El Concello exige el pago del dinero a una mujer impedida por una operación urbanística que no llegó a cuajar
12 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.María Bahamonde vivía en una de las casas del Agra de San Amaro, con vistas a la torre de Hércules, hasta que las obras de ampliación del paseo marítimo de A Coruña tocaron a su puerta en los noventa. «Prácticamente nos obligaron a irnos», recuerda uno de sus hijos, José Benito Borrazás. Su madre tiene ahora 83 años. «Es gran dependiente, le cuesta moverse de cama», aclara Benito. De aquel episodio han pasado casi 30 años. Hoy no solo sigue sin cerrarse, sino que ha empeorado. «El Ayuntamiento, entonces con Francisco Vázquez, ofreció una permuta de terrenos. Entre todos los propietarios cedimos más de 56.000 metros cuadrados. A cambio, nuestras tierras de labradío pasarían a ser urbanizables. Hubo quien vendió. Mi padre prefirió entrar en una junta de compensación. Pasó a ser propietario, junto con otros cinco particulares y una promotora, Sobresga, de una parcela edificable», explica su hermano, Antonio.
La Unesco y la burbuja
La idea era levantar una urbanización. En su parcela compartida estaría uno de los edificios. Pero la declaración de la torre de Hércules como patrimonio de la humanidad en el 2009 trastocó los planes. «En el Ayuntamiento nos llegaron a decir que nuestra tierra solo valía para plantar flores», dice un indignado José Benito. «Nos quedamos sin nada. Encima tuvimos que volver a dar más metros para un campo de golf», añade Antonio.
Lo peor estaba por venir. «Sobresga, la propietaria del 68 % del terreno, tuvo problemas económicos por la crisis», indica Antonio, mientras señala la finca, hoy cubierta de maleza y en la que sobresale una palmera. «Es lo único que queda de lo que fue nuestro hogar», lamenta José Benito. «Lo lógico sería compensar a estos propietarios, o con otro terreno o con una cantidad económica por una situación sobrevenida», expone César Pérez, del despacho de gestión urbanística Lumieira. Su padre, Juan Pérez, fue el asesor de la junta de compensación en la que estaba María Bahamonde. «El Plan Xeral cambió por la declaración de la Unesco justo antes de que les dieran la licencia de obra. Su parcela estaba inscrita en el catastro y dada de alta en el Registro de la Propiedad», detalla César Pérez.
Todo embargado
Mientras los gobiernos municipales siguientes, el del socialista Javier Losada y el del popular Carlos Negreira, les dieron largas, a pesar de reconocer que los dejaran «en la estacada», el de la Marea les propinó, denuncian ambos hermanos, el golpe final. «En noviembre del 2015 mi madre recibió una notificación. Era del Concello. Le comunicaba que debía 155.000 euros por el impago del impuesto de bienes inmuebles (IBI) del 2007 al 2014. Resulta que Sobresga dejó de abonar la tasa, como teníamos pactado en la junta de compensación», reprocha José Benito.
«La constructora no nos avisó. Pero, aun así, mi madre solo es propietaria de 1.700 metros que, encima, ahora no son urbanizables. ¿Cómo se justifica un IBI que sale a unos 20.000 euros al año por una leira?», exclama José.
«Somos conocedores de este problema. Es un error. El IBI lo tienen que aportar entre todos los propietarios. Como su madre figura de primera, le ordenan pagar todo», reconoce César Pérez. «Consta como la subsidiaria. ¡Apenas es dueña del 7 % de la parcela!», explota José Benito.
Aseguran que le han embargado todo, hasta la pensión. «Recurrimos. Ahora el Concello le deja el equivalente al salario mínimo. Hasta le sacan los nueve euros que le ingresamos para el mantenimiento de la cuenta. Por si fuera poco, el banco cobra por el adelanto del pago de facturas como la luz, pero es que no podemos tener nada domiciliado», revelan.
Llevan meses pidiendo una solución. «Dicen que denunciemos ante la Justicia a los otros copropietarios. En un encuentro con los vecinos, un responsable del Concello llamó a mi madre especuladora. Vive de alquiler y lo ha perdido todo. ¿Eso es ser especuladora?», se pregunta José Benito. No ven una salida a una «injusticia» que será su herencia.
Un conflicto enquistado en María Pita desde hace más de veinticinco años
Aunque las promociones en Agra de San Amaro estaban incluidas en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de A Coruña de 1998, la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia prohíbe las edificaciones que limiten el campo visual de monumentos. El espacio de la polémica -una permuta por los terrenos para ampliar el paseo marítimo- está en el perímetro de protección de la torre de Hércules, reconocida por la Unesco desde 1999. La construcción de la urbanización planificada cuando Francisco Vázquez era alcalde se paralizó. Los gobiernos sucesivos de Javier Losada (PSdeG) y Carlos Negreira (PPdeG) denegaron las licencias de construcción y llegaron a hablar de compensación económica o nueva permuta en otra zona. Nunca se materializó nada.