Más de 20.000 trabajadores del Sergas se anotan a la nueva carrera profesional
GALICIA
La oposición critica que un tercio de los empleados queden fuera de la subida salarial
26 sep 2018 . Actualizado a las 13:19 h.El Gobierno gallego alcanzó el pasado mes de julio un acuerdo histórico con los sindicatos CESM, SATSE, UGT, CSIF y CIG para crear la nueva carrera profesional del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que abre la puerta a que el personal estable acceda a complementos retributivos en función de la antigüedad y el acceso a los cuatro grados o niveles establecidos. Por lo pronto, son ya 20.600 empleados los que han solicitado el reconocimiento de algún grado, según expuso ayer el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, en el transcurso de una comparecencia parlamentaria que la oposición aprovechó para advertir que un tercio de los empleados del Sergas, los que tienen contratos eventuales y más precarizados, quedarán al margen de las ventajas pactadas.
Durante una intervención muy sucinta y pegada a los términos del acuerdo, Vázquez Almuíña puso de relieve que las 20.600 solicitudes de acceso a la nueva carrera profesional representan el 96 % de las posibles peticiones que pueden llegar por esta vía. El plazo de inscripciones está abierto hasta el 28 de septiembre y para entonces la Xunta cuenta con tener en torno a 22.000 trabajadores incorporados a la carrera, que es un reconocimiento a la trayectoria laboral que implica un incremento retributivo con cada nuevo grado alcanzado similar al de los trienios.
Este régimen va dirigido, según expuso el conselleiro, a los profesionales que «estean en situación de activo a 1 de xullo de 2018» y que durante los años de la crisis económica «viron paralizada a posibilidade de progresar nos graos». La adscripción a la nueva carrera comportará «un incremento retributivo medio dun 6 %», dijo Vázquez Almuíña, que será abonado en un 60 % en el año 2019 para llegar al 100 % en el 2020.
«Algunhas eivas»
Los representantes de la oposición saludaron el acuerdo, que calificaron de «avance», aunque insistieron en atribuir todos los méritos a las centrales sindicales y a la Xunta la acusaron de haberlo frenado durante años. También afearon que el pacto contenga «algunhas eivas», dijo el socialista Julio Torrado, que insistió en que «un terzo dos profesionais quedan fóra» de lo acordado.
Eva Solla (En Marea) y Montse Prado (BNG) también coincidieron con los socialistas en censurar que este acuerdo no resuelve la «precariedade laboral» en el Sergas ni los contratos por horas o por días, y se mostraron unánimes a la hora de sacar a colación el caso del fallecimiento de un paciente en el PAC de A Estrada sin que llegara a ser atendido por ningún médico. «Isto é un lavado de cara», dijo Eva Solla sobre la comparecencia, un intento de «tapar» los problemas de la sanidad con una «nova positiva».
El conselleiro, en cambio, puso en valor que el acuerdo sobre la carrera profesional también permitirá que los interinos, unas 3.000 personas, «poidan ter recoñecidos os anos traballados» de forma equiparable a los profesionales estables. «Para nós, o acordo de carreira profesional é histórico», abundó Vázquez Almuíña, pues entiende que «blinda a equiparación de dereitos» entre todo el personal, garantizando un trato igualitario con los interinos. Eso sí, el Sergas cuenta con un plantel de 37.000 empleados y, por los datos aportados por el conselleiro de Sanidade, el acceso a los grados de la carrera profesional va a estar al alcance de unos 22.000 profesionales en la primera fase.
Desde la oposición echaron en falta que el conselleiro no compareciera para hablar de otras cuestiones, como los recortes en la sanidad o la privatización de servicios, materia que, no obstante, se abordará en la comisión de investigación que se abrirá mañana en el Parlamento, junto a otra sobre el accidente de O Marisquiño.
El PSOE frustra el acuerdo sobre Meirás para no contrariar al Gobierno central
El PSOE gallego se mantuvo ayer firme y decidió no secundar la declaración institucional que intentó impulsar el BNG, con el apoyo del PP y En Marea, para emplazar a la Administración del Estado a emprender de inmediato acciones legales encaminadas a recuperar el pazo de Meirás para el patrimonio público. Los socialistas optaron por frustrar el acuerdo institucional, que para ver la luz requería de la unanimidad de los grupos, para no contrariar al Gobierno de Pedro Sánchez con una nueva reclamación desde Galicia. La declaración institucional es un acuerdo que tiene más fuerza simbólica que efectiva y, en todo caso, el Parlamento ya pactó trasladar esa petición a Madrid, una tarea que la Xunta realizó ya en julio.