La Xunta alerta al Gobierno de las intenciones del nieto de Franco

No ejercerá el tanteo por Meirás ante una operación que Sada ve «fraudulenta»


sada / la voz

La Xunta no comprará a Francisco Franco Martínez-Bordiú, nieto de Franco, la parte correspondiente de su herencia del pazo de Meirás, localizado en el municipio coruñés de Sada. El Gobierno gallego confirma que recibió la petición «para o exercicio dos dereitos de tanteo e retracto ao tratarse dun ben de interese cultural (BIC)», pero que no tiene intención de «exercer este dereito, porque suporía transferir recursos públicos á familia Franco, na parte alícuota que lle corresponde a este herdeiro».

El hijo de María del Carmen Franco y Polo comunicó a la Xunta su intención de vender la séptima parte del pazo que le corresponde por herencia a la empresa Pristina S.L., que es de su propiedad. El Ejecutivo autonómico indica que la cantidad que deberían aportar a Martínez-Bordiú «podería achegarase ao entorno do millón de euros, se atendemos á valoración económica do pazo coñecida na oferta de venda a través dunha inmobiliaria». En concreto, la agencia cántabra Mikeli Luxury Real Estate anunció la venta de la propiedad por 8 millones de euros. Asimismo, desde el Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijoo expresan que ya han puesto en conocimiento del Ministerio de Cultura la operación prevista por el heredero de Franco.

Por su parte, el Concello de Sada califica la maniobra del nieto del que fue jefe de Estado de «fraudulenta». El alcalde, Benito Portela, sostiene que la medida persigue «anticipar e evitar os efectos legais de prosperar a vía xudicial que debe exercer o Estado para recuperar e incorporar o pazo ao patrimonio público». Para el regidor, la operación de Martínez-Bordiú, del que dice «non é un terceiro de boa fe», no va a impedir «o obxectivo de extinguir do mundo xurídico a propiedade que detenta a súa familia do pazo de Meirás».

Portela hace hincapié en que el pazo de Meirás, declarado BIC en el 2008, es un bien indivisible. Por eso considera que «a pretensión do neto do ditador nin altera o réxime de protección BIC nin supón a renuncia da Xunta respecto do exercicio de accións no proceso xudicial que interpoña o Estado». Además, insta al Gobierno central a presentar de forma inmediata «unha demanda xudicial civil ante o Xulgado de Betanzos», ya que considera «inadmisible a tolerancia pasiva do Goberno do Estado». Portela precisa que no se debe conceder «nin un minuto máis de compracencia coa detentación pola familia do ditador do pazo».

En el caso de Ana Pontón, portavoz del BNG, la operación del nieto del dictador demuestra que «os Franco seguen co roubo e co espolio». La nacionalista indica que «urxe que o Goberno de Pedro Sánchez active a denuncia xudicial para recuperar Meirás».

La intención del dueño de Meirás es vender su parte del pazo a una empresa de la que es socio mayoritario para aumentar el capital social de la compañía. Martínez-Bordiú presentó en el registro de la Xunta las escrituras correspondientes a las actas de notificación sobre los derechos de tanteo y retracto de la séptima parte indivisa de la finca y las esculturas de Abraham e Isaac. 

Bloquear la devolución

El nieto de Franco envió la documentación al Gobierno gallego en cumplimiento de la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Con esta actuación, el descendiente del dictador estaría intentando bloquear la devolución del pazo de Meirás al patrimonio público después de la aprobación en el Parlamento gallego de una proposición no de ley para que el Estado inicie un proceso civil para recuperar el inmueble.

La vía legal para recuperar el pazo pasa por que el Estado demande a los propietarios

El informe jurídico de la comisión de expertos nombrada por la Consellería de Cultura para estudiar la incorporación del inmueble propiedad de la familia Franco al patrimonio público concluye que es posible defender la recuperación «por usucapión (adquisición) da condición de ben de dominio público das Torres de Meirás». Asimismo, recoge que es la Administración general del Estado la que «está activamente lexitimada para o exercicio dunha acción reivindicativa fronte á comunidade hereditaria».

El documento indica que el Gobierno español tendría que poner una demanda para que el inmueble sea declarado bien de dominio público. Esta acción de tutela «do dereito de propiedade e de recuperación posesoria correspondería aos xulgados de Betanzos». Asimismo, la comisión recomienda la anotación preventiva de la demanda en el registro de la propiedad atendiendo «os riscos derivados dunha eventual venda dos inmobles obxecto deste informe a un terceiro».

Posible indemnización

Asimismo, el informe deja abierta la posibilidad a que se indemnice a los herederos del dictador por posibles gastos de mantenimiento del espacio desde la fecha en la que falleció Franco, el 20 de noviembre de 1975, hasta la actualidad, ya que califica la tenencia por parte de los Franco como una «posesión de buena fe». Sin embargo, la indemnización solo sería posible una vez que haya sentencia firme a favor del Estado y después de una liquidación del inmueble y la correspondiente comprobación de las inversiones.

Sobre este punto, el Concello de Sada se mostró en contra ya que entiende que «la incorporación del pazo al patrimonio público no puede implicar un nuevo coste para las arcas públicas».

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