Un Gobierno gallego con tamaño de comunidad histórica

Iguala con 11 consellerías al País Vasco y solo es superada por Cataluña y Andalucía, con 13


redacción / la voz

El organigrama o la estructura de los Gobiernos autonómicos suele ser una buena pista de su inspiración política. Los más clásicos, a menudo en manos del PP y el PSOE, apenas se separan de las categorías tradicionales en torno a las que se estructuraron los Gabinetes gubernamentales durante el siglo XX (Sanidad, Educación, Fomento, Economía y Hacienda...). Otros Ejecutivos, influenciados por la impronta de las coaliciones con formaciones de la autodenominada nueva política, asumen la retórica de las fuerzas emergentes, con denominaciones para los departamentos que son casi decálogos doctrinales. Como se verá más adelante, la Comunidad Valenciana sería la más audaz en terminología, con consejerías bautizadas con nombres que desafían a los membretes. Es el caso de la rimbombante Consejería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, que parece más un epígrafe constitucional que un órgano de gobierno. 

Galicia y su Xunta se enmarcarían en un clasicismo avanzado, con algunas pinceladas de las nuevas preocupaciones sociopolíticas en una estructura que es comprensible para cualquiera. Así, incorpora a la Consellería de Infraestruturas el concepto de movilidad, más acorde con los tiempos que corren, una filosofía del transporte que tan solo Aragón ha incluido en su Gabinete. E incorporar un nombre implica jerarquizarlo, dar prioridad a la acción política en ese ámbito.

El tamaño importa, pero relativamente. Un número modesto de consejerías no siempre refleja una burocracia encogida. Extremadura solo tiene seis -es la que cuenta con la estructura más simplificada de las diecisiete comunidades autónomas-, pero en ellas se agrupan múltiples segundos niveles en forma de direcciones generales que en realidad son casi como consejerías.

El aumento de tamaño del Gobierno gallego con una consellería más -al separarse Educación y Cultura- la sitúa al nivel de las comunidades históricas. El ránking en número de departamentos gubernamentales lo encabezan Cataluña y Andalucía, con 13, mientras que Galicia empata a 11 con el País Vasco. Por otra parte, la unión de Educación y Cultura, con tanto predicamento en la tradición política española, sigue teniendo seguidores: Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón (estas tres últimas incluyen Deporte para ser aún más castizos). No obstante, esta área suele acompañarse de múltiples apellidos. Por la Educación a secas apuestan Cataluña, País Vasco, Andalucía, Navarra, Castilla y León. Solo Galicia da visibilidad a la Formación Profesional.

Volviendo a las dimensiones de los consejos de gobierno, la clase media autonómica se organiza en torno a las diez o nueve consejerías. En el primer caso están Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares. En el segundo, el mayoritario, se encuentran Castilla y León, Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana y Navarra. La mayoría de los territorios uniprovinciales (Principado de Asturias, Cantabria y La Rioja) diseñaron un Gobierno con ocho consejerías, un molde que rompen Murcia y Navarra. País Vasco, Cataluña y Aragón denominan departamentos a lo que el resto llaman consejerías. 

Idiosincrasia territorial

A menudo la estructura del Gobierno refleja la realidad del territorio. Galicia es la única con una Consellería do Mar por razones obvias. Aragón, que también tiene un serio problema demográfico, tiene un ministerio de Vertebración Territorial, al que adosa Movilidad y Vivienda. Solo Andalucía da relevancia al municipalismo en su Consejería de Presidencia, a la que se suma Administración Local y la inédita Memoria Democrática, que incluye todas las acciones dirigidas a cumplir con la ley de memoria histórica.

Como se recordó antes, la Comunidad Valenciana, donde gobierna el PSOE con Compromís, es la más proclive a la originalidad. A la consejería ya mencionada antes se suma la de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, o la de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

La organización autonómica también da cuenta de los equilibrios de poder en caso de que se formen Gobiernos de coalición. Es lo que pasa en Navarra, donde hay dos vicepresidencias, una de Desarrollo Económico y otra de Derechos Sociales, o en Castilla-La Mancha, también con dos vicepresidentes con atribuciones más inciertas. En la Comunidad Valenciana, la vicepresidenta de Compromís también es portavoz.

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