Xunta y TSXG activan el plan para salvar el atasco de 20.000 casos por la huelga

Galicia espera que Madrid mantenga el compromiso de financiación que prometió el PP


santiago / la voz

Los más de tres meses que la huelga de funcionarios mantuvo paralizada la Justicia gallega han tenido graves consecuencias para un servicio que ya estaba atascado antes del paro. La situación actual es mucho peor, de auténtico colapso, con más de 20.000 asuntos que quedaron pendientes entre juicios, comparecencias, declaraciones y otras actuaciones. Para paliar esta situación, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y la Xunta diseñaron un plan de recuperación del trabajo cuya primera fase ya empezó a aplicarse en el pasado mes de junio con refuerzos de personal en los servicios de notificación y registro, pero ahora, tras las vacaciones de agosto -mes inhábil en justicia-, toca activar la segunda fase de este programa, que es la más complicada.

Para ello, lo primero es que el TSXG evalúe con detalle los daños, y eso es precisamente lo que hizo ayer su sala de gobierno. Con esos datos en la mano, el presidente del Tribunal Superior gallego, Miguel Ángel Cadenas, se reunirá la semana que viene con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la comisión mixta de Justicia.

Con esta información, el Gobierno gallego podrá presupuestar qué fondos son necesarios para poder pagar las horas extra necesarias que deberán hacer los funcionarios para poder recuperar esos 20.000 asuntos que quedaron sin tramitarse. Y es ahí donde se encuentra ahora la única incógnita sobre la aplicación del plan que necesita Galicia para revertir el grave colapso que padecen los órganos judiciales de toda la comunidad.

Antes de que el PSOE de Pedro Sánchez desalojase de la Moncloa al PP de Mariano Rajoy, el por entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, comprometió públicamente el apoyo económico de Madrid al plan de recuperación del trabajo en Galicia. La cuestión es qué hará ahora la nueva dueña de esta cartera ministerial, Dolores Delgado.

La Xunta tiene ahora pendiente una reunión con el Ministerio de Justicia en la que se abordará este asunto y que se celebrará este mes. Esta misma semana, el Gobierno gallego ya ha recordado que sin los fondos que había prometido Madrid antes de la llegada del nuevo Ejecutivo socialista no podría implementarse la segunda fase del plan de recuperación del trabajo, dado que jueces, letrados -los antiguos secretarios- y fiscales dependen directamente del Estado y es él el que deberá abonar sus horas extra.

La delegación gallega había solicitado abordar este asunto con la propia ministra, pero por el momento tan solo está confirmada la presencia en la próxima cita -aún sin fecha fija- del secretario de Estado de Justicia, un detalle que podría indicar algún cambio de postura en Madrid. Alfonso Rueda quiso ayer dejar claro que la parte de los fondos que le corresponde a la Xunta «sen ningunha dúbida se vai poñer», pero que la viabilidad del plan pasa por que el Ministerio de Justicia haga lo propio. «Nós podemos custear as horas a maiores dos funcionarios, pero de xuíces, fiscais e secretarios correspóndelle ao ministerio. Eu tiña o compromiso do anterior ministro de que así ía ser e agardo que o actual equipo ministerial manteña ese compromiso, porque se non vai ser imposible poñer en marcha o plan. Se todo fose ben e se todos cumprimos os compromisos, durante este último trimestre do ano o plan xa debería estar en marcha e o ano que vén arrancariamos coa maior parte do traballo perdido na folga recuperado», señaló el vicepresidente gallego.

De no haber acuerdo, la situación de la Justicia gallega sería límite, ya que actualmente hay juzgados completamente colapsados que no podrían recuperarse.

«El colapso es bestial, ya hay juicios para octubre del 2019»

e. v. pita

En los juzgados de Vigo, miles de pleitos laborales o civiles pendientes y multas o ingresos en prisión sin ejecutar

En los juzgados de Vigo sufren la herencia de tres meses de huelga de funcionarios y, sepultados por cientos de nuevos expedientes sin tramitar, esperan que lleguen los refuerzos de las horas extra para poner al día la montaña de trabajo atrasado. Algunos lamentan que la Xunta no agilice esos planes de refuerzo y sigan empantanados. La primera negociación entre la dirección xeral de Xustiza y varios sindicatos será el día 15 para programar los turnos de horas extra para todos los funcionarios voluntarios. Por tanto, quedan varias semanas de atasco. Una visita ayer a algunas salas ponía en evidencia el colapso, que se hizo más evidente cuando la oficina de reparto aprovechó la calma de agosto, se puso al día, registró todas las demandas presentadas entre febrero y mayo y las envío a las salas. Los expedientes digitales se consultan ahora en la pantalla del portal LexNet y, al ser invisibles, las mesas parecen vacías.

