Penas de prisión para una abogada que tramitó nueve parejas de hecho fraudulentas en Ourense
GALICIA
La Subdelegación del Gobierno de Ourense detectó el fraude por 35 notificaciones a un despacho de Verín
22 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.En la Subdelegación del Gobierno de Ourense llamó la atención que en 35 solicitudes de tarjeta de residente de familiar comunitario, presentadas entre enero del 2011 y agosto del 2012, apareciera como domicilio de notificación el despacho de una abogada de Verín. Las peticiones tenían en común, además, que se sustentaban en la previa inscripción en el registro oficial de la Xunta de parejas de hecho. Los hombres eran vecinos de Verín, o de otros municipios próximos. Prácticamente todas las mujeres eran latinoamericanas. Con esa base empezó a trabajar la policía. La Fiscalía y la Abogacía del Estado encontraron razones para calificar de fraudulentos diecinueve de esos casos. La cifra la ha reducido a nueve la titular del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, Blanca Díez, que ha condenado a la abogada Elena D. T. a veintiún meses de prisión por un delito continuado de falsedad, con tres meses más por integración de grupo criminal. El fallo establece idéntica pena para Francisco Javier S. F. y Faustino P. C., que actuaban «de forma coordinada y perfectamente organizada». Ellos eran quienes, en compañía de una tercera persona huida, captaban maridos. Lo hacían entre personas que se encontraban en precaria situación económica. En algún caso, sin embargo, fueron las mujeres quienes se ofrecieron en matrimonio tras conocerse una noche en alguno de los clubes de alterne donde trabajaban.
El papel de la abogada era, según la sentencia, determinante, en la medida en la que les explicaba cómo debían comportarse, tanto a la hora de empadronarse, como de dejarse ver y acudir al edificio administrativo de la Xunta en Ourense. Javier o Elena los acompañaban en ocasiones. El fraude se completaba en la Subdelegación. Ni eran pareja, ni había relación sentimental, ni siquiera vivían juntos.
Los hombres que se prestaron a estas operaciones cobraron entre 1.500 y 3.500 euros por haberse sumado a esas maniobras. El primero de los nueve casos que detalla la sentencia concreta en 4.100 euros el coste para la inmigrante, «3.500 euros para el chico y 600 euros para los costes de tramitación». A la clienta le habían hablado de la mecánica y de la letrada en el club de alterne donde trabajaba. La abogada ahora condenada se había defendido a sí misma en la vista. Respondió como acusada desde el mismo lugar del estrado donde ejercía la defensa.