Los acuerdos cuantificables se deberán desarrollar en varias anualidades
19 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Si Pedro Sánchez quisiese cumplir a tocateja con todos los compromisos adquiridos con Galicia -algo tan improbable como imposible técnicamente- debería desembolsar una cantidad que rondaría los 7.300 millones de euros, sin contar algunos costosos proyectos sobre los que no existe una previsión real de gasto, como es el trasvase de agua del Miño para abastecer a la ciudad de Vigo. Esa cifra supone multiplicar casi por ocho la inversión prevista por el Estado en la comunidad para este ejercicio, que no llega a los mil millones.
Los acuerdos, y en especial los más complejos, tienen necesariamente un desarrollo plurianual que va desde los dos o tres años de ejecución en el caso de las infraestructuras de transporte hasta proyectos a más largo plazo, como la construcción de las cinco fragatas en los astilleros de Ferrol, que podría durar toda una década. Según el Ministerio de Defensa, cada buque alcanzaría un coste aproximado de unos 740 millones de euros y generaría un valor añadido para la economía local de cerca de 600 millones de euros anuales.
El AVE tiene sus propios tiempos y dineros. Para que los trenes en pruebas estén circulando a finales del 2019, que es el compromiso adquirido por Sánchez, es necesario que se ejecuten las obras de los tramos pendientes hasta Ourense por un valor que a buen seguro superará los 1.000 millones de euros, al margen de que existan licitaciones posteriores y adaptaciones en las estaciones que podrían durar varios años más. El Gobierno central mantiene en sus previsiones de gasto para el 2018 la inversión sostenida de 663 millones de euros, 86 millones menos que en el 2017, un descenso que se explica por el avance de las obras y que incluye actuaciones indispensables en Castilla y León. La nueva conexión ferroviaria a Galicia está ejecutada casi al 80 % y se han gastado ya 3.405 de los 4.395 millones que cuesta.
La variante Lugo-Ourense también quedó sellada en el encuentro de la Moncloa, y tiene un presupuesto que se mueve entre los 1.200 y los 1.600 millones de euros.
En otras infraestructuras, como la autovía Lugo-Santiago, el problema puede que venga por el tiempo y no por el dinero. Feijoo reclamó diligencia para terminar esta conexión, para la que se necesitarían 300 millones hasta el 2022. La Xunta quiere estrechar esos plazos para que esté abierta en el jacobeo 2021.
Hay dos inversiones más que salieron a colación, pero que el presidente gallego no especificó en su comparecencia posterior. Se trata de la conexión ferroviaria con el puerto exterior de A Coruña, 140 millones que deben abonar el ADIF y Puertos del Estado. Además, pidió mayor interés en el tramo San Martiño-A Barrela, de la autovía Lugo-Ourense, que solo tiene consignados 11 millones este año.
La dependencia
Entre los asuntos que trataron hay varios que son muy difíciles de cuantificar. Galicia quiere una nueva financiación, y esa exigencia se atenderá, pero no en esta legislatura, según reconoció Sánchez, quien fue receptivo a la idea de tener en cuenta con más intensidad la demografía, el envejecimiento o la dispersión de la población para hacer los nuevos cálculos. En teoría, esas cuentas benefician a Galicia, pero es imposible aventurarse hasta que se sienten a negociar todas las comunidades. Lo que sí se conoce es el agujero que genera la deficiente financiación de la ley de dependencia, calculada en unos 180 millones de euros. Ya hay más de 55.000 gallegos recibiendo algún tipo de prestación, pero tienen derecho más de 63.000, según estimaciones de la propia Xunta.
También habrá partidas compartidas. Las empresas de Galicia mantendrán las bonificaciones fiscales por patrocinar el Xacobeo 2021, y habrá dos sorteos de la lotería, pero Feijoo amplió estas demandas con un plan para la rehabilitación de bienes de interés cultural en el Camino. Necesitaría 100 millones repartidos entre ambas Administraciones.
Además, la Xunta pidió a Sánchez que «complete» los compromisos adquiridos con los afectados por los incendios de finales del año pasado y por la explosión de una pirotecnia ilegal en Tui. El Gobierno consignó a las pocas semanas del siniestro incendiario algo más de 13 millones de euros que deben llegar cuanto antes a los beneficiarios, ampliados si es necesario. Respecto a la reconstrucción de la aldea de Paramos, Feijoo recordó que la competencia en materia de vigilancia de las pirotecnias corresponde al Estado.
