Las resoluciones del debate de la autonomía: investigar al Rey, entrar gratis al pórtico de la Gloria o prohibir las gasolineras automáticas

Domingos Sampedro / Mario Beramendi SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

PACO RODRÍGUEZ

Los grupos parlamentarios presentan 160 iniciativas al debate sobre estado de la autonomía que, en la mayoría de los casos, no verán la luz

10 oct 2018 . Actualizado a las 14:57 h.

Los cuatro grupos políticos del Parlamento presentaron este miércoles las propuestas de resolución que serán votadas en la última sesión del debate sobre el estado de la autonomía, previsto para este jueves. Hay un cupo de 40 iniciativas por cada grupo, hasta un total de 160, pero la gran mayoría no verán la luz, pues solo tienen perspectivas de ser aprobadas las que promueve el PP, que tiene mayoría absoluta, o las que decida apoyar de las fuerzas de la oposición. Entre las resoluciones destacan algunas llamativas como la propuesta de acabar con la inmunidad del Rey Emérito para que pueda ser investigado, garantizar el acceso gratuito al pórtico de la Gloria, prohibir las gasolineras que no estén atendidas por personas o condenar el «abuso das perrogativas parlamentarias», en clara alusión al incidente protagonizado por la diputada Paula Quinteiro y a las acusaciones vertidas contra el PP por Luís Villares.

El Grupo Popular reconvirtió en resoluciones buena parte de los anuncios y compromisos asumidos por el presidente Feijoo en la apertura del debate. Las rebajas fiscales selectivas, la convocatoria de la conferencia de presidentes autonómicos, el plan estratégico sobre la hospitalización a domicilio o la ley de impulso demográfico son algunas de ellas. A su lado hay otras como la condena del abuso de las prerrogativas, la inviolabilidad y la inmunidad parlamentarias o el impulso a facilitar la «localización, exhumación e traslado» de los restos mortales de las víctimas de la guerra civil y la represión franquista, una labor que el PP propone abordar en coordinación con la Fegamp y la Administración del Estado.

Desde En Marea dirigen buena parte de sus propuestas a combatir la desigualdad, la precariedad laboral o la pobreza infantil e inciden en cuestiones soberanistas, como el «dereito a decidir» en Galicia. El grupo liderado por Villares plantea una delegación propia para Galicia de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de contribuir a la regeneración política y combatir la corrupción. También destaca una resolución para dotar presupuestariamente la ley de protección de animales de compañía con un mínimo de 2 millones de euros ante el auge de los casos de abandono.

Los socialistas atemperan el tono de las resoluciones reivindicativas ante el Gobierno central, aunque mantienen banderas como la petición del traspaso de la AP-9, pedida también por los demás grupos, o la recuperación del pazo de Meirás. Otras, como la dirigida a «favorecer» la senda de déficit aprobada por el Ejecutivo de Sánchez, son importadas de Madrid y algunas son aportaciones novedosas, como la petición para garantizar la visita «libre e gratuita» de toda la ciudadanía al pórtico de la Gloria una vez que reabra, en línea con un pronunciamiento que se produjo en la comisión de Cultura. El viceportavoz del PSdeG, Patricia Vilán, aseguró que pedirán la reprobación del alcalde de Vilanova por llamar «chacha para todo» a la presidenta de la Diputación de Pontevedra y plantean prohibir las «gasolineiras desatendidas», que carecen de personal, por entender que no son seguras.

El BNG traslada a sus resoluciones concepciones programáticas, como la autodeterminación, banca pública o tarifa eléctrica gallega, y al mismo tiempo plantea demandas sociales como que la Xunta asuma un incremento mensual de 100 euros en las pensiones no contributivas más bajas, que cobran 40.000 gallegos. En el apartado cultural, plantea una resolución para que el Gobierno adquiera la casa natal de Castelao en Rianxo y el cuadro A derradeira lección do mestre, obra traída desde Argentina para exhibirla en el Gaiás. Como nota más curiosa, el grupo de Ana Pontón pide censurar a la monarquía como institución heredera del franquismo y demanda acabar con la inviolabilidad del rey emérito para que se investiguen presuntas prácticas corruptas.