El Consello Económico pide al Estado un mayor esfuerzo inversor en Galicia

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

PACO RODRÍGUEZ

Denuncia en su memoria que la licitación de obra pública cayó un 64 % en el 2017

01 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El Consello Económico e Social (CES), organismo consultivo de la Xunta del que forman parte los agentes sociales, aprovecha su última memoria económica del 2017 para darle un fuerte tirón de orejas al Estado por el escaso peso inversor. El informe advierte que la licitación de obra pública representa una parte muy significativa de la producción del sector de la construcción, clave en la estructura económica, y recuerda que el año 2017 se caracterizó por un marcado descenso. Concretamente, del 32,3 %, un porcentaje que contrasta con lo ocurrido en el resto de España, donde se incrementó el 39,3 %.

En cifras absolutas, la licitación pública movilizó en el 2017 un total de 595,8 millones de euros, 285,6 menos que el año anterior, un ejercicio que, además, se caracterizó por un crecimiento interanual del 13 %. Sin embargo, la memoria del CES, presentada ayer por su presidenta, Corina Porro, constata un reparto muy desigual de las culpas.

Por tipo de Administración, la licitación pública del Estado en Galicia desciende un 64,4 % , justo lo contrario de lo que sucede con la autonómica, que registra un incremento de casi el 17 % respeto del año anterior, por encima de lo que crece en los ayuntamientos gallegos ( 7 %). El desglose de la licitación según los tipos muestra un descenso de la obra civil, que se sitúa en 385,4 millones de euros, 326,8 millones menos que en el año anterior, mientras que aumenta la licitación en edificación hasta sumar 210 millones de euros (41,4 millones más que en el 2016).

En el capítulo de recomendaciones de la memoria económica, el CES apunta algunos desafíos a los que se enfrenta la comunidad gallega, como es también el demográfico. En este sentido, el organismo ve «prioritario corrixir o desequilibrio territorial» y advierte que «as Administracións deben impulsar iniciativas para evitar que a poboación asentada en áreas con menos posibilidades sexa discriminada por razón do territorio».

El CES considera estratégico el sector primario por su incidencia directa tanto en la fijación de población como en la preservación del medio ambiente. El documento analiza otra cuestión relativa al campo: el escaso peso de Galicia en el conjunto del estado en las ayudas agrarias de fondos europeos, y considera que deberían primar las ayudas a ganaderos y agricultores a título individual y a aquellos que contribuyen al sostenimiento del sector primario y al desarrollo del territorio.

En el campo de la sanidad, el organismo consultivo cree necesario persistir en la senda de recuperación de los recursos destinados a un área que sufrió ya importantes recortes en los años más duros de la crisis económica iniciada en el 2008.

Los alcaldes ratifican que la ley de contratos públicos «afunde as pequenas empresas»

s. s.

Lo advirtieron cuando empezó a aplicarse y lo ratifican. Alcaldesas y regidores de todos los colores políticos constatan, desde la ejecutiva de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que la Lei de Contratación do Sector Público «afunde o comercio e as pequenas empresas locais, que dependen dos ingresos por servizos ao seu concello para a súa supervivencia».

Alfonso Villares, alcalde de Cervo y ejecutivo de la Fegamp, que preside Alfredo García, recalca la preocupación que ya transmitieron en abril. Confirma que negocios locales que trabajaban para los concellos compiten en desventaja con grandes empresas porque «non dispoñen de persoal nin de equipamento para participar nos concursos de servizos e obras», que ahora se tramitan en plataformas digitales. No acceden directamente, pero los regidores ven cómo acaban siendo subcontratadas por las adjudicatarias, «grandes empresas, as únicas beneficiarias das novas normas, para as que fan o mesmo traballo por menos diñeiro».

Villares llama la atención sobre las repercusiones de la ley de contratos públicos en la sociedad y la economía de las localidades más pequeñas: «Impide que os concellos poidamos darlles traballo ás empresas dos nosos veciños, boa parte delas de autónomos e das que dependen empregados que viven ao noso arredor».

Por los límites económicos y por los requisitos que les impone, los alcaldes también critican una norma «que está conseguindo a paralización dos concellos» porque los trámites «complican e retrasan» la solución de problemas vecinales del día a día.

El organismo alerta sobre el nivel de pobreza en un escenario de recuperación

El informe vuelve a alertar sobre la precariedad laboral, sobre la pérdida de peso de los salarios en el conjunto de la riqueza y, sobre todo, de los apuros que atraviesan las familias en un escenario en el que las variables macroeconómicas han mejorado. «O CES considera preocupante que os niveis de pobreza e desigualdade, que tanto medraron durante a crise económica, non rexistren a mellora esperable coa recuperación económica», asegura el informe de la institución presidida por Corina Porro.

La memoria, en este sentido, llama a garantizar el nivel adquisitivo de los pensionistas en un escenario en el que la factura de la luz es cada vez más cara y en el que tienen que hacer frente a otros gastos, como puede ser el copago farmacéutico.

Cara positiva

Con todo, el informe aprecia también avances en el 2017: todas las ramas de actividad presentaron tasas de variación interanual «positivas», con especial relevancia para la industria manufacturera, que registró una variación al alza de un 4,2 %. Las cifras también muestran el descenso del número de hogares que no reciben ningún ingreso o el de hogares con un solo perceptor de ingresos, como consecuencia de la recuperación del mercado de trabajo.