Las denuncias relacionadas con material pirotécnico en Galicia se duplicaron en solo un año

La cuantía de las sanciones se dispara hasta los 720.000 euros, 200.000 más que el año anterior


Pontevedra / La voz

Entre mayo y octubre, la labor de los agentes adscritos a las unidades de Intervención de Armas y Explosivos de las cuatro Comandancias gallegas de la Guardia Civil se incrementa notablemente dado que son pocas las fiestas que no lleven aparejado algún tipo de espectáculo pirotécnico. La normativa vigente, según precisó días atrás el sargento pontevedrés José Luis Villamil Hermida, establece un mínimo de dos controles anuales de los talleres pirotécnicos, si bien en el caso de la provincia de Pontevedra este número no es raro que se triplique y se realicen hasta media docena de visitas a las empresas.

En muchas ocasiones, estas inspecciones permiten detectar infracciones, que en el caso de la costa sur gallega suelen estar vinculadas a que se ha superado la capacidad de almacenamiento, falta de limpieza, por guardar un producto intermedio -tienen que estar en dependencia separadas- o por cuestiones relacionadas con la fabricación. Las denuncias se suelen canalizar a través de la Ley de Seguridad Ciudadana que sanciona un abanico de conductas que van desde la fabricación, reparación, almacenamiento, comercio, transporte o utilización de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos hasta la carencia de documentación requeridas, así como excesos de almacenaje o déficits en las medidas de seguridad.

Pontevedra y Ourense, más

El Ministerio del Interior constató que tales denuncias prácticamente se duplicaron el pasado año. Y es que si en el 2016 fueron 87 las infracciones detectadas, un año después se alcanzaron las 170, siendo Pontevedra y Ourense donde se produjeron los incrementos más significativos. Si esta última paso de nueve a veintiséis propuestas de sanción, en Pontevedra se alcanzaron las 82 cuando un año antes habían sido 35. En A Coruña se tramitaron 42 en el 2017 frente a las 21 del 2016, mientras que Lugo fue la única provincia gallega donde este tipo de multas descendieron, de veintidós a veinte.

Pero, ¿qué montante económico conlleva toda esta actividad sancionadora? La Administración estima que, de prosperar todas las sanciones impuestas, estas hubieran supuesto el pasado año un total de 114.370 euros, el 16 % de lo que estaba previsto recaudar en Galicia derivado de las denuncias relacionadas con armas prohibidas y explosivos.

Interior contabilizó en el 2017 un total de 1.280 denuncias, la mayor parte, concretamente 951, vinculadas a la intervención por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad de armas prohibidas. La cuantía de estas sanciones alcanzan los 719.837 euros, una cifra que contrasta con la de un año antes donde no se llegó al medio millón de euros.

Otras sanciones tramitadas en Galicia aludieron a la exhibición de objetos peligrosos para la vida o la integridad física de las personas (32) y la conservación de la documentación (127).

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