Dos mil gallegos tienen antecedentes penales por delitos sexuales graves

Tienen prohibido ejercer trabajos o actividades en contacto habitual con menores


redacción / la voz

No pueden trabajar ni colaborar en actividades que tengan contacto habitual con menores porque llevan sobre sus espaldas antecedentes penales por haber sido condenados en firme como autores de delitos sexuales muy graves. Son 2.167 gallegos que han sido enjuiciados y sentenciados por cometer algún delito contra la libertad e indemnidad sexuales, incluida la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y por ese motivo sus nombres aparecen reflejados en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, una potente base de datos que gestiona el Ministerio de Justicia y a la que solo pueden acceder jueces y tribunales, así como representantes del Ministerio Fiscal y agentes de los cuerpos de seguridad en funciones de Policía Judicial y en el curso de sus investigaciones.

En el Registro Central de Delincuentes Sexuales figuran los datos de autores de delitos de máxima gravedad, muchos de ellos cometidos contra menores, como la agresión sexual, el abuso y el acoso, el exhibicionismo y la provocación sexual, la prostitución de niños y su explotación sexual, incluida la pornografía, además de la corrupción de menores. Ese instrumento de control es un sistema de información en el que se incluye la identidad del condenado en sentencia firme, además de su perfil genético (ADN) y de las penas y medidas de seguridad que les han sido impuestas por jueces y tribunales. Fue creado con el objetivo de proteger a los menores contra la explotación y los abusos sexuales mediante un mecanismo de prevención que permita evitar que los condenados en sentencia firme por delitos sexuales realicen actividades o ejerzan profesiones y oficios que impliquen un contacto habitual con niños.

Certificado obligatorio

Para eso, desde marzo del 2016, es obligatorio que las personas que pretendan ejercer trabajos o actividades en contacto habitual con menores necesiten un certificado que acredite que carecen de antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual. En ese caso se encuentran profesores, monitores de actividades deportivas o culturales, personal de comedores escolares, conductores y acompañantes de autobuses de transporte escolar, pediatras o trabajadores y colaboradores de centros infantiles, entre otros. Solo este año más de once mil personas han pedido ese certificado en Galicia. La mayoría de las solicitudes se concentran en los períodos próximos al verano, en muchos casos para poder trabajar en campamentos juveniles, y al comienzo del curso escolar, cuando se produce la mayor demanda para profesiones relacionadas con menores de edad. De hecho, a mediados de este mes de septiembre ya se han tramitado desde la Gerencia de Justicia de Galicia 1.482 solicitudes del certificado negativo de antecedentes penales por delitos sexuales. En todo caso, se trata de datos que pueden variar en cuestión de horas, pues los ciudadanos pueden solicitar el certificado por varias vías y Justicia puede no tener constancia inmediata de todas ellas.

El certificado de delitos sexuales, que es gratuito, puede demandarse por Internet, a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, o en persona en la sede de la Gerencia Territorial de Justicia de Galicia, situada en la calle Alcalde Manuel Casás de A Coruña. También se puede solicitar por correo postal dirigido a esa Gerencia o en los registros de las Administraciones públicas, como por ejemplo las subdelegaciones del Gobierno. En ambos casos, el certificado se remite por SMS al móvil del solicitante, o por correo postal, tal como lo haya indicado.

Los antecedentes no se cancelan antes de 30 años si las víctimas son niños

Los condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de edad tienen un castigo añadido a la pena o medida que se les impone en la sentencia, ya que en los casos en los que las víctimas sean menores los antecedentes penales del condenado en sentencia firme no se cancelarán antes de 30 años, contados a partir del cumplimiento de la condena. Son 30 años en los que sus identidades y sus perfiles genéticos seguirán figurando en el Registro Central de Delincuentes Sexuales para que puedan ser identificados si en ese tiempo intentan volver a trabajar o a colaborar en alguna actividad relacionada con menores. Un fiscal experto en menores destaca que «es una rotunda protección de la infancia que parte de que los menores tienen menos posibilidades de defenderse».

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