínere, donde cuenta con mayoría absoluta, gracias a un acuerdo con Kutxabank, que sin embargo interpuso hace un año una petición de arbitraje para disolver la alianza que había establecido con el fondo de inversiones norteamericano.

Corsair, que en septiembre anunció que cedía su posición de liderazgo en Itínere al fondo de pensiones holandés APG, encabeza a su vez un fondo participado por siete sociedades de capital riesgo de países como Canadá, Emiratos Árabes, Singapur, Australia y Estados Unidos. Y si internacional es la huella financiera que encabezan Corsair y APG, no lo es menor la de Globalvia. Creada por FCC y Bankia en el 2007, está desde el 2016 en manos de los fondos de pensiones OPTrust (Canadá), PGGM (Holanda) y USS (Reino Unido). Con Abanca y Kutxa fuera, Itínere queda vinculada accionarialmente a quince empresas.

Y mientras Sacyr espera a que le levanten las dos cautelares que le impiden vender sus acciones, Liberbank, la otra entidad financiera presente en Itínere, reiteró ayer su decisión de venta del 5,80 % de sus acciones a favor de Corsair, ya acordada en marzo del 2017. Liberbank reitera que se atiene a ese acuerdo, aunque reconoce que queda a la expectativa de las decisiones judiciales que se vayan produciendo.

Los pleitos cruzados entre Corsair y Globalvia por las acciones de Sacyr; el que anuncia Globalvia contra Sacyr; el arbitraje que Kutxa interpuso contra Corsair, y los que la entidad vasca, Sacyr y Abanca abrieron contra Corsair dan cuenta de la complejidad legal en la que se ha visto inmerso el grupo gestor de la AP-9, autopista que registra además tres contenciosos de Audasa contra Fomento y otros dos del Estado y la Xunta contra la gestora del vial.