La lucha contra el fuego sigue sin consenso

El dictamen de la comisión de incendios sale adelante con los votos favorables del PP y del PSdeG


santiago / la voz

Pocos desafíos a los que se enfrenta Galicia tienen la envergadura de los incendios: por su coste, por su impacto social y porque, en parte, nos recuerdan que hace falta reorientar la política forestal. Un reto estratégico para el medio rural, azotado por la despoblación y la falta de rentabilidad, y que ni siquiera ha sido capaz de suscitar el acuerdo de las fuerzas políticas. La comisión de estudio creada a raíz de la ola de fuegos de octubre del 2017, que calcinó 50.000 hectáreas y dejó cuatro fallecidos, se cerró ayer sin consenso. El dictamen salió adelante con los votos de PP y PSdeG, que ven en él una hoja de ruta capaz de resolver problemas estructurales, y la abstención de En Marea y BNG, que lo conciben como un traje a medida del PP, que sale indemne de sus responsabilidades políticas. Con todo, tras medio año de trabajo y sesenta comparecientes, hay un dato relevante: el 80 % de las recomendaciones son respaldadas por los cuatro grupos políticos. He aquí las principales propuestas de un dictamen que, ahora, deberá ser aprobado en un pleno.

prevención y extinción

Mayor coordinación. La comisión plantea la puesta en marcha de un ente instrumental específico dependiente de la Xunta que coordine todas las Administraciones en materia de prevención de incendios y vigilancia de incumplimientos, con asesoramiento estable a los ayuntamientos, de forma que estos puedan cumplir con sus obligaciones. El dictamen incluye, además, la creación de un grupo de expertos para que, antes del período de alto riesgo, se analicen posibles mejoras de un servicio que, según la comisión, debe mantener su configuración dada su contrastada eficacia. Los expertos serían elegidos por los grupos parlamentarios. El dictamen, que concluye que no hubo tramas, plantea también la necesidad de reforzar la cooperación de los diferentes cuerpos policiales en las investigaciones, y promover el uso de las nuevas tecnologías.

propiedad de la tierra

Conocer a los dueños. En Galicia hay un total de 2,7 millones de parcelas sin propietario conocido. Frenar el abandono del rural es un requisito indispensable para atajar el problema crónico de los fuegos. A esto se suma, además, la estructura minifundista de la propiedad. La comunidad cuenta con 1,6 millones de titulares catastrales de fincas rústicas, que son el 20 % de todos los que existen en España. La comisión plantea abordar un gran plan de identificación de fincas rurales. Un paso ineludible para emprender después la movilización de la tierra productiva, incluso mediante la compraventa, lo que se haría reforzando el papel de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), que incluiría al Banco de Terras. Según el dictamen, esto daría pie a crear polígonos agrarios y forestales, que serían capaces de movilizar parcelas de mayor tamaño, lo que redundaría en una mejor explotación y una mayor rentabilidad.

política forestal

Planificación y ordenación. El trabajo de la comisión también esboza una serie de propuestas para mejorar la explotación del monte; la profesionalización de los silvicultores mediante la creación de la figura del silvicultor activo; y la fórmula de promoción a través de sociedades de fomento forestal que permitan la gestión conjunta y atraer la inversión de capital privado. Una herramienta que se encuentra en vigor desde el año 2012 y que presenta hasta ahora un discreto resultado, básicamente por la falta de incentivos fiscales. Esta es otra de las cuestiones sobre las que incide el dictamen de la comisión. 

En este ámbito, otras de las recomendaciones destacables del trabajo de la comisión son el impulso a la ordenación (con un objetivo de hectáreas que coincida con el Plan Forestal); el fomento de la certificación forestal como elemento demostrativo de una gestión sostenible; creación de un inventario forestal propio de la comunidad gallega, que ofrezca información actualizada del estado del recurso; y, por último, la creación de una comisión que ayude a la simplificación de la normativa forestal.

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