Contra el feísmo: de la teoría a la práctica

Cambiar el «ti vai facendo» por el «ti faino ben». Con estas palabras se refirió recientemente la conselleira Beatriz Mato al objetivo de su departamento una vez aprobada en el 2016 la Lei do Solo y otras normativas como las Directrices de Ordenación do Territorio o la Lei de Protección da Paisaxe. Galicia, una de las comunidades más castigadas por el feísmo y los desmanes urbanísticos, se dotó en los últimos años de un marco normativo avanzado y de instrumentos de inspección como la Axencia Pola Legalidade Urbanística (APLU), con el objeto de frenar el deterioro urbanístico y demoler los peores ejemplos mediante los instrumentos de disciplina urbanística. Esto se aplica especialmente a las invasiones de viviendas en el suelo rústico de especial protección, donde solo está permitido el uso residencial si está asociado a una explotación agropecuaria.

Pero era necesario dar un paso más: pasar de un marco más teórico a otro más práctico, más pegado a la realidad de muchos municipios de Galicia. En este contexto, la inminente aprobación del Plan Básico Autonómico -ya se ha publicado en el DOG, pero ahora tiene que salir en los boletines provinciales- es un instrumento para llevar las directrices de la Lei do Solo a la Galicia que carece de planeamiento o se rige por las normas subsidiarias de 1991, ya obsoletas. En aquel tiempo no se hablaba de equilibrio en el aprovechamiento urbanístico, de movilidad sostenible o de integración en el paisaje. Y quizás, por todo esto, están ahí los resultados de un urbanismo que solo facilitaba la edificación -las licencias-, despreocupándose de todo lo demás. 

Todos los concellos sin Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) deberán someterse «con carácter vinculante» a un plan que les proporciona un modelo urbanístico básico para contextos donde no hay demasiada complejidad territorial, incluyendo las zonas y niveles de protección que se fueron consolidando en los últimos años.

«Instrumento innovador»

Para Almudena Fernández Carballal, profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidade de A Coruña y experta en Derecho Urbanístico, el Plan Básico Autonómico «es un instrumento claramente innovador en Galicia», que viene a otorgar «seguridad jurídica» en aquellos municipios regidos por las normas subsidiarias de 1991 «o aquellos que se dotaron de ordenaciones transitorias por no poder aprobar el plan, pero que al final se han mantenido en el tiempo».

En su opinión, se trata de un marco de ordenación que es «democrático», pues contó con la participación de los distintos actores, «pero también global y proactivo, pues tiene una visión de futuro», añade. La también directora de Ius Publicum Innovatio, una spin-off de la UDC (empresa surgida de la universidad que se dedica al asesoramiento científico), se refiere a principios como el de desarrollo sostenible, «que consiste en valorar y poner en relación la ocupación del suelo con la preservación. Habrá que hacerse siempre esta pregunta y justificar la respuesta: ¿es necesario ocupar suelo?». También valora que se trata de un instrumento de coordinación entre administraciones ideado para solucionar «determinadas lagunas que generaban inseguridad jurídica».

Fernández Carballal se declara defensora de la autonomía municipal, pero cree que la comunidad autónoma debe ejercer controles sobre asuntos como la política urbanística, y quizás en esta dinámica se enmarca el plan.

No obstante, uno de los aspectos más llamativos es el nivel de detalle con el que se prescriben algunas normas de carácter estético: se prohíben los muros con bloques sin pintar, el ladrillo de construcción a la vista, las medianeras que impactan visualmente, las fachadas sin pintar, los cables en las fachadas...

¿Es habitual llegar a este nivel de concreción, o este plan está muy condicionado por la lucha contra el feísmo gallego? Fernández Carballal sí cree que este marco normativo pueda estar condicionado por la realidad urbanística y constructiva de Galicia, «aunque se basa en un concepto que ya estaba en la normativa de 1956: la necesidad de integrar las construcciones en el ambiente». Y así es: la integración en el entorno, siempre muy interpretable, jalona el plan básico desde el principio hasta el fin.

Este ordenamiento de obligado cumplimiento para los concellos casi completa el desarrollo normativo de la Lei do Solo. Solo restaría aprobar la revisión de la Lei de Ordenación do Territorio para cerrar el círculo del nuevo escenario urbanístico gallego, que quedará en papel mojado si las administraciones locales no hacen un esfuerzo por ponerse al día y superar las dinámicas de otros tiempos. Aquellos tiempos del «ti vai facendo» que, al final, tuvieron serias consecuencias sobre los ciudadanos que confiaron en su ayuntamiento.

Auxilio en Plans Xerais

Además, del Plan Básico Autonómico emanarán en un futuro los planes municipales, ideados para auxiliar en la compleja elaboración de un ordenamiento urbanístico a concellos con menos de 5.000 habitantes que carecen de planeamiento y no tienen medios para afrontarlo. Ni siquiera pueden disponer de un arquitecto municipal.

La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio asumiría la redacción de estos planes básicos hasta que el tiempo o las circunstancias dictaminen que es necesario redactar un PXOM al uso. Algunos concellos como Frades, que no llegan a los 3.000 habitantes, fueron capaces de aprobar su propio planeamiento -está en vigor desde marzo de este año- después de más de ocho años de vaivenes. Pero la tramitación de un plan urbanístico es compleja e ingrata -a menudo terminan con sentencias del Tribunal Supremo que invalidan un largo proceso-, y muchos municipios agradecerán esta labor de auxilio del Gobierno autónomo.

«Habrá que hacerse siempre esta pregunta: ¿Es necesario ocupar suelo?»