El Consello Económico alerta del nivel de pobreza en Galicia en un contexto de recuperación

El organismo destaca la vulnerabilidad de la comunidad gallega por el elevado precio de la energía


Santiago de Compostela

El Consello Económico e Social (CES), el organismo consultivo del que forman parte los agentes sociales, vuelve a colocar el foco en su memoria económica anual sobre los problemas de redistribución de la riqueza. El informe vuelve a alertar sobre la precariedad laboral, sobre la pérdida de peso de los salarios en el conjunto de la riqueza y, sobre todo, de los apuros que atraviesan las familias en un escenario en el que las variables macroeconómicas han mejorado. «O CES considera preocupante que os niveis de pobreza e desigualdade, que tanto medraron durante a crise económica, non rexistren a mellora esperable coa recuperación económica», asegura en el informe que ha presentado la presidenta, Corina Porro.

El  documento muestra cómo en Galicia la pobreza se ve influida por el incidente de muchas variables. No solo estaría la económica, sino también las sociales y las demográficas. En este sentido, en la comunidad gallega  destaca la importancia de las rentas procedentes de pensiones de jubilación y su resistencia en los años de crisis económica determina menores tasas de pobreza que el promedio estatal. A esto habría que sumar que el precio de servicios básicos influye también en la existencia de situaciones de carencia material. El CES recuerda que «en el año 2017 se observa un nuevo repunte en el precio de la energía eléctrica para los consumidores domésticos en España frente al leve descenso que se produce en la UE». Según el organismo, este aumento contribuye a perpetuar en España precios notablemente  superiores de la energía eléctrica que en el promedio UE-28.

Corina Porro ha puesto el foco durante la presentación en el bajo importe medio de las pensiones gallegas, lo que, a su modo de ver,  hace especialmente necesario que «se pueda garantizar su nivel adquisitivo».  La memoria del CES vuelve a hacer hincapié en el más grave problema estructural que arrastra Galicia: la galopante crisis demográfica.  En el año 2017 se refleja un nuevo descenso de la población, del 0,3 %, a pesar del crecimiento económico experimentado. La provincia de Ourense es la que registra la mayor caída en el último año con un 0,8 %, seguida de Lugo, con un 0,7 %, y de A Coruña y Pontevedra, con un 0,1 % cada una.

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