La comisión de incendios propone un gran plan de identificación de fincas rurales
20 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.En 1950, Galicia contaba con 827.000 agricultores y ganaderos, una cifra que en el 2015 se había quedado en tan solo 45.600. Ese brutal descenso del número de trabajadores en el medio rural ha supuesto drásticas alteraciones en el territorio: la superficie agraria útil ha caído un tercio, de las 927.977 hectáreas en 1985 a las cerca de 621.000 actuales, y la forestal creció del 38 al 49 por ciento. La consecuencia de todo este proceso ha sido un masivo abandono de las zonas no urbanas que propicia la proliferación de los incendios.
El proyecto de dictamen de la comisión de los incendios forestales que se ha desarrollado en el Parlamento de Galicia, que el PPdeG ha presentado al resto de los grupos, hace hincapié en esta realidad, la del abandono del rural gallego, como el principal escollo a resolver para poder atajar el problema crónico de los fuegos. Y, para ello, ve fundamental reestructurar la propiedad rústica. Para empezar, acometiendo un ambicioso plan de identificación de propietarios, ya que hay 300.000 parcelas que ya se sabe que carecen de dueño, pero los expertos que pasaron por la comisión explicaron que, de los 11 millones de parcelas rústicas que hay en Galicia, en torno al 25 % son de un dueño ilocalizable. Eso supone alrededor de 2,7 millones de fincas.
Las conclusiones de la comisión ponen el foco en otras realidades que condicionan toda la política antiincendios, como es el minifundismo imperante: hay 1,6 millones de titulares catastrales de fincas rústicas, que son el 20 % de todos los que existen en España. Además, el 97 % del monte está en manos privadas, hay 2.900 comunidades de montes en mano común y buena parte de esos dueños de terrenos en el medio rural están desligados de él porque ya residen en entornos urbanos.
De ahí la necesidad de identificar a todos los dueños, ya que los catastros están llenos de propietarios fallecidos, para después, proponer el proyecto de dictamen, emprender una movilización de la tierra productiva, incluso mediante la compraventa, dando más competencias a la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), que incluye al Banco de Terras.
Esa movilización de la tierra productiva debería llegar, en opinión del dictamen parlamentario, a crear polígonos agrarios y forestales que configuren parcelas de un tamaño suficiente para garantizar la rentabilidad de los cultivos a los que se destinen, que pueden ser forestales, agrarios o forrajeros.
«Estamos ante una oportunidad histórica y por eso pedimos a todos los grupos que piensen en clave de país y apoyen este dictamen, que así tendría mucha más fuerza a la hora de presentarse ante la Xunta», señala José González, diputado autonómico del PPdeG. «Si podemos arreglar el problema de base, que es el de la titularidad de las parcelas, podremos conseguir que todas las políticas que se están desarrollando contra los incendios forestales tengan un verdadero efecto», añade.
Incentivos fiscales, profesionalización de los silvicultores y lograr una mayor concienciación
Las 227 páginas con las que cuenta la propuesta de dictamen de la comisión parlamentaria sobre los incendios forestales abordan el problema desde todos los frentes. Además de esas medidas de ordenación del territorio para combatir el actual abandono del medio rural, también se incide en otras cuestiones, como la profesionalización de los silvicultores mediante la creación de la figura del silvicultor activo o la promoción de la gestión conjunta del monte a través de la potenciación de sociedades de fomento forestal, las Sofor, u otras figuras de base asociativa.
También propone la comisión aumentar los incentivos fiscales y financieros a las empresas forestales, potenciar la concienciación y sensibilización social frente a los incendios e incidir en la formación del personal que actúa en la lucha contra los fuegos.
También habla el dictamen de la necesidad de adaptarse al cambio climático, reforzar los espacios protegidos y mejorar la gestión de las franjas de seguridad alrededor de los núcleos poblados, algo en lo que está ahora actuando la Xunta pero que se enfrenta, nuevamente, al problema de que muchas fincas son de propietario desconocido. También se propone promover la ganadería en extensivo o la inclusión obligatoria de frondosas autóctonas en las plantaciones productivas de pino y eucalipto.
