Cataluña y Valencia se liberarán de concesiones, que en el caso gallego llegarán al 2074
09 sep 2018 . Actualizado a las 20:15 h.Dos de los tres extremos de la España peninsular son los que soportan la mayor cantidad de kilómetros de pago mediante peaje en la red de carreteras trazadas por la Administración central y las autonómicas. Cataluña concentra 633 kilómetros de viales con peaje (el 21,5 % de los de todo el país), por 367 de Valencia (12,5 %) y los 326,5 kilómetros de Galicia (el 11,1 % del total). El País Vasco, con 254 entre sus autopistas estatales, autonómicas y forales, acoge el 8,6 % de las infraestructuras viarias de pago de España, y ya baja a un 8,4 % en Andalucía, un 7,2 en Castilla y León o 5,4 % en Madrid.
Pero ese ránking que ha permanecido casi invariado en los últimos lustros, cambiará a partir de noviembre de este año cuando se encadene el fin del plazo de concesión de varias de las autopistas de primera generación, como lo es también la AP-9 gallega, a la que, sin embargo, las tres ampliaciones de su gestión por manos privadas la mantendrá con barreras de pago hasta el 2048.
En noviembre de este año será la AP-1 (Burgos-Armiñón) la primera que verá desaparecer las casetas de peaje de todo su trazado, y el año que viene ocurrirá lo mismo con la AP-4 (Sevilla-Cádiz) y los tramos de la AP-7 desde Tarragona a Alicante. En ese momento, diciembre del 2019, Galicia pasará a convertirse en la segunda comunidad en la que los conductores tendrán que afrontar más kilómetros de peaje para circular por su territorio. Pero a partir de julio del 2021 Galicia se quedará ya en cabeza, destacada respecto al resto de España.
Ese año vencerá la concesión de explotación mediante peaje de todos los tramos de la AP-7 que discurren por Cataluña (Mongat-Mataró, Barcelona-Tarragona y Montmeló-Papiol), y lo mismo le ocurrirá a la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo), que también se adentra en la provincia de Barcelona. El vencimiento de los peajes aún continuará en la red catalana al concluir la concesión de las autonómicas C-32 y C-33 en el entorno de la Ciudad Condal. Cataluña se habrá liberado entre el 2019 y el 2021 del 70 % de sus peajes, y sus viales de pago pasarán a representar el 8,5 % de los de toda España. Galicia dará en cambio un salto convirtiéndose en la comunidad que más peajes soportará, con un 15 % de las del país, por un 12,6 de Castilla y León y un 11,6 % del País Vasco.
Concesiones eternas
La razón de esa prevalencia de los peajes en la comunidad gallega sobre otras comunidades que van soltando lastre está determinada por ser Galicia la comunidad que afronta las concesiones de autopistas a empresas privadas, a cambio de peajes, más prolongadas en el tiempo de toda España. A la AP-9 se le amplió tres veces su concesión, hasta un total de 75 años, mientras que a las que les vence ahora apenas se les otorgó más de medio siglo de explotación: a la AP-1 se le aplicaron 45 años; a la AP-4, 51, y a la AP-7, 50 años.
Pero además de la diferente vara de medir con la que ha sido tratada la autopista del Atlántico respecto a otros viales de pago de la misma generación, Galicia soporta también la concesión de autopista que concluirá más tarde de España. Será en el 2074 y tras 75 años de explotación también cuando pueda quedar liberada la AP-53 (Santiago-Dozón). Únicamente a la AP-66 (León-Campomanes) se le ha otorgado un período de concesión tan largo como a las dos principales autopistas gallegas, aunque es su caso vencerá en el 2050.
Corsair cuenta con 24 horas para decidir si sigue siendo la dueña de la AP-9
El fondo de inversión norteamericano Corsair Capital cuenta con 24 horas para decidir si ejerce su derecho de tanteo para igualar la oferta que Globalvia ha presentado para hacerse con el grupo Itínere y la AP-9, la joya de la corona de sus concesiones de autopistas en España. Fuentes participantes en la operación mantienen que de producirse una contraoferta de Corsair esta se registraría al filo del vencimiento del plazo, participando incluso otro inversor ajeno al actual conglomerado societario, que podría llegar a aportar los 722 millones que Globalvia ha ofrecido a Abanca, Sacyr y Kutxabank por sus acciones. Globalvia, por su parte, ha ofrecido a los socios de Corsair un acuerdo para compartir la nueva mayoría.
Diputados del PP piden a Fomento que explique la subida de tarifas en la AP-9
La anunciada subida de peajes en la AP-9 ha llevado a los diputados gallegos del Partido Popular en el Congreso de los Diputados a solicitar la comparecencia urgente del ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Los populares entienden que esta subida es consecuencia del real decreto aprobado por el Gobierno de Zapatero en el 2011, «48 horas antes de la celebración de las elecciones generales» y «siendo José Blanco ministro de Fomento», según informa Europa Press.
En este sentido, el diputado popular Celso Delgado apuntó que, con esta comparecencia, se pretende «que los socialistas asuman su total responsabilidad en una nueva subida de los peajes en esta carretera» y «que dejen de echar balones fuera culpando al Gobierno de Mariano Rajoy».
Decisión de Zapatero
Asimismo, los representantes del PP en la Cámara Baja también solicitarán, según han señalado, la comparecencia del actual ministro de Fomento para que explique «los trámites que su departamento lleva realizando para la liberación del peaje Vigo-Redondela en la autovía AP-9». Recuerdan los populares que la decisión es «un compromiso asumido» y «avanzado por el anterior Gobierno del PP», pero que «las declaraciones realizadas por el Ejecutivo socialista están suscitando preocupantes dudas sobre su cumplimiento».
Celso Delgado criticó, además, la postura del actual delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, en torno a este asunto: «Debería tener un poco de respeto a los gallegos y no trasladar informaciones falsas sobre los motivos de la subida de peajes en la AP-9». Insiste el diputado del PP en que la decisión del último Consejo de Ministro de la etapa Zapatero, antes de las elecciones, «autorizó a la empresa concesionaria de la autopista a realizar las obras de ampliación del puente de Rande, con la compensación de poder subir los peajes el 1 % anual nada menos que durante 20 años».
A su juicio, «resulta paradójico el cambio de postura de los socialistas», porque pasaron de considerar asumible que el Ministerio de Fomento destinara 300 millones de euros para la ampliación da la AP-9 a «pretender que sean los usuarios los que paguen estos aumentos de tarifas».