Los nuevos propietarios tenían intereses en viales rescatados por el Gobierno
31 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Los peajes que pagan los gallegos en la AP-9, convertidos anualmente en beneficios para la firma Audasa, pasarán a engordar las cuentas de Globalvia, el gigante que ha adquirido el 55 % de Itínere y que en la actualidad está controlado por tres fondos de pensiones del Reino Unido (PGGM), Holanda (OPTrust) y Canadá (USS). Y lo mismo ocurrirá con otras tres infraestructuras gallegas: la AG-57 (Puxeiros-Val Miñor), la AG-55 (A Coruña-Carballo) y la AP-53 (Santiago-Dozón), a las que se suman otros cuatro viales de pago desde León hasta el País Vasco.
Con esta operación de compra -723 millones de euros que recibirán Sacyr, Kutxabank y Abanca-, la vía que vertebra la Galicia atlántica pierde por completo sus raíces gallegas e incluso españolas, ya que Globalvia empezó siendo una firma nacional nacida en el 2007, todavía con la economía en crecimiento, bajo el paraguas de Bankia y la constructora FCC. En esta última década la compañía consiguió introducirse en ocho países con proyectos vinculados a autopistas (24 y 2.300 kilómetros en total), ferrocarriles, hospitales y puertos. Su trayectoria en manos de capital español se frenó en el 2015, cuando los dos socios iniciaron una operación de venta a un fondo malasio que finalmente se frustró, para acabar en manos de los actuales propietarios. Antes de esa operación, los tres fondos se comprometieron a aportar 750 millones para facilitar el desarrollo de la cartera de concesiones y para propiciar futuras inversiones como esta recién formalizada, que acaba con la AP-9 controlada desde la Castellana, en Madrid, o en la plaza Rockefeller, de Nueva York, dos de las sedes de referencia desde las que se dirige el grupo.
El gigante justifica este calificativo por su rápida expansión, pero también por sus niveles de crecimiento. En los dos últimos ejercicios completos su facturación pasó de 302 millones de euros a 424 (un 40 % más) y un margen bruto de explotación que ronda el 67 %. Hasta el pasado año, en lo que se refiere a ingresos, los intereses de Globalvia estaban de forma bastante proporcionada entre Chile, España, el resto de Europa (Portugal, Irlanda y Andorra) y, un peldaño por debajo, Estados Unidos. La presencia en México y Costa Rica es, de momento, más anecdótica.
La adquisición de Itínere, y en concreto de la AP-9, supondrán un vuelco en el reparto de la tarta, ya que la autopista del Atlántico insuflará 140 millones de euros más a su cuenta española, la cifra más alta del último lustro, lanzada por la recuperación económica, que le dejó al hasta ahora propietario algo menos de 60 millones brutos por año. Sin duda, se trataba de la joya de la corona del anterior dueño, Itínere, ya que la mitad de los ingresos de las autopistas de las que se ha desprendido procedían de la AP-9. Las cifras de esta autopista son de lo más contundente. Según Audasa, la construcción desde 1979 costó 1.434 millones de euros, y en sus cabinas ha facturado desde entonces 2.700 millones.
Tropezón con el sector y rescate
Pero en la relativamente corta trayectoria empresarial de Globalvia, «basada en inversiones y desinversiones», como ellos mismos describen, no todos los pasos dados se cuentan por éxitos. La firma pinchó al meterse en la gestión de las llamadas autopistas radiales de Madrid, rescatadas por el Gobierno en febrero de este año por su nula rentabilidad, aunque es justo decir que en ese fiasco también estaba implicado el otro gran gestor de infraestructuras de España (Abertis), grandes constructoras como ACS, Ferrovial, OHL o Sacyr, y múltiples entidades bancarias.
El proceso impulsado por Fomento comenzó en febrero y llevó al Gobierno central a asumir en abril la gestión de la circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera, en las que Globalvia tenía importantes participaciones junto a otros operadores que acabaron con deudas de 251 y 510 millones, respectivamente.
Los partidos ven más justificada que nunca la transferencia
M. B.
La operación de la AP-9 volvió a suscitar ayer reacciones en los grupos de la oposición. El portavoz socialista, Fernández Leiceaga, quiso restar trascendencia al impacto que tiene la venta en los bolsillos de los usuarios, porque, a su juicio, lo relevante no es quién es el dueño de la concesionaria, sino que fue prorrogada hasta el 2048 por el Gobierno de Aznar, y la hipoteca que eso representa. «O necesario é agora que o Congreso debata e que negocien o Goberno e a Xunta», dijo en relación con una transferencia que abre una oportunidad para «a xestión de proximidade».
Por su parte, la diputada del BNG Olalla Rodil pidió a la Xunta que «mova ficha» en un asunto en el que parece actuar de «mera espectadora». Los nacionalistas lamentan que, mientras fondos internacionales especulan con los beneficios que generan los peajes que pagan miles de gallegos, el Gobierno dice «que non ten nin idea de quen son os novos propietarios». El BNG reclama la transferencia y nacionalización de la vía para acabar «cunha estafa».
Eva Solla, de En Marea, ve la operación totalmente «indecente», y reclamó la nacionalización de la vía «porque os contribuíntes xa pagaron o suficiente».
El portavoz del PPdeG, Pedro Puy, coincidió con el resto de los diputados en que la titularidad gallega mejoraría el «control» del servicio que presta la infraestructura. La postura de Puy respalda la del Gobierno gallego, que aboga por insistir en la petición de transferencia, que no significaría la nacionalización de la infraestructura. El dirigente indicó que la operación que afecta a la AP-9 es solo «un cambio na propiedade» y que lo que importa es que el nuevo dueño cumpla con los compromisos, una circunstancia que, entiende, sería más sencilla de vigilar desde la «proximidade».