Ceder a Galicia el traspaso de la autopista abriría una vía de exigencias similares desde otras autonomías difícil de sujetar
19 sep 2018 . Actualizado a las 07:47 h.Desde el año 2005 Galicia reclama el traspaso a la Xunta de la titularidad de la autopista AP-9. Ha dado igual que la petición se haya hecho y reiterado con los votos de todos los partidos gallegos; que en Madrid y Santiago gobierne el mismo partido o contrarios, e incluso que el Congreso haya aprobado mociones para justificar el traspaso. La gota malaya que no ha logrado llegar a las rotativas del BOE volverá a la Cámara Baja con la disponibilidad del Gobierno central a debatir la posibilidad de que la Xunta se convierta en titular de la principal vía de comunicación de Galicia. Pero esa disposición ni es nueva ni antes resultó decisiva.
¿Qué se esconde detrás de la histórica negativa?
Después de 13 años de discusiones, lo que nunca han reconocido ni los Gobiernos del PP ni los del PSOE es que ceder a Galicia el traspaso de la autopista abriría una vía de exigencias similares desde otras autonomías difícil de sujetar. En pleno equilibrio institucional con Cataluña y con la necesidad de los votos vascos, los dos anteriores Ejecutivos trataron de eludir el debate.
¿Cómo lo ha tratado cada Gobierno central?
Magdalena Álvarez fue la primera que expresó sus reparos al traspaso al mantener que la AP-9 es una vía internacional. El nacionalista Francisco Jorquera logró convencer incluso al PP y al PSOE en el pasado decenio de que firmaran una moción en el Congreso instando a negociar la transferencia del vial, y el Ejecutivo socialista dio aire para que se siguiese inflando el globo, pero internamente mantenía su temor a abrir un frente con consecuencias territoriales. Con Rajoy, Fomento ha rechazado toda posibilidad al traspaso, aunque viniese refrendado por Feijoo.
¿Qué excusas se han planteado?
La de que es una infraestructura de interés general por conectar con Portugal es la más utilizada e incluso fue asumida por Emilio Pérez Touriño desde el atril de las comparecencias del Consello de la Xunta, si bien no fue óbice para que el bipartito pidiera el traspaso. Sin embargo, tanto el País Vasco (en 1999, con el PP) como Cataluña (en 1995, con el PSOE) recibieron el traspaso de sendos viales de conexión con Francia. Pero es que además la AP-9 no acaba en la frontera de Tui, sino que desemboca a 4 kilómetros, en la autovía A-55.
¿En qué favorecería a los gallegos el traspaso?
Hay que subrayar que el contrato por el que Audasa explota la AP-9 desde 1979 indica que cualquier cambio que se le obligue a hacer a la concesionaria (obras, rebaja de peajes, bonificaciones...) tiene que llevar aparejada la compensación a la empresa si implica gastos o recortes en sus ingresos. La Xunta esgrime, sin embargo, que, si el interlocutor de la concesionaria tuviera que rendir cuentas en Galicia en lugar de en Madrid, el control de la calidad del servicio sería más cercano y propiciaría negociar la implantación de tarifas horarias y rebajas. Pero esas posibilidades no han sido solicitadas públicamente por la Administración autonómica para sus dos autopistas, que también gestiona Itínere.
¿Cómo incide la venta en el posible traspaso?
De entrada, en nada. El nuevo dueño de Itínere y de la concesión de la AP-9 tendrá los mismos derechos que hasta ahora, es decir, cobrará por cualquier cambio que se imponga en la explotación del vial. Eso sí, Globalvia, aspirante a socio mayoritario, ha prometido una gestión más cercana y de calidad para el usuario.