El futuro de la AP-9 se enreda con siete pleitos por su venta y recaudación

Corsair bloquea también la oferta de compra que hizo Globalvia en verano a Sacyr, Abanca y Kutxabank


vigo / la voz

Definitivamente el futuro de la AP-9 y de Itínere, la empresa matriz de la que depende Audasa, pasará por lo que dicten los tribunales. Siete litigios se agolpan y entrecruzan ya para dirimir la venta de acciones del grupo que gestiona seis autopistas en el norte de España y para discutir también con la Administración central los términos que rigen en la recaudación de los peajes en la principal autopista de Galicia.

Ayer se registró el séptimo litigio de los que comenzaron a encadenarse hace un año con los movimientos de venta en el accionariado de Itínere. Tras bloquear Globalvia judicialmente el lunes la posibilidad de que los fondos de inversión extranjeros mayoritarios en la empresa lleguen a controlar más de la mitad de las acciones con la compra del 15,5 % que posee Sacyr, ayer dichas firmas de capital riesgo, encabezadas por la norteamericana Corsair Capital, presentaron una petición de arbitraje en la Cámara de Comercio de Madrid para impedir también que su rival adquiera las participaciones de la constructora española.

Fuentes jurídicas ligadas a las ofertas de compra de la matriz de la AP-9 indicaron a La Voz que el bloqueo solicitado impide que Sacyr pueda vender a Globalvia, pero en realidad lo que frena también es que Globalvia pueda cristalizar el 1 de octubre la oferta de compra ya comprometida en julio por los tres accionistas minoritarios: la misma constructora, Abanca y Kutxabank, que suman el 55,6 % del accionariado. Casi nada se podrá variar en la composición de Itínere, por tanto, hasta que hablen los tribunales.

Los dos pleitos entrecruzados de esta semana se suman a otros dos interpuestos también ante el Tribunal de Arbitraje el año pasado por Abanca, Sacyr y Kutxabank contra Corsair por vetar la venta y desinversión en la empresa gestora de concesiones de autopista que los tres minoritarios pretenden desde hace años. Kutxa, de manera individual, interpuso otro arbitraje a mayores para romper con la sociedad Arecibo, formada con Corsair para dominar el accionariado y la gestión de Itínere.

Y mientras se complican los problemas societarios de la matriz de Audasa, la gestora de la AP-9 acumula otros tres contencioso-administrativos ante el Ministerio de Fomento para discutir el pago de peajes y la recaudación en la principal autopista gallega. El último de los tres contenciosos fue interpuesto por la gestora de la autopista al considerar que no hay razón legal por la que Fomento no la haya autorizado a comenzar a aplicar el pasado 1 de enero las subidas de un 1 % anual que durante 20 años podrá acumular para amortizar los 219 millones que reclama por las obras de ampliación de Rande y Santiago, incrementadas en un 8 % de intereses al año por demora.

En un contencioso anterior llevado ya al Tribunal Supremo, Audasa discrepa de la decisión del Ministerio de Fomento de rebajar a la mitad la cuantía que abona por la gratuidad de Rande y A Barcala. Asegura la compañía que en el 2017 tal medida le costó 2,2 millones en solo medio año. Y el pleito más antiguo, para reclamar el importe que ha dejado de ingresar por la gratuidad en el eje Vigo-Pontevedra, 18,2 millones hasta ahora, data del 2017.

El Parlamento pide a Fomento que estudie el posible rescate de la autopista gallega

Los cuatro partidos presentes en el Parlamento gallego contemplan por primera vez la posibilidad de acabar con la concesión que Audasa tiene en la AP-9 hasta el año 2048. A iniciativa del BNG, pero con el respaldo de los demás partidos, el Parlamento decidió instar al Ministerio de Fomento a que en tres meses elabore un estudio de viabilidad sobre el rescate de la autopista para lo público, contemplando el coste económico de tener que indemnizar a Audasa por sus inversiones y los ingresos que dejaría de obtener, así como también para conocer el impacto tarifario que tendría para los usuarios el no tener que pagar el porcentaje de beneficio empresarial, que en el caso de la principal autopista gallega es de uno de cada tres euros que ingresa.

Todos los grupos consideraron como deficiente la calidad del servicio que presta Audasa, por lo que instaron a Fomento a realizar una auditoría global sobre la autopista y en concreto sobre cómo se han llevado a cabo las obras de Rande y cómo siguen afectando al tráfico. La Cámara acordó además conminar a la Xunta a pedir la apertura de expedientes informativos y sancionadores a Audasa por «as reiteradas retencións e atascos que se producen na AP-9» y aplicar compensaciones a los afectados.

También en el Congreso

El Parlamento gallego volvió a reiterar también su exigencia de que Fomento transfiera cuanto antes la titularidad de la AP-9 a la Xunta para ejercer un control más cercano sobre la concesión. Dicha reivindicación fue, sin embargo, eludida en una proposición no de ley que el PP presentó ayer en el Congreso. El grupo Popular no insta en Madrid dicho traspaso, pero sí estima en su argumentación que la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo ha supuesto «que se desvíe el foco de atención de las infraestructuras gallegas a otros territorios».

La propuesta popular reclama que no se vuelvan a subir los peajes para acometer obras y mejoras en la AP-9; que se elimine el peaje de Redondela, como estaba comprometido por el anterior Gobierno; que se compense a la parroquia de Chapela por las obras y afecciones del vial; que se acometan todos los proyectos pendientes (Pontevedra norte, entronque con la vía Ártabra, Alfonso Molina y Orbital de Santiago); que se haga urbana la AP-9 en Vigo, y que se reúna la comisión bilateral sobre el vial de Xunta y Fomento para abordar dichas exigencias.

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