La ley de desalojo exprés de okupas cumple tres meses sin resultados aún

A abogados, inmobiliarias y firmas de seguridad no les constan aún expulsiones urgentes


vigo / la voz

Ni abogados, ni agentes inmobiliarios, ni empresas especializadas en recuperar inmuebles asaltados tienen constancia de que los desalojos exprés de okupas se hayan convertido en una realidad tres meses después de haber sido aprobada la posibilidad legal de expulsar en tan solo cinco días a cualquier usurpador de una propiedad. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entró en vigor en junio para facilitar una salida urgente a los afectados por las okupaciones, no ha cuajado aún, pese a la urgencia con la que el cambio legal fue instado y tramitado en las Cortes.

«Nada, no ha tenido todavía una traducción práctica, porque aunque el cambio legal pueda ser incluso una maravilla, la carga de trabajo que soportan los juzgados hace que, cuando un perjudicado por una okupación vaya a reclamar un desalojo urgente, lo que se va a encontrar es con el colapso y el atasco judicial que hace que ya no haya posibilidad de aplicar las prometidas expulsiones urgentes», lamenta la abogada Anna Nicolás, una de las especialistas requeridas por el Congreso de los Diputados para argumentar la reforma legal aprobada este año. «Hay calles enteras ocupadas, y ahí siguen, el cambio legal no les ha supuesto nada», concluye la letrada especializada en procedimientos de recuperación de inmuebles.

La huelga en Galicia incide

Similar impresión mantiene también el abogado coruñés Esteban Rico, que añade a la razón del atasco judicial los efectos en Galicia de la huelga del personal de Justicia y las vacaciones en el sector durante el mes de agosto.

Desde el campo inmobiliario tampoco se percibe cambio alguno. «Aún es pronto para notarlo, pero en cambio sí que se han disparado las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por encima del 60 %», alerta Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias.

Casas de emigrantes en venta

La patronal del sector certifica que la preocupación frente al fenómeno okupa en Galicia crece y se ha extendido al colectivo emigrante. «Los hijos de los que se marcharon en los años sesenta y setenta han puesto en venta este verano en mayor porcentaje que en años anteriores las viviendas de sus padres y antepasados», señala Iglesias. El presidente de los inmobiliarios sitúa esa mayor oferta de casonas de los hijos de los emigrantes en las provincias de Ourense y el interior de la de Pontevedra.

«Esto ya no les tira tanto y muestran su preocupación por si se mete alguien en sus casas familiares y se las acaban destrozando», señala el presidente de la Federación Gallega, que añade también el incremento del recibo del IBI a las razones por las que desde la emigración se está instando más en este año a la venta de propiedades familiares.

«Me voy para Fuerteventura a desalojar diez viviendas, cuando acabe iré a Barcelona a recuperar otras tantas, y luego viajaremos a Madrid a otro encargo», anuncia Jaime Sanz, responsable de la empresa Desokupación Legal. «Me acaban de pedir 10.000 euros por dejar una casa okupada en Fuengirola propiedad de una señora inglesa que se ha encontrado con la vivienda llena al volver a España», dice Sanz, asegurando que la okupaciones siguen creciendo pese a la herramienta del desalojo exprés, que mantiene no haber conocido aún de manera práctica. «La jueza negó la devolución de la casa a la señora, porque los okupantes aportaron un contrato de alquiler que se detecta que es falso, pero les vale para que no los echen», concluye.

Querella criminal y denuncia por allanamiento contra el dueño de una casa asaltada

La diputada ponente que posibilitó el cambio legal en el ordenamiento jurídico español para amparar los desalojos exprés de okupas constata el interés que la medida ha levantado entre colectivos afectados por la usurpación de propiedades o comunidades que temen ser víctimas de asaltos. Lourdes Ciuró (del PDECat) asegura estar recibiendo muchas consultas sobre los extremos que conlleva la reforma y los pasos a dar para instar un desalojo urgente de una propiedad, pero reconoce no tener tampoco constancia de la efectividad de la medida en sus tres primeros meses de vida útil.

«Lo que se ha disparado este verano es la venta de alarmas», contrasta la diputada catalana, abogada especializada en derecho civil inmobiliario y registral.

Pese al avance y debate que ha propiciado el poder legislativo con la comparecencia de expertos en el Congreso y la adaptación de las herramientas legales para hacer frente a las okupaciones, Ciuró advierte que sigue habiendo indefensión por parte de quienes ven asaltadas sus propiedades.

Con abogado de oficio

«Este mes de julio ha surgido en Sabadell un caso en el que el okupa ha acusado al propietario de la vivienda de acoso y allanamiento de morada, y le ha interpuesto una querella criminal echando para ello mano de abogados de oficio», relata la diputada catalana. Esa iniciativa legal utilizada por el okupa ha paralizado la vía civil abierta contra la usurpación de la vivienda y que posibilitaba el desalojo exprés, con lo que la vía legal aprobada en junio en las Cortes queda sin posibilidad de ser empleada.

El texto que acompaña la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ampara ahora los desalojos urgentes de okupas advierte que la realidad del fenómeno de usurpación de viviendas en España no está relacionado «en la mayor parte de los casos con situaciones de extrema necesidad», y atribuyendo su motivación a «fenómenos de ocupación ilegal premeditada con finalidad lucrativa, que aprovecha de forma muy reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables».

La disposición firmada por el rey deja claro que el fenómeno okupa «se ampara en la alta sensibilidad social para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad».

Un cambio legal para recuperar la vivienda en cinco días

El respaldo legal otorgado a los desalojos exprés de okupas nace al concluir las Cortes que ninguno de los cauces previstos en la vía civil para recuperar inmuebles asaltados por la fuerza «resultan plenamente satisfactorios», ni ágiles, pues «se demoran temporalmente de forma extraordinaria, con los consiguientes perjuicios de los legítimos poseedores de la vivienda, en muchos casos también con una difícil situación económica, personal o familiar», se hace constar en la Ley que entró en vigor en junio.

Tras advertir que «están identificadas verdaderas actuaciones organizadas, muy lucrativas y de carácter mafioso», el texto de la reforma legal reconoce que la vía penal no puede convertirse en herramienta general contra las okupaciones. Por ello habilita los desalojos exprés, que permite solicitar la «inmediata recuperación» de una vivienda para quien se haya visto privado de ella sin consentimiento y pueda demostrar con algún título ser su propietario. La demanda de recuperación se puede plantear ahora contra los ocupantes de la vivienda de manera genérica, sin necesidad de conocer sus identidades, y se notificará a quien se encuentre en el inmueble, sin obligación de advertir a cada uno de los okupas, para vencer así el obstáculo que suponía la rotación de asaltantes y la imposibilidad de requerir judicialmente a todos los posibles inquilinos ilegales. La notificación de la demanda de recuperación se podrá hacer a los «ignorados ocupantes de la vivienda», cubriendo todo el espectro de identidades posibles. Estos serán conminados a abandonar el inmueble en cinco días como máximo, y no hay posibilidad de recurso alguno por parte de los okupantes si el título de posesión del propietario es suficientemente claro.

Eso sí, los servicios sociales serán siempre avisados para que valoren la situación de los desalojados.

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