El juez suspende la venta de la autopista AP-9

Globalvia recurrió contra su competidor al considerar que su oferta tiene prioridad


vigo / la voz

La venta de la AP-9 e Itínere, la empresa matriz de la gestora de la principal autopista gallega, se ha atascado judicialmente a menos de 24 horas de que acabase hoy el plazo para registrar su compra. Globalvia, firma que ya explota siete autopistas y túneles en España, instó ayer in extremis a la paralización de la venta para que sea la Justicia la que decida si la oferta que hizo en julio a Abanca, Kutxabank y Sacyr por el 55,6 % de las acciones puede cristalizar o si, en cambio, admite como legal el derecho de tanteo que los fondos de inversiones Corsair Capital y APG hicieron este mes, pero solo a Sacyr, utilizando como accionistas mayoritarios su derecho a igualar cualquier oferta externa.

Fuentes inmersas en la venta de la AP-9 y su conglomerado empresarial certificaron ayer a La Voz que un tribunal de lo mercantil de Madrid decidió la suspensión temporal de la venta de Itínere después de admitir las medidas cautelares solicitadas por Globalvia, para impedir que la operación se llevase a cabo hasta que se dirima cuál de las dos ofertas tiene prioridad y para evitar un perjuicio complicado de reparar si la venta se realizase.

El juzgado de lo mercantil madrileño instó ayer mismo a la constructora Sacyr a no tomar ninguna decisión sobre las dos ofertas que tiene encima de la mesa, instrucción que llegó justo el día que el consejo de administración de la firma española se había reunido para resolver sobre la venta de su 15,51 % en Itínere, del que pretende desprenderse desde hace tiempo. Sacyr confirmó a última hora la recepción de las medidas cautelares emitidas judicialmente, sin manifestar nada más respecto a su postura ante los dos ofertantes.

Razones para el recurso

Globalvia mantiene que la oferta del fondo de pensiones holandés APG y de Corsair Capital, grupo inversor este último que representa en la actualidad el 38 % del capital de Itínere, no responde al derecho de tanteo que reclamó como accionista. Considera que APG y Corsair debieran al menos haber igualado su oferta por valor de 722 millones de euros, pero siempre dirigida a los mismos tres accionistas que habían aceptado vender. Como los fondos de inversión mayoritarios en Itínere se dirigieron solo a Sacyr para adquirir su parte y elevar con ella y otro 5,80 % de Liberbank hasta un 59,2 % su posición en la empresa, Globalvia entiende que se pervirtió el derecho de tanteo dejándolo, por tanto, sin efecto.

Globalvia, que ya gestiona en Galicia la AP-53 (Santiago-Dozón), advirtió tras conocer la oferta de Corsair y APG de su intención de defender en los tribunales su derecho a la compra de la mayoría de las acciones de Itínere, y ayer ejecutó esa opción, que dilatará en el tiempo el cambio accionarial de la compañía.

Globalvia se había blindado también ante las entidades bancarias y empresas que habían aceptado en julio su proposición de compra, advirtiendo en los últimos días a Abanca, Sacyr y Kutxa su intención de ejecutar la cláusula de pago de 100 millones de euros si alguna de las partes se echaba atrás en la operación.

En paralelo al proceso judicial abierto ahora, desde el año pasado la Cámara de Comercio de Madrid dirime un arbitraje interpuesto por las tres entidades vendedoras contra Corsair, por entender que este fondo de inversiones les bloqueaba la posibilidad de ofertar sus participaciones.

El PP emplaza a Madrid a negociar con la Xunta la transferencia de la AP-9 si de verdad la avala

d. s.

El PP gallego, el grupo que sustenta al Gobierno de la Xunta, le dio ayer una vuelta más de tuerca al debate político sobre la transferencia de la titularidad de la autopista AP-9 a Galicia al manifestar, a través de su portavoz, Pedro Puy, que si el Gobierno central se muestra realmente favorable a traspasar esta infraestructura, lo que debería hacer es «convocar a comisión mixta» para abrir las negociaciones correspondientes con el Gobierno autonómico y discutir los detalles.

Con estas declaraciones, Puy alejó el foco de la accidentada tramitación en el Congreso de la proposición de ley sobre la AP-9 impulsada por unanimidad desde Galicia. De hecho, ese no es precisamente el camino más simple para acceder a una nueva competencia que, como detalla el artículo 150.2 de la Constitución, se puede «transferir o delegar» en las comunidades mediante la correspondiente ley orgánica. Y existen diferentes vías para llegar a esa ley orgánica. Una de ellas es ejercer ante el Congreso una iniciativa una Cámara autonómica, como se hace en el caso de la AP-9. Aunque la más simple sería que el Estado y la comunidad, de existir voluntad política para ello, negociaran los términos del traspaso a nivel técnico en la comisión mixta.

Es más, esa negociación bilateral tendría que producirse en caso de que el Congreso acabase aprobando la demanda gallega sobre la AP-9, algo que no se puede dar por sentado, pues el debate y tramitación de la iniciativa ni siquiera tienen fechas en el horizonte.

Sobre este asunto se posicionaron ayer los demás grupos parlamentarios. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, expresó su deseo de que «non haxa máis vetos» para que se pueda tramitar la proposición de ley remitida desde el Parlamento gallego para reclamar la AP-9. Desde En Marea, Antón Sánchez apostó por reclamar la titularidad, pero también por estudiar «o rescate para o público».

En cambio, Fernández Leiceaga (PSdeG) cree que hay que evaluar si se debe tramitar la propuesta del 2016, la que está ahora en la cola, pues fue modificada en acuerdos posteriores.

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