La reconstrucción de la zona cero aún no se vislumbra tres meses después de la explosión
26 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.No hubo conflicto bélico armado, ni persecuciones religiosas o políticas, ni una catástrofe natural, pero a 31 familias de Tui les han volado sus casas y no tienen adonde volver. «Queremos ver de nuevo a los niños en bicicleta por el barrio de A Torre». La imagen que los más de 270 afectados por la explosión de un depósito ilegal de pirotecnia sueñan para su parroquia dista mucho del paisaje de desolación que ahora les rodea. Gritan en un escenario de posguerra, tres meses después, entre las montañas de escombros a las que redujeron sus vidas.
No son refugiados en el sentido estricto de la palabra, pero la onda expansiva afectó a las casas de 428 familias enteras. 86 sufrieron graves problemas estructurales y 31 quedaron totalmente derruidas. Si hubiese sido por una guerra o un desastre natural, tendrían más derechos. Apelan a la excepcionalidad de una tragedia «que puede pasar en cualquier lugar de España» para que el Gobierno central acuerde la exención fiscal de las ayudas que les ofrecen, porque ellos son tan víctimas como las de un terremoto. Si el Gobierno no aplica esta excepcionalidad declarando el escenario como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, el que antes de fin de año reciba 109.000 euros para reconstruir su casa de la nada deberá guardar 40.000 para hacer frente a Hacienda.
Es un clamor social al que se suman la Xunta y el Concello de Tui, administraciones que han puesto sobre la mesa las ayudas para los afectados. Pero las posibilidades de reconstruir casas y vidas son muy distintas según cada caso. Imposible para la familia Hailas, porque la explosión dejó huérfanos de padre y madre a la vez a dos menores. Las realidades son muy distintas, pero la lucha liderada este tiempo por los vecinos con un frente común recuerda que O pobo é quen máis ordena.
La zona cero sigue acotada. «Se está retirando el amianto, pero ninguna administración se ha hecho cargo aún de los más de 3,5 millones que costará el desescombro», explica Lupe Pérez, una de las portavoces de la plataforma vecinal. En su perímetro hay 31 casas derruidas. «Once familias están en otras casas de alquiler subvencionadas por la Xunta, ocho son segundas residencias y las demás están con familiares o les paga algún seguro», explica.
En este grupo de 31 familias de la zona conocida como Casas Viejas también se dan situaciones distintas, aunque todos deban partir de cero cargando una vida anterior reducida a recuerdos. Los dos años de tope de alquiler subvencionado no parecen margen suficiente para que ellos puedan reconstruir sus casas. Ni hay fecha para el desescombro ni tampoco equipo trabajando en la modificación del planeamiento urbanístico que dé cabida a las viviendas asentadas en este núcleo rural consolidado. «Muchas de ellas no tendrán encaje, porque han cambiado los retranqueos y las normas urbanísticas», recuerda Lupe Pérez.
«La situación es esperpéntica, solo puede entenderla quien la viva», explica Carmen Dios. Considera que aquel fatídico 23 de mayo «algún milagro hubo», porque nadie entiende cómo no hubo más víctimas mortales. Pero la intercesión, divina o no, parece haberse acabado entonces. «A nosotros, que vivíamos justo al lado del matrimonio que murió, nos dicen que nuestra propiedad era segunda residencia, así que solo nos ofrecen 53.000 euros para reconstruirla». Es verdad que tienen un pequeño piso en Tui, «pero esta casa heredada de mi suegro era donde hacíamos la vida cada día después de comer». Su marido tiene una gran minusvalía y «casi no ve ni se puede mover. No trabaja y yo no puedo porque dedico todo el tiempo a cuidarlo», explica. Aquel día no estaban en Paramos «porque los pimientos que iba a plantar no llegaron a la tienda y tuve que dejarlo para el día siguiente».
«Mi marido solo salía de casa para ir allí, se animaba porque allí tenía sitio para moverse con su silla y reconocía el lugar y estaba con los perros...», recuerda la mujer. Uno de sus perros pereció en la explosión y también murió parte de su vida. «Han volado nuestras vidas, no se trata de algo material. Ese señor nos cambió la vida a todos, hay mucha gente mayor desplazada y nos dan una miseria que no da ni para reparar lo que teníamos».
Los afectados aseguran que el tiempo está jugando en contra porque el desánimo y el cansancio multiplican el efecto del shock y el duelo. «Todo sigue igual», denuncia Salvador García, el presidente de la plataforma. Pero se refieren al campo de batalla, no a la lucha personal que han de enfrentar a diario, cada uno en la casa de nadie. Sonia Alén la pelea en la rectoral de Guillarei, donde ahora han de aprender a convivir seis miembros de la familia. Su casa, justo al lado del almacén que explotó, voló por los aires, al igual que la de su hermana. Las dos eran la herencia de su familia.
Una hija hospitalizada
«Nos quedamos con lo puesto, hemos pedido las ayudas por desesperación, porque no tenemos absolutamente nada, pero si además hay que devolver impuestos, nos morimos en la calle», advierte Sonia. Ella sabe bien lo que es estar al límite, porque su hija Cristina fue una de las menores que más tiempo de hospitalización precisó. «Todo se nos cayó encima tras el estruendo, busqué a mis hijos entre los escombros y vi cómo a mi niña le ardía el pelo y parte de la camisa por la espalda sin que ella misma se diera cuenta por el shock», recuerda. De sus casas solo recuperaron «alguna ropa de los niños y escrituras mojadas... En un segundo te ves en la calle con tres niños. Hay que resignarse y seguir, por esos tres niños», afirma.
«Me tuve que ir a Alemania a trabajar para poder pagar mi casa, lejos de mi familia. Una de mis hijas falleció y mi mujer también hace tres años, cómo no voy a querer volver a mi casa», dice Juan García, de 86 años. «Si me llega a pillar saliendo de casa aquel día, allí me muero, aún tengo las marcas de las tejas que se me vinieron encima», indica. Es uno de los afectados a los que las supuestas ayudas le llevarían parte de su ya mermada pensión, «porque aunque trabajé toda mi vida, no pude hacerlo tres años antes de jubilarme y solo me quedaron unos 600 euros. Si me quitan 300, ¿de qué vivo yo?», se pregunta.
Más de 150 personados en la causa
La plataforma se ha personado en la causa que se sigue contra Francisco Lameiro, conocido por todos como Paco, o fogueteiro. Hay más de 150 demandantes a día de hoy entre particulares, empresas y aseguradoras. Aunque es probable que el número se reduzca, ya que habrá personas que se agrupen bajo la demanda de la plataforma vecinal. La causa se ha declarado como compleja, así que las diligencias se prolongarán como mínimo hasta diciembre del año que viene. Ya hay vecinos que están declarando ante el juez, según confirmó la plataforma.
La Audiencia Provincial ha desestimado, por su parte, la petición de libertad para Francisco Lameiro, confirmando el auto de la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tui, que estimaba en su auto la existencia de riesgo de alteración de fuentes de pruebas.