La nueva propietaria de la AP-9 aún amortizará 1.355 millones con el vial

Audasa declara haber recuperado solo el 28,6 % de lo invertido en la autopista

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vigo / la voz

Audasa no solo niega que la autopista gallega esté pagada en su totalidad tras haber transcurrido 39 años de concesión, sino que incluso afirma con sus cuentas que a Globalvia, el nuevo accionista mayoritario de la AP-9, aún le restará por recuperar 1.355,5 millones de euros en la explotación de la infraestructura que seguirá en manos privadas hasta el año 2048. Las últimas cuentas del sector reflejadas por el Ministerio de Fomento en su análisis de las autopistas españolas señala que la AP-9 solo estaba amortizada en un 28,6 % al arrancar el 2017.

Desde 1979 las diversas sociedades que se han ido transmitiendo la titularidad de la empresa concesionaria de la Autopista del Atlántico declararon haber recuperado exactamente 500 millones de euros en un balance que empezó a dar beneficios a partir de 1994, cuando se unieron los tramos de A Coruña-Santiago y Vigo-Pontevedra.

Según su contabilidad acumulada, Audasa ha destinado a amortizar su inversión en la construcción y explotación del vial un 17,8 % de los 2.798,5 millones de euros que los automovilistas han dejado en sus cabinas de peaje desde que se levantó la primera barrera del vial hasta el cierre del 2017. O lo que es lo mismo, un 51 % de los 975,6 millones declarados como beneficios antes de impuestos a lo largo de toda la vida de la autopista. La mayor parte del beneficio restante fue a parar directamente a las arcas de los accionistas de la sociedad estrella del grupo Itínere, en el que Globalvia ha pasado a contar con el 55,6 % del capital.  

Cuánto cuesta la AP-9

La factura de cuánto le falta a Audasa por recuperar de los 1.160,4 millones de euros declarados como invertidos en la AP-9 más los 195,1 millones destinado a la ampliación de los tramos de Rande y Santiago, es la que se llegaría a esgrimir en caso de que en algún momento se plantease recuperar para el sector público la gestión de la autopista, como han demandado En Marea o el BNG. A esa cuenta aún habría que añadir la deuda que tuviese Audasa, 1.012 millones de euros en el balance del 2017, y el lucro cesante si se truncase el negocio concedido en forma de recaudación de peajes aún durante los próximos 30 años.

La cuenta superaría por tanto los dos mil millones de euros, pero cuando se inició el proceso de venta de Itínere, la constructora Sacyr, que ahora ha vendido su 15,51 % a Globalvia, calculó en 1.548 millones el valor de todo el grupo. La propia valoración que ha logrado el nuevo titular de la AP-9 con su compra de la mayoría de Itínere lleva a 1.300,3 millones de euros la tasación del conglomerado que además de la autopista del Atlántico suma la AP-1 (Burgos-Armiñón, que este año dejará de ser de peaje); la AP-66 (León-Campomanes); el tramo vizcaíno de la AP-8; la AP-15 (Tudela-Irurzun); las dos autonómicas gallegas, y un 18,3 % de la AP-53 (Santiago-Dozón), ya gestionada de manera mayoritaria por Globalvia.

Una de las demandas que se encontrará Globalvia en cuanto se ponga al frente de la gestión de Itinere y que ya sido planteada desde el Gobierno gallego, grupos de la oposición y asociaciones del transporte, es la implantación en la AP-9 de tarifas con descuentos para los usuarios frecuentes, o para horarios de menor densidad de tráfico. Globalvia ofrece esa minoración del peaje en su concesión de la AP-7 entre Cartagena y Vera, partiendo de una rebaja del 5 % en sus tarifas a partir de los 11 viajes al mes y que llega a ser de un 40 % para los automovilistas que hacen más de 60 desplazamientos. Además se le puede sumar hasta un 20 % de descuento más para trayectos interiores. También aplica rebajas a los habituales en su concesión del túnel de Envalira en Andorra, y no lo hace en cambio en la AP-53 gallega donde no ofrece siquiera descuentos por uso del telepeaje. Está por ver qué hará en la AP-9.

Los compradores de la AP-9 gestionan otras 24 autopistas en ocho países

j. C.
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Los nuevos propietarios tenían intereses en viales rescatados por el Gobierno

Los peajes que pagan los gallegos en la AP-9, convertidos anualmente en beneficios para la firma Audasa, pasarán a engordar las cuentas de Globalvia, el gigante que ha adquirido el 55 % de Itínere y que en la actualidad está controlado por tres fondos de pensiones del Reino Unido (PGGM), Holanda (OPTrust) y Canadá (USS). Y lo mismo ocurrirá con otras tres infraestructuras gallegas: la AG-57 (Puxeiros-Val Miñor), la AG-55 (A Coruña-Carballo) y la AP-53 (Santiago-Dozón), a las que se suman otros cuatro viales de pago desde León hasta el País Vasco.

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