Absuelven al alcalde de Abegondo de un delito urbanístico y condenan al anterior

Los vecinos, preocupados por el futuro de las viviendas declaradas ilegales

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Abegondo / la voz

«No se trata de una vivienda o dos ilegales o ilegalizables, se trata de más de cincuenta licencias en diferentes actuaciones y algunas fincas, zonas enteras del municipio convertidas en una arbitraria e irracional dispersión de edificaciones con el resultado de un feísmo agravado y una caótica y posible irreparable urbanización del Concello», sentencia Jose Antonio Vázquez Taín, juez del Juzgado Penal número 2 de A Coruña, en el caso en el que estaban acusados el actual alcalde de Abegondo y el anterior, junto a cinco exediles y tres arquitectos, a los que la Fiscalía vinculaba con un delito continuado de prevaricación por licencias de obra, así como segregación en terrenos no urbanizables.

El fallo absuelve al alcalde actual, José Antonio Santiso Miramontes, y al resto de ediles, al considerar que se fiaban de los informes del arquitecto técnico municipal Antonio Carro Núñez. Este antiguo trabajador municipal es el que recibe la pena más alta, ya que fue condenado por un delito contra la ordenación del territorio a dos años de cárcel, la pena de inhabilitación de 10 años y al derribo de su propia vivienda, que fue una de las investigadas. A él se le señala como una de las personas que participó en un plan «con el que conseguir ingentes beneficios económicos» con la parcelación de suelo no urbanizable, concesión de licencias urbanísticas, con proyectos realizados en su estudio, y el mantenimiento de su vigencia en el tiempo propiciando una transmisión a terceros. «Algunas infracciones eran tan groseras que podían ser apreciadas por personas ajenas al urbanismo», estima el magistrado.

También han sido condenados el anterior alcalde de Abegondo, Juan José Rocha, y el arquitecto Manuel Cortón, a una inhabilitación de empleo público relacionado con la construcción por 8 años y multa de 6.600 euros, al entender que conocían los informes en contra de la secretaria y no los tuvieron en cuenta. A la arquitecta Cristina Ballón se le impuso una pena de inhabilitación por 7 años y seis meses y una multa de 2.700 euros, por la firma de tres informes, ya que el juez estima que cesó siendo consciente de haber participado en una ilegalidad.

«Nosotros construimos con licencia y siguiendo las directrices del Concello»

El fallo del tribunal ha elevado la preocupación de los propietarios de las viviendas cuyas licencias se pusieron en entredicho en las parroquias de Abegondo, Crendes, Cos y Limiñón en este juicio, cuyas diligencias penales comenzaron en junio del 2008, ya que declara la ilegalidad de todas las investigadas en este procedimiento, remitiendo a la jurisdicción contenciosa -previa audiencia a los propietarios- la decisión respecto al derribo de las mismas o la reposición a la legalidad, salvo las que ya están siendo objeto de tramitación.

Los propietarios, algunos de los cuales ya habían iniciado las consultas a abogados, sostienen que no se puede penalizar a terceros cuando ellos cumplieron rigurosamente con todos los trámites pertinentes, no promovieron esa operación urbanística, que la fiscala había llegado a denominador como «pelotazo urbanístico» o «trama de corrupción», y por lo tanto se debería poder legalizar unas viviendas, para lo que ya hubo intento fallido con un plan de urbanismo, que finalmente tumbó el TSXG por una previsión de crecimiento excesivo.

«Pelexaremos»

«Nosotros construimos con licencia y siguiendo las directrices del Concello», explican sin entender cómo pueden llegar a plantear dejar sin casa a más de 50 familias. «Pelexar, pelexaremos», reconocía ayer un vecino de la urbanización de Limiñón, donde existe el mayor número de casas afectadas.

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