El Gobierno «está trabajando» en una solución para la deuda de los puertos
GALICIA
El delegado, Javier Losada, invita a la Xunta a dialogar en una eventual negociación
31 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El delegado del Gobierno, Javier Losada, intentó ayer atajar la primera crisis que sufre el Gobierno de Pedro Sánchez en Galicia, derivada de la decisión del Ejecutivo de pagar los 350 millones de euros de deuda que acumula el Consorcio Valencia 2007.
El compromiso de pago de esas obligaciones, que proceden de la construcción de infraestructuras destinadas a la Copa América, provocó la reacción de PP, En Marea y BNG, que reclaman un trato similar para los puertos gallegos, en especial para el de A Coruña, que afronta una deuda de 300 millones de euros debida, en su mayor parte, a la construcción de la dársena exterior ubicada en punta Langosteira.
Esa infraestructura se proyectó tras el desastre ecológico provocado por el hundimiento del petrolero Prestige en el 2002, que afectó a la práctica totalidad de la costa gallega y a distintos puntos del litoral español y francés.
Según los convenios firmados en el 2004, la dársena de Langosteira se financiaría mediante la venta de los muelles interiores de A Coruña, situados en el centro de la ciudad y que quedarán desafectados cuando las descargas de mercancías -entre ellas algunas contaminantes o tóxicas destinadas a la refinería y otras industrias- se trasladen al mencionado puerto exterior.
El propio Losada formaba parte del gobierno local de A Coruña que negoció y rubricó aquellos acuerdos, que 14 años después, explicó, hay que «actualizar».
El delegado afirmó que el Gobierno «está trabajando» en una modificación de esos convenios, e insistió en que «más pronto que tarde» se alcanzará «una solución» a la que se llegará a través del «diálogo y la cooperación».
Losada hizo un llamamiento a «rebajar el tono», dejar atrás los «dimes y diretes» y la «discusión partidista», y pidió a la Xunta que se sume a esas negociaciones futuras: «Estoy convencido de que desde la Xunta pondrán todo el diálogo y toda la cooperación que pone el Gobierno para dar salida a todos los problemas».
Pese a su llamamiento, el delegado del Gobierno criticó que el Ejecutivo gallego no acudiese al Consejo de Política Fiscal y Financiera con ánimo de defender «propuestas para Galicia», de forma que se pudiese llegar «a un acuerdo, votar a favor y tener una adecuada financiación para las infraestructuras de Galicia». Pero lamentó que «nada se dijo», y en cambio «se votó en contra» y se tomó una actitud «partidista» en lugar de pensar «en las infraestructuras gallegas».
Aunque insistió en que el Gobierno está buscando una solución para la deuda, Losada destacó, como han hecho diferentes dirigentes del PSdeG estos días, las diferencias entre los casos de Valencia y Galicia: «Son dos cosas distintas, diferentes totalmente, que no tienen nada que ver. El primero es un tema de un consorcio y esta es una obra de una Autoridad Portuaria».
La deuda del Puerto de A Coruña es la más amplia, pero otras dársenas gallegas también afrontan importantes obligaciones financieras, como Ferrol-San Cibrao (40,2 millones), Vilagarcía (11,8 millones) y Vigo (9 millones). Losada no adelantó si el Gobierno central está buscando una solución para el débito de esas entidades, como reclama el PPdeG.
La intervención de Galicia
Pese a todo, por su volumen, la deuda derivada de Langosteira es la más problemática. En el informe de las cuentas del Puerto de A Coruña, publicado ayer en el BOE, se incluye un informe de la Intervención Regional de Galicia en el que se advierte que, de no aplicarse el convenio firmado por la Xunta y Fomento, que preveía una aportación de 20 millones por parte del Gobierno gallego a cambio de la titularidad de parte de los muelles, se «introduciría un factor de incertidumbre» en el funcionamiento de la Autoridad Portuaria coruñesa.
Ese pacto, firmado con el anterior Ejecutivo del PP, ha quedado en el aire tras el cambio de Gobierno del pasado 1 de junio.
Una «aldraxe» a nueve meses de las municipales
La decisión de condonar 350 millones de deuda al Consorcio Valencia 2007 tenía todas las características para desencadenar una crisis de envergadura al Gobierno de Pedro Sánchez en Galicia. El conflicto de la deuda de los puertos lleva largo tiempo activo, especialmente en A Coruña, donde el gobierno local de la Marea Atlántica ha convertido la condonación de la deuda y la revisión de los convenios del 2004 para construir punta Langosteira en una de las claves del mandato municipal.
Esa reclamación no es nueva; el BNG la ha sostenido durante años, y en este mandato se han sumado con matices el PSOE -que firmó los acuerdos- y el PP, que siempre defendió la necesidad de pagar la deuda de Langosteira -aunque no necesariamente con los mecanismos que prevén los pactos del 2004- hasta que se anunció la condonación de las obligaciones de Valencia.
Ese anuncio dejó a los socialistas solos frente a las acusaciones de «agravio» de PP, En Marea y BNG. La respuesta del PSOE ha consistido en destacar las diferencias administrativas y legales con Valencia. Han señalado que la deuda allí es de un consorcio, mientras que aquí es de una Autoridad Portuaria, lo que supuestamente impediría una aportación estatal. También apuntan que allí las obras se destinaron a un evento internacional, la Copa América, mientras que aquí son para infraestructuras estrictamente portuarias, lo que de nuevo dificultaría las aportaciones estatales por el principio de autofinanciación de los puertos.
Esos argumentos técnicos y jurídicos tenían muy difícil competir con lo que todas las demás fuerzas consideran un agravio. Una sensación acrecentada porque el Estado ha asumido la parte de la deuda del consorcio valenciano que correspondía a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia. Esas instituciones están gobernadas por coaliciones del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y Compromís, una formación clave para la estabilidad del Gobierno de Sánchez. Sin olvidar que uno de los hombres fuertes del presidente, José Luis Ábalos, el ministro de Fomento -del que depende Puertos del Estado-, es valenciano y destacado militante del PSPV.
Todas esas circunstancias, y una difícil defensa técnico-administrativa convertían la decisión en carne de «aldraxe», que ayer el Gobierno intentó mitigar a través de su delegado en Galicia, Javier Losada, un fiel del presidente Sánchez, que intentó calmar la tormenta prometiendo que el Gobierno no olvida a Galicia.