Luces y sombras de la escuela concertada en Galicia

La escuela concertada genera opiniones encontradas, algunas fruto de los mitos y otras con base real. Este es un repaso a los aspectos más discutidos: 

Los cobros a familias

Quién controla lo que pagan las familias. La Consellería de Educación niega hacer la vista gorda con el cobro irregular a las familias en la concertada. Explican que la normativa contempla tres tipos de cobros en estos colegios: por las actividades complementarias, por las actividades extraordinarias y por los servicios complementarios. Estos últimos son el comedor o el transporte, y las actividades extraordinarias (o extraescolares) son las que se desarrollan fuera del horario escolar; las cuotas deben ser aprobadas por el consejo escolar y comunicadas a la Xunta. Las actividades complementarias, aquellas que se realizan en horario escolar, deben en cambio ser aprobadas por el consejo escolar y por Educación. «A xestión realízase nas xefaturas territoriais, supervisando o programa destes centros e comprobando que se adecúen á normativa», dice la Xunta. Y recalca: si una familia cree que el centro cobra por un servicio no recibido o con el que no está de acuerdo, debe denunciarlo a Inspección. 

La cuota extra. Es relativamente habitual que en el recibo de los colegios aparezca el epígrafe «actividades complementarias» con una cantidad variable (de 5 a 100 euros). Los centros que reconocen este pago destacan que es absolutamente voluntario, que la familia lo tiene que autorizar previamente y que si se hace a una fundación, desgrava en el IRPF. Lo que se niega rotundamente es que se pase al cobro una cantidad no justificada o irregular, y Escolas Católicas (que agrupa a más de cien colegios religiosos) aconseja a quien así lo vea que reclame al centro y, si no le atienden, lo denuncie a Inspección. 

¿Elitistas?

Seleccionar alumnado. Los centros concertados insisten en que no hay selección del alumnado, aunque asumen que pagar comedor o transporte, en caso de ser necesario, es una barrera de facto. Recalcan que casi todos tienen ayudas para las familias que las necesiten, y recuerdan que muchos colegios de los centros urbanos no sucumbieron a la tentación de vender durante el bum de la construcción, a pesar de los millones ofrecidos y las instalaciones que podían construir en el extrarradio, para evitar gastos como transporte y comedor, y para seguir cerca de las zonas menos favorecidas.

Animar a los «malos» estudiantes a irse. Los datos del Ministerio de Educación (estadística 2015/16) indican que en la escuela pública se pierde el 20 % del alumnado entre 1.º y 4.º de ESO en Galicia frente al 16 % en la concertada; en primero de bachillerato aprueban todo el curso el 49 % del alumnado en la pública y el 74 % de la privada. Además, las notas en la selectividad comparada con las medias en bachillerato no demuestran diferencias según la titularidad del centro. 

La cuestión religiosa

Religión sí o sí. Por ley, la escuela no puede obligar al alumno a coger Religión, sin embargo en muchos centros religiosos (no todos los concertados lo son) no hay opción b, una realidad que los colegios niegan. 

No sin la DECA. En los centros religiosos se está haciendo cada vez más habitual que se exija la DECA (declaración eclesiástica de competencia académica) al aspirante a profesor de infantil y primaria. Es un diploma de la Conferencia Episcopal Española tras un curso de cuatro asignaturas que cuesta entre 700 y 1.800 euros. Tradicionalmente, a los profesores no se les exigía actividad pastoral, pero ahora es cada vez más común. 

Financiación pública escasa y sin becas para comedor y transporte

Claramente insuficiente y sin becas para el transporte o comedor, la financiación pública puede ser una de las causas de que los centros concertados se vean en la obligación de pedir cuotas. 

Financiación pública

Cuánto gasta la Xunta. A la educación del 27 % del alumnado, la Xunta destina el 17 % de lo que consigna en su presupuesto para centros (es decir, 270 millones de euros). En esta cantidad a la escuela concertada se incluyen los sueldos de los profesores (que no pasan por el colegio) y un dinero para el personal de administración y servicios y para los gastos corrientes de los casi 300 centros (calefacción, arreglo de mobiliario, fotocopias, luz...). 

Un ejemplo estándar. Un supuesto colegio de un aula por curso en infantil, primaria y ESO, recibiría de Educación 860.000 euros al año. Este dinero sería para todo: sueldos (incluso terapeutas, apoyos, desdoblamientos...), complementos de sueldos, gastos de mantenimiento, personal administrativo... En este colegio estándar, las aulas acogen a unos 345 alumnos, lo que supone que la Xunta invierte algo menos de 2.500 euros por niño y año. En los grandes números, se dice que Galicia destina a Educación 6.200 euros por alumno. 

¿Cuánto cuesta un colegio público igual? La Xunta no dispone de datos sobre el coste de cada colegio concreto, (profesores, gastos corrientes, construcción...) por lo que no se pueden comparar los casos. 

Gastos diferentes

El transporte, financiado en la pública al 100 %. La Xunta incluye de forma gratuita el transporte de 774 colegios públicos, para lo que destina 120 millones de euros al año. En la enseñanza concertada, todo el gasto corre a cuenta de las familias. 

El comedor. La Xunta presume de que el 90 % de los alumnos de la escuela pública reciben alguna ayuda para pagar el comedor. El 10 % restante solo abona 4,5 euros por día, ya que se trata de una cantidad subvencionada. Las ayudas de la Xunta no se aplican para los colegios concertados, que pagan también enteramente las familias. Esta es una de las peticiones más repetidas en la concertada: no que la Administración les dé dinero, sino que ayude a las familias con el transporte y el comedor. 

El mantenimiento, municipal. En la escuela pública, el mantenimiento de los centros corre a cargo de los concellos, así como el personal auxiliar (administrativos y conserjes). Muchos ayuntamientos pagan extras, desde el comedor gratuito para todo el alumnado a clases de inglés. Según datos de Hacienda, los concellos gallegos destinan en conjunto unos 100 millones de euros al año para el mantenimiento y atención de los centros públicos. 

Las familias buscan un centro con un proyecto estable y al menos tres etapas educativas

Las cifras gallegas se mantienen desde hace muchos años en parámetros similares: el 70 % de alumnado va a la escuela pública; algo más del 27 % a la concertada y el resto, menos del 3 %, a la privada cien por cien. Hay muchas razones que se esgrimen para preferir la concertada: incluye las tres o cuatro etapas no universitarias (en la pública, como mucho son tres, en los CPI, que tienen un gran éxito); mantienen un claustro mucho más estable; y pueden tener un horario más amplio. El ideario del centro, el prestigio y la idea de una mayor relación con las familias son otros motivos que apuntan las familias.

Los concertados argumentan que en ningún caso es rentable un centro educativo como negocio, algo que hasta sus detractores reconocen en privado. Sin embargo, lo que para los colegios concertados es vocación social, para sus críticos no es más que ejercer un poder soft, una enorme influencia social.

Los docentes exigen: a mismo trabajo, mismo sueldo

Es el grito de guerra de los profesores de la concertada: si dos maestros pagados por la Administración preparan al mismo número de alumnos en idénticos currículos y títulos, deben recibir sueldos iguales. Pero desde el primer mes hay diferencias, que se agrandan con los sexenios: en secundaria, a los 24 años de carrera, en la concertada gana el 84 % del sueldo de la pública. 

Profesores «enchufados». En la concertada los docentes no necesitan oposición y no hay obligación de dar una información transparente de la contratación. Algunas voces exigen que pasen por las oposiciones; otras recuerdan que los interinos de la pública tampoco tienen que haber aprobado los exámenes.

Menos pluses. Con la crisis, los docentes de la concertada perdieron una paga que obtenían a los 25 años de trabajo. Solo cobran por un puesto directivo si es jefatura de estudios o dirección, cuando les correspondería el plus de coordinación de dinamización lingüística (obligatorio por ley) y el de jefatura de departamento. Y critican que desde el 2009 no hay un compromiso de mantenimiento del empleo.