La AP-9 se queda sin accionistas gallegos

GALICIA

SANDRA ALONSO

Abanca y Kutxabank firman la venta a Globalvia de su 40,1% en Itínere, pero Corsair Capital y APG podrán recuperar el liderazgo en cuanto formalicen la adquisición pactada de las acciones de Liberbank

17 oct 2018 . Actualizado a las 23:10 h.

La composición accionarial de Itínere, empresa matriz de la gestora de la autopista gallega AP-9, ha registrado hoy un cambio notable. La empresa matriz y, por ello también Audasa, han dejado de contar con accionistas gallegos, situación que ya se registró entre 1984 y 2009, cuando la autopista pasó a manos del Estado primero y a Sacyr íntegramente después en el 2003.   

La desaparición del capital gallego de Itínere se produce al haber entrado en el accionariado la empresa Globalvia, firma dedicada a la gestión de concesiones de infraestructuras. La empresa española ha formalizado esta mañana ante notario el acuerdo que el pasado 27 de julio alcanzó con Abanca, Kutxbank y Sacyr para adquirir sus acciones en Itínere, aunque la ejecución de tal pacto no ha sido completo. La constructora Sacyr no ha acudido a la cita de firma de compra de las acciones, lo que impide a Globalvia haberse hecho con al menos la mitad del capital de la empresa que gestiona la AP-9, las dos autopistas autonómicas gallegas y otras cuatro concesiones en el noroeste peninsular. La incomparecencia de Sacyr deja a Globalvia como mayoritaria pero con la posesión del 40,11% del capital de Itínere, mientras que el fondo de inversiones Corsair Capital, hasta ahora el socio líder, se queda con su 38%.

La incomparecencia de Sacyr al acto de firma de venta de sus acciones ha provocado el anuncio de Globalvia de la interposición de una demanda contra la constructora por no haber cumplido su compromiso de venta, como sí hicieron Abanca y Kutxa. Con dicha demanda, Globalvia trata de hacerse con el 15,51% de las acciones en poder de Sacyr y también recibir una indemnización de 100 millones de euros que los socios españoles de Itínere aceptaron el pasado mes de julio como penalización por si rompían el pacto de venta.