El futuro de la AP-9 se despejará en siete días: o Corsair adquiere la mayoría o Globalvía será la dueña

Carlos Punzón
c. punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA

CESAR QUIAN

El fondo de inversión que lidera Itínere deberá pagar 722 millones si ejerce el derecho de tanteo

04 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

No se espera que sea hasta el último día cuando Corsair Capital, el fondo de inversión americano mayoritario en la empresa matriz de Audasa, desvele si opta por comprar el resto de las acciones del grupo o desiste y deja que Globalvía se convierta en la nueva gestora de la AP-9 y del resto de las autopistas de Itínere.

Resta en todo caso una semana para conocer si la autopista del Atlántico vuelve a cambiar de manos, ya que es el día 10 cuando vence el plazo con el que cuenta Corsair para anunciar si iguala la oferta que Globalvía hizo por la compra del 55,6 % de las acciones del grupo, ejecutando así el derecho de tanteo como accionista mayoritario. La empresa especializada en la gestión de concesiones de infraestructuras ofreció 722 millones de euros a Abanca (por su 23,81 % de las acciones de Itínere), a Sacyr (15,51) y a Kutxabank (16,30). La oferta hecha por Globalvía eleva el precio del grupo a 1.300 millones de euros, cantidad que incluiría la parte que representa Corsair y el 5,81 % con el que cuenta Liberbank.

El intento de compra de Itínere ha dejado sin trascendencia al arbitraje que Abanca, Sacyr y Kutxabank habían interpuesto el año pasado contra la decisión de Corsair Capital de impedir la venta de sus acciones en Itínere.

Globalvía, empresa española en su creación, fue adquirida a Bankia y a FCC en el 2015 por los fondos de pensiones OPTrust (Canadá), PGGM (Holanda) y USS (Reino Unido). La compañía gestiona 27 infraestructuras distribuidas por España, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Andorra, México, Costa Rica y Chile, sumando más de 1.600 kilómetros de autopistas, utilizadas por más de 250 millones de usuarios al año, y más de 90 de ferrocarriles.

Tanto si Corsair se convierte en la firma mayoritaria como si lo hace Globalvía, será la sexta vez que la autopista gallega asista a un cambio de manos y accionariado en su empresa matriz. En 1973, año en el que se constituyó Audasa, se adjudicaba la concesión a varias entidades financieras, entre ellas el Banco Pastor, el Banco Hispano Americano, el Banco Atlántico o el Banco del Noroeste. El fin del peaje se situaba entonces en el año 2012.

En 1984 los accionistas transmitieron la AP-9 al Estado, que creó la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). Esta volvió a manos privadas en el 2003, con la constructora Sacyr Vallehermoso al frente, tres años después de que se prolongase la concesión del vial hasta el 2023. En el 2005 Sacyr compró el 100 % de las acciones y en el 2008 vendió la mayoría a Citi Infraestructure. Un año después las cajas gallegas adquieren, por su parte, el 22,8 %.

Citi traspasaría finalmente en el 2015 a Corsair Capital su cartera y con ella el control de Itínere, del que ahora están a punto de formalizar su marcha la constructora y dos de los bancos que la integran.

Fomento pagará el mantenimiento de las autopistas que se queden sin peaje

El escenario de las autopistas españolas registrará este año un cambio total al concluir la concesión de la AP-1 (Burgos-Armiñón), la primera que se quedará sin peaje. El vial, perteneciente al mismo grupo que la AP-9, levantará sus barreras el 30 de noviembre, tras 45 años de concesión. Otra de la misma generación que la autopista gallega, la AP-4 (Sevilla-Cádiz), dejará de tener peaje el 31 de diciembre del 2019, después de 51 años, y lo mismo ocurrirá el mismo día en el tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, tras 50 años de concesión. Fomento planea sacar a concurso el mantenimiento de la primera que se liberaliza, marcando el camino al resto de las autopistas y obviando las peticiones de la patronal del sector, que planteó un peaje bajo para mantenerla.