Seguir leyendo

Las horas extra serán voluntarias y ya se han inscrito 1.600 funcionarios

Las horas extra que deberán hacer los funcionarios de Justicia gallegos para recuperar todo el trabajo que quedó pendiente durante los tres meses que duró la huelga serán una oportunidad para muchos de los que participaron en el paro de recuperar parte del dinero que les fue descontado de sus nóminas. La participación por parte del personal en el plan que han activado la Xunta y el TSXG es absolutamente voluntaria, pero ha tenido una gran aceptación. A día de hoy son ya 1.600 los trabajadores que se han ofrecido a formar parte del programa de normalización de los cerca de 20.000 asuntos paralizados. Son el 59 % de la plantilla, que consta de 2.700 empleados. Nuevamente, este punto ha supuesto roces entre los sindicatos, ya que los que no apoyaron el acuerdo con Xustiza insinuaron que los únicos que podían hacer estas horas extra eran los que hubiesen secundado la huelga, algo ilegal e imposible de aplicar.

Social y penal son las jurisdicciones más afectadas por el parón que causó el conflicto

La huelga ha afectado de forma muy negativa a todas las jurisdicciones, pero el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, advirtió que las de lo social y penal son las más perjudicadas. Cuando en junio se puso en marcha la primera fase del plan de recuperación del trabajo en las áreas de notificación y registro, ahora ya casi culminada, se habían contabilizado 17.177 asuntos pendientes, que ahora, una vez actualizados los datos, estarán en el entorno de los 20.000. A Coruña fue la provincia en la que más estragos produjo el paro, con 6.921 actuaciones judiciales paralizadas.

«Non chegan os días do ano para celebrar os xuízos»

M. MÉNDEZ

En los juzgados de A Coruña, la realidad de unas salas colapsadas se impone tras el parón de agosto

Raquel Estévez tiene su oficina en el inmueble que hasta hace algo más de un año albergaba la Audiencia Provincial de A Coruña, ahora en el edificio de Tabacos. En la zona de la calle Monforte están los juzgados, las dos salas de Familia, el Contencioso, mercantiles o el Juzgado de Refuerzo de Primera Instancia número 7 donde se dirimen todas las causas de cláusulas suelo de la provincia. Septiembre es el mes de volver a empezar. Este año, por partida doble. A los casos guardados en un cajón por el descanso de agosto hay que sumar los aparcados por la huelga. «La Administración estuvo tres meses paralizada. Seguimos esperando que se pongan en marcha los planes de recuperación -horas extra que los funcionarios pueden optar a hacer- y que afecten a todas las oficinas judiciales», reclama la funcionaria y delegada sindical de CC. OO.

Seguir leyendo

Le siguió Pontevedra, con 5.735, mientras que en Ourense y Lugo fueron 2.382 y 2.139, respectivamente. La afectación, en todo caso, es muy dispar y no depende solo de cada partido judicial, ya que en algunos hay salas colapsadas y otras cuya situación es menos grave, en función de si sus funcionarios secundaron o no la huelga y durante cuanto tiempo lo hicieron.

Los funcionarios ya cobran el 50 % de la subida salarial pactada con Xustiza

Fueron más de tres meses de tiras y aflojas y de una extremadamente tensa negociación entre la Xunta y los sindicatos que se alargó en el tiempo por la negativa de tres de ellos -CUT, STAJ y la CIG- a plantear reclamaciones salariales que tuviesen alguna posibilidad de ser aprobadas. Su actitud alargó varias semanas el conflicto e hizo que finalmente la gran mayoría de los funcionarios les dieran la espalda volviendo a sus puestos de trabajo.

En el otro bloque estaban tres de las organizaciones más importantes en el sector, como son SPJ-USO, la UGT y CSIF, que también contaron con el apoyo de Comisiones Obreras. En ese contexto de extrema tensión, CSIF finalmente quedó en tierra de nadie y no se sumó al acuerdo con la Xunta, que solo firmaron las otras tres. Ese pacto, en lo económico, fue finalmente más beneficioso para los trabajadores de lo que los sindicatos admitían en privado que esperaban lograr antes de iniciarse el paro. Por escalas, la Xunta aceptó incrementar el Complemento Autonómico Transitorio (CAT) de los forenses en 140 euros más al mes, que serán 135 para los gestores, 127 para la categoría de tramitadores y 122 para los del cuerpo de auxilio.

El Gobierno autonómico aceptó finalmente una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, que era que buena parte de esa subida salarial se hiciese efectiva este mismo año, por lo que los trabajadores de Xustiza están ya percibiendo el 50 % de los incrementos pactados para poner fin a la huelga. El año que viene se activará otro aumento del 30 % y para el 2020 quedaría pendiente el 20 % restante.

La Xunta también asumió la exigencia de los sindicatos que firmaron el acuerdo y se ha introducido una cláusula de revisión automática que garantizará que los funcionarios gallegos de Xustiza estarán siempre por encima de la media española en lo que a emolumentos se refiere.

La huelga también ha servido para que a los trabajadores les dejen de descontar porcentajes de sus nóminas cuando están de baja, algo que veían claramente discriminatorio. En concreto, esto se consiguió no por la negociación con la Xunta, sino porque fue el Gobierno central el que llegó a ese acuerdo con los representantes de todos los funcionarios de rango estatal, y los de la Justicia lo son.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
6 votos
Comentarios

Xunta y TSXG activan el plan para salvar el atasco de 20.000 casos por la huelga