Educación acusa al Gobierno de prever cambios que le costarán 66 millones

Los consejeros del PP plantaron la reunión: «Es una especie de 'yo invito y pagas tú'»


redacción / la voz

«El Ministerio de Educación ha dejado a las comunidades autónomas al pie de los caballos». Lo decía ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ante medios de todo el Estado cuando abandonó, junto con los otros cuatros consejeros populares, la conferencia sectorial de educación. Lo hizo, explicó el de Lalín, porque el Gobierno central anunció que se revertirán los recortes en educación que exigió Wert en el 2012 sin que le cueste un euro al Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Estamos en una especie de “yo invito y tú pagas” que se ha llevado a cabo de modo unilateral, con desconocimiento de las comunidades autónomas», explicó Román Rodríguez. Eso supone para las arcas gallegas 66 millones de euros; es lo que costará reducir de 25 a 20 horas el horario lectivo de los profesores de secundaria en la comunidad. En el año 2011, el predecesor de Román Rodríguez, Jesús Vázquez, anunció la ampliación del horario de clases para los profesores porque iba a «supoñer 60.000 horas máis de traballo á semana a disposición da comunidade educativa»; por eso, cuando llegó el decreto de la era Wert en Galicia no cambió nada.

El proyecto de ley que el ministerio llevará al Parlamento en octubre (y que por tanto entrará en vigor para el siguiente curso lectivo, el 2019-20) incluye también: reducción de la ratio de alumnos por profesor de 30 a 27 estudiantes en primaria y de 36 a 30 en secundaria, algo que no afecta a Galicia; y la eliminación de los diez días de espera para sustituir a un docente que esté de baja, y eso tampoco debería cambiar nada en la comunidad, porque, según la consellería, «cando un profesor colle unha baixa que se prevé longa, a substitución é inmediata» y solo se espera días en casos menores, como por ejemplo de gripe.

Cada comunidad decide

Es cierto, dijo el conselleiro, que lo anunciado ayer por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, «no es una imposición de derecho», ya que la educación está transferida y por tanto son las autonomías las que deciden qué hacer. Pero sí lo es «de facto», porque resulta difícil decir que no a las mejoras propuestas por el departamento de Celaá: Rodríguez clarificó que los populares que abandonaron la reunión están de acuerdo con el fondo del asunto.

Han sido dos las cosas que molestaron a los políticos conservadores. Por un parte, «hubo una chapuza en lo tocante a su convocatoria. No se cumplió el reglamento, que fija que los artículos del orden del día deben ser tratados previamente por los directores generales, que pueden de algún modo ir desgranando los contenidos de la conferencia. No se ha producido. Hemos llegado aquí a ciegas, sin ningún tipo de información respeto a los contenidos y el alcance de los acuerdos». En segundo lugar «ha sido un planteamiento tramposo en el sentido de que se ha planteado cuestiones que han llamado a una hipotética votación que en ningún momento estaba en el orden del día». Los cambios, añadió el conselleiro, «conllevan unos fuertes gastos para las comunidades sin ningún tipo de compensación ni aporte económico por parte del Gobierno central».

Los recortes introducidos en el 2012 supusieron la pérdida de unas 30.000 plazas de profesores, elevaron el porcentaje de los interinos hasta el 20 %, masificaron durante años las aulas, y redujeron las posibilidades de atención a la diversidad, según enumeró la ministra.

Pedro Duque informa de su plan para una nueva ley de universidades

Los consejeros de Educación de toda España hicieron doblete ayer. Por la mañana tuvieron la polémica cita con la ministra de Educación y Formación Profesional, y por la tarde llegó el turno al novísimo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Pedro Duque recibió a los titulares de su ramo para hablarles de una nueva ley de universidades que espera esté lista a final de la legislatura, teóricamente en el 2020. Tras la reunión, Duque reconoció que «resultará un poco complicado» organizar el diálogo con las autonomías.

Según se explicó desde el ministerio, Duque confía en que la ley mejore la situación de las universidades, pero también se ha mostrado dispuesto a conseguir reformas más «apremiantes», como la mejora del Estatuto del Personal Docente e Investigador, para dar mayor estabilidad a la carrera profesional de las universidades y frenar el envejecimiento de las plantillas.

En cuanto a las becas, y tras la aprobación el pasado viernes del real decreto que sube los umbrales de renta, su dotación y las ayudas al estudio para este curso, Duque aborda la necesidad de cambiar el modelo y mejorar la financiación con el fin de aumentar el número de becados y la cuantía de las ayudas. La internacionalización de las universidades es otro de sus objetivos.

Las esperanzas de Duque parecen chocar contra la realidad que ven algunos de los consejeros de comunidades gobernadas por el PP. Los responsables de Educación de Madrid y La Rioja, Rafael van Grieken y Alberto Galiana, respectivamente, dijeron a Efe que las propuestas del ministro tienen «bastante racionalidad» pero tratar de sacar adelante la nueva ley o «elementos tan sensibles» como el estatuto del docente es «quizás, excesivamente pretencioso», por la «debilidad política» del PSOE.

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