El PSdeG frena un acuerdo para urgir al Estado a recuperar ya el pazo de Meirás

La Xunta insiste en que es el ministerio el que debe actuar para recuperar la propiedad

c. d. l. p.
redacción / la voz

La operación realizada por uno de los nietos del general Franco, Francisco Franco Martínez-Bordiú, que intenta vender su supuesta participación en el pazo de Meirás a una empresa de su propiedad, encendió las alarmas en el Parlamento gallego, que el pasado mes de julio acordó por unanimidad una hoja de ruta dirigida a recuperar el inmueble para el patrimonio público. Los grupos políticos se posicionaron a favor de que sea el Gobierno central el que emprenda acciones legales, y al hilo de los últimos acontecimientos intentan promover una declaración institucional para que Madrid actúe con mayor rapidez, resolución que han frenado en seco los socialistas gallegos.

El consenso político suscitado en julio para la recuperación del pazo de Meirás pende ahora de un hilo. Fue la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien ayer planteó aprobar la declaración institucional en el pleno que se celebra hoy, pues entiende que este asunto es «unha prioridade» y la Administración del Estado no puede ser «cómplice das artimañas» de la familia Franco.

La declaración institucional es un texto que solo necesita de un requisito para que sea leído y adoptado por el pleno del Parlamento. Y ese requisito consiste en que todos los grupos políticos deben estar de acuerdo en torno al contenido del documento, algo que el PSdeG no estaba dispuesto a facilitar.

«Non me parece a vía máis axeitada», dijo ayer Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz de los socialistas, sobre la oportunidad de promover la declaración institucional que le hizo llegar el BNG. Y es que Leiceaga puso por delante que su formación estaba a favor de recuperar Meirás para el patrimonio público, pero no de impulsar un nuevo acuerdo político a modo de emplazamiento al Gobierno de Pedro Sánchez. Antes de llegar a ese punto, cree que la Xunta debería explicar a la Cámara lo que hizo «co que lle encomendou» en el acuerdo de julio pasado.

La encomienda a la Xunta consistía, básicamente, en que remitiera «urxentemente» el informe elaborado por la comisión de expertos a la Administración del Estado, por entender que es la instancia adecuada para emprender las acciones legales dirigidas a recuperar el pazo. Es una labor que ya se ha realizado.

Ni En Marea ni el grupo mayoritario de la Cámara, el PP, tuvieron en consideración las reservas planteadas por los socialistas. «Os tempos importan, porque a familia Franco non vai quedar parada á hora de obstaculizar esa acción», señaló Antón Sánchez, viceportavoz de En Marea, para dar su apoyo favorable a la declaración institucional.

Lo mismo hizo Pedro Puy, en nombre del PP. «Estamos por aprobar o texto», dijo, pues entiende que «en Galicia fixéronse os deberes, e agora debe falar a Administración do Estado». La discusión está abierta y en el pleno se verá si el PSOE cambió o no de posición. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró ayer desde Pontevedra «que el heredero no tiene ninguna oportunidad de obtener un beneficio en la parte que le corresponda». Rueda añadió que Martínez-Bordiú «ejerce un derecho que entiende que le corresponde, pero no tendrá la colaboración de la Xunta».+

Rueda pide que el Gobierno ejerza las acciones legales

El vicepresidente Alfonso Rueda aseguró también que la Xunta está ejerciendo el derecho de competencia que le corresponde para evitar que termine en manos privadas, pero insistió en que la vía más plausible pasa por que sea el propio ministerio el que ejerza las acciones legales correspondientes para poder conseguir que finalmente esa propiedad termine en manos públicas y no en las de ningún heredero.

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