Las plazas en residencias de mayores están aún lejos de lo que pide la OMS

La lista de espera para tener una habitación pública es de 1.600 personas

.Residencia de mayores Lavandeira, Coles
Residencia de mayores Lavandeira, Coles

redacción / la voz

Año tras año, el grupo poblacional de más edad -aquellos que cumplen de los 65 para arriba- crece en unos siete mil gallegos. Esto supone un reto asistencial de primera magnitud y exige de la Administración una estrategia clara a medio y largo plazo. Galicia ha tenido un plan específico para afrontar el problema pero las cifras reales indican que en ese terreno la comunidad está muy lejos de lo teórico: la OMS recomienda 5 plazas residenciales por cada cien mayores de 65 años; hoy la cifra en Galicia está en 3,1 puestos, pero hace seis años era casi la misma, de 2,9. Y lo que es peor, para cada cien mayores de 65, Galicia tiene solo 1,1 habitación subvencionada por la Xunta, prácticamente igual que en el 2012, cuando era 1,04. No se registra, pues, una evolución acorde con las necesidades a medio y largo plazo, y por eso unas 1.600 personas están en lista de espera para una plaza pública.

Estas son algunas de las cifras a las que se refiere el Informe de Fiscalización Gasto Atención Residencias a Persoas Maiores e Dependentes del Consello de Contas de Galicia. Los datos que barajan son sencillos: en la comunidad había en el 2012 un total de 6.655 plazas subvencionadas o públicas para residencias; cinco años más tarde son 7.820. Teniendo en cuenta la evolución de la población mayor de 65 años en ese período (hay 30.000 personas más) las 1.165 plazas financiadas por la Xunta parecen claramente insuficientes. De hecho, en el 2012 eran el 1,04 % de la población mayor de 65 años y hoy suponen el 1,1 % de la misma población. Hay que recordar que la OMS recomienda un 5 % de plazas, y en Galicia apenas se supera el tres por ciento (3,15 %), sumando incluso las residencias cien por cien privadas. 

Bono para la residencia privada

La pasada semana, el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, anunciaba el Bono Autonomía en Residencia, que supondrá una pequeña ayuda para sufragar una residencia privada mientras esperan por la residencia pública. Este bono tendrá un importe medio de 490 euros al mes, con un máximo de 715 euros en función de la capacidad económica de las familias.

A los 1.600 que aguardan por una plaza en un centro público se les ofrecerá esta posibilidad -si no tienen otra prestación concedida-, y aunque la previsión es llegar a casi un millar de atendidos por este sistema, se dará respuesta a todas las solicitudes. La Xunta enviará una carta a los que están en lista de espera, indicando cuál es la ayuda que le corresponde a cada caso, en función de su grado de dependencia, renta y patrimonio. Así, la máxima será de 715,07 euros para las personas con un mayor grado de dependencia y menor capacidad económica, y la mínima de 75 euros para aquellos dependientes con grado I y más capacidad económica.

Hay que tener en cuenta que aceptar la ayuda no reduce las posibilidades de optar a una plaza pública. Y eso es importante, porque la diferencia de coste entre la plaza pública y la privada es considerable. En las residencias de la Xunta, el usuario paga el 76 % de sus ingresos, y en las privadas el precio lo establece la empresa al margen de la pensión o posibilidades de cada usuario. Teniendo en cuenta que la pensión media de Galicia ronda los 800 euros, en un geriátrico de la Xunta un paciente gastaría 600, mientras que una privada no suele bajar de los 2.200. La pensión máxima en España supera ligeramente los 2.500 euros al mes, por lo que esa persona pagaría 1.900 euros en una residencia pública y poco más en la privada; si la pensión no es máxima, algo habitual, la plaza exige gastar parte su patrimonio o recibir ayuda de sus hijos.

La falta de camas a precios subvencionados hace que el plazo medio del trámite para que se reconozca el derecho sea 2,5 veces el exigido por la ley, y se acerque al año y medio de espera. Una vez que la persona tiene reconocido ese derecho aún queda conseguir el ingreso, lo que suele llevar medio año más. Es decir, tres años sin el servicio. El Consello de Contas recalca que los plazos antes citados son medios y que en un extremo están «las situaciones de emergencia social, en la que no hay espera para el ingreso». Se puede pasar perfectamente del lustro en el proceso de espera de una plaza.

Recomendación del Consello de Contas: más y mejor inversión

Las principales consignas del Consello de Contas van unidas: hay que gastar más y hay que gastar mejor. Estas son las diez propuestas del Consello:

1 Más plazas públicas. Debe continuar «con la incorporación de plazas públicas residenciales».

2 Más personal para los expedientes. «Debe dotarse de personal suficiente y de los medios necesarios para que el reconocimiento del derecho al servicio residencial se produzca en los seis meses que fija la normativa».

3 Revisión anual de las aportaciones. Como cada usuario paga según sus ingresos, la «Xunta debe revisar con periodicidad anual a cuantía del copago» y ejecutar «el cobro de impagados».

4 Más inspectores. Se necesitan más inspectores que vigilen los estándares de calidad, adoptando medidas correctoras y sancionadoras.

5 Un «software» normalizado. Es importante llevar de forma precisa la gestión del personal de los centros residenciales: permisos, vacaciones y otras ausencias.

6 Datos actualizados. Los centros residenciales deben mantener actualizados, permanentemente, los datos que consten en el Registro (Ruepss) como instrumento de ordenación del Sistema Gallego de Servicios Sociales.

7 Transparencia en los contratos. Política Social debe designar un responsable de los contratos y publicar su identidad en su web.

8 Facturación al día. Debe llevarse al día la facturación para que ante un traslado se pueda aplicar el descuento establecido en el contrato para la facturación de las plazas reservadas no vacantes. 

9 Ocupar todas las plazas. No puede hablar residencias públicas con plazas vacantes. 

10 Contabilidad analítica. Mientras no se establezcan métodos de contabilidad analítica que permitan la cuantificación de los costes del servicio residencial, la Administración debería mejorar el nivel de desagregación de la información presupuestaria.

